Vox ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus exigencias más repetidas, las que ponen en el foco a los inmigrantes en situación irregular y a quienes les prestan asistencia o defienden sus derechos. Entre las medidas que el partido de extrema derecha considera “condiciones mínimas” si Ciudadanos y PP quieren contar con su apoyo para formar un Gobierno en la Comunidad de Madrid, exigen “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal”, sin aportar más detalles.
En Madrid, las personas sin papeles no reciben una ayuda directa por el hecho de serlo. La espada de Damocles sí pende, sin embargo, sobre las entidades sin ánimo de lucro que les brindan apoyo en la comunidad. Las que tratan de proporcionarles un techo, asistencia jurídica, orientación laboral o atención sanitaria. Algunas juegan, además, un papel clave a la hora de denunciar situaciones de vulneraciones de derechos. Ellas, tras las palabras de Vox, insisten con una mezcla de cansancio e indignación: “Con nuestra labor, llegamos adonde la administración no llega”. También avisan: “Si cortan las ayudas, seguiremos haciendo nuestro trabajo”.
El Gobierno regional cuenta con una línea de subvenciones a ONG que contemplan la atención a este colectivo. Son principalmente ayudas para poner en marcha proyectos dirigidos a “población vulnerable”, que en el caso de las personas en situación irregular se destinan sobre todo a su acogida o su inclusión social y laboral. Las organizaciones que trabajan con estas personas también pueden acceder a subvenciones para programas de voluntariado o de integración de la Renta Mínima de Inserción. Entre las entidades subvencionadas, hay desde ONG grandes como Cruz Roja –que no ha respondido a las preguntas de eldiario.es– hasta asociaciones de menor tamaño, como Puente Esperanza, pasando por fundaciones en defensa de los derechos de los migrantes de inspiración católica, como La Merced Migraciones.
Para 2019, según datos proporcionados por la Comunidad de Madrid a eldiario.es, se han invertido 3,3 millones de euros en proyectos presentados por las ONG para atender a población “vulnerable”. No todos van dirigidos a asistir a personas en situación irregular, enfatizan fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. De acuerdo con estas cifras, se han aprobado ayudas para 105 proyectos vinculados a acogida (2,1 millones de euros), LGTBI (405.045 euros), asilo y refugiados (442.000 euros), sensibilización (319.000 euros) y redes sociales (99.116 euros).
“No van a debilitar nuestro trabajo”
Entre las organizaciones que presentaron proyectos está la asociación Karibu, que lleva más de dos décadas atendiendo a los inmigrantes procedentes de África Subsahariana que viven en la Comunidad de Madrid. Les ofrece la ayuda humanitaria más inmediata como comida y ropa, asesoramiento jurídico u orientación laboral. También es una de las organizaciones más críticas contra las condiciones en el CIE de Aluche, donde realizan visitas a los internos. Este año han recibido 30.000 euros, un 0,9% del monto total, para “promoción sociosanitaria” en el colectivo de inmigrantes y refugiados africanos. En otras palabras, según explican desde la organización, servicios de asistencia a quienes no cuentan con tarjeta sanitaria o ayudarles en la compra de medicamentos. En total, indican, atienden a más de 100 personas al día.
“La exigencia de Vox es una vergüenza”, dice nada más descolgar el teléfono Nicole Ndongala, directora de Karibu. “La Comunidad de Madrid ayuda a quienes trabajan por la protección de los inmigrantes porque la administración no llega a todo el mundo”, recalca. “Son personas que tienen derecho a recibir apoyo, no es justo. Se les quiere privar de él porque son inmigrantes. Si tiran por tierra nuestro proyecto, fastidiarán a mucha gente, pero si acaban tomando esta decisión nuestra asociación no se irá a pique, porque hay mucha gente que nos apoya. Así que no tenemos miedo. Espero que se quede en nada, porque hay proyectos que dependen de estas ayudas, pero no nos sentimos amenazados. Nos duele que haya gente que siga pensando así, pero seguiremos, no van a debilitar nuestro trabajo”.
Otra de las organizaciones que más alzan la voz contra las condiciones que enfrenta la población inmigrante sin papeles es Pueblos Unidos, promovida por los jesuitas. A través de la Fundación San Juan del Castillo, la Consejería de Políticas Sociales y Familia les ha concedido para este año una subvención de 39.978 euros destinada a su programa de “acogida e integración de personas desplazadas”. Desde la ONG precisan que, si bien han dedicado estos fondos durante años a apoyar a los inmigrantes en la búsqueda de empleo, por ejemplo, con cursos básicos, han pasado a invertirlos en la acogida más urgente en pisos propios o espacios informales como parroquias “ante el colapso de los recursos de la propia administración”, así como tratar de proporcionarles información sobre sus derechos y atención letrada.
“Ese trabajo es de la administración, nosotros lo hacemos encantados, pero pensamos que las administraciones deberían jugar un papel mayor. Antes contaban con más recursos para la integración, pero los han ido menguando”, coincide Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos. “Las ONG tampoco reciben mucha financiación. Para nosotros no es un juego de vida o muerte, porque el 90% de nuestra financiación es privada. Con la crisis aprendimos a buscar otros recursos. No somos dependientes de la administración y por eso tenemos la libertad de criticarla”, prosigue. “Más que la financiación, lo que más me aterra es que las personas migrantes que viven en nuestra ciudad tengan miedo de salir de su casa por una redada, lo peor que puede haber es un Gobierno que los mire de forma hostil”.
Entre las entidades que reciben fondos de la Comunidad de Madrid también está la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha recibido una ayuda de 31.900 euros para su programa de atención a personas desplazadas y 30.000 para proyectos de sensibilización con los que, indican desde la ONG, tratan de favorecer la convivencia “para evitar brotes racistas”, por ejemplo, promoviendo encuentros con asociaciones de vecinos en diferentes municipios de Madrid. Para Francisco Garrido, coordinador territorial de CEAR en Madrid, las palabras de Vox “rayan el acercamiento a delitos de odio”.
“Propagar esta serie de informaciones carentes de toda lógica ahonda en una diferencia que no existe. En la comunidad hay un historial de trabajo con todos los Gobiernos. Por eso pedimos al PP que no se desvíe de esta línea, que es a lo que obliga la ley, a proteger a las personas en situación más vulnerable. Que no se dobleguen a los discursos xenófobos”, añade el representante de CEAR.
Lo mismo defiende Samir Bargachi, presidente de Kifkif, la asociación de Migrantes y Refugiados Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) de Madrid. “Nos sentimos totalmente en el punto de mira”, responde a eldiario.es. “Lo hemos recibido con mucha inquietud y sentimos que se está cuestionando el trabajo que hacemos las entidades del tercer sector, sobre el que había cierto consenso. En nuestro caso, y el de buena parte de las ONG, esos fondos vienen de lo que la gente marca en la declaración de la renta, ni siquiera de otras partidas presupuestarias”, asegura. La asociación que preside ha recibido este año una subvención de 40.000 euros para proyectos de atención específica a población LGTBI, con los que intentan “cubrir necesidades básicas”, como el alojamiento.
“No promovemos la inmigración, sino la hospitalidad”
Bargachi cuestiona, además, que la formación de extrema derecha apunte a organizaciones que, presuntamente, “promuevan la inmigración ilegal”, sin aclarar a qué se refieren. “Es un argumento totalmente impreciso y no voy a ser yo quien lo esclarezca, pero ni siquiera somos una comunidad fronteriza y la mayor parte de las organizaciones nos dedicamos a la asistencia de quienes ya están aquí”, critica el presidente de Kifkif.
“Nosotros no promovemos la inmigración, promovemos la hospitalidad. Los que acogemos, ayudamos y orientamos no promovemos que salgan, sino que cuando estén aquí tengan condiciones más dignas. Trabajar no es promover, sino evitar que no se generen bolsas de pobreza. No hay un efecto llamada, sino un efecto expulsión de sus países. La acogida no hace que vengan más”, zanja Lendrino.
Este argumento aparece en el documento de Vox en otra ocasión. Además de cortar la financiación a las entidades, la formación liderada por Rocío Monasterio en Madrid exige al PP a cambio de su apoyo “promover, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal”, un discurso que sigue la línea de la retórica criminalizadora de otras formaciones de extrema derecha europeas sobre quienes defienden los derechos de los migrantes, que ha despertado las críticas de organizaciones especializadas y expertos de la ONU.
“Estos mensajes ya los estábamos escuchando en otras partes de Europa. Espero que la propuesta no llegue a ningún lado, pero las organizaciones nos vamos a empezar a sentir cuestionadas desde las instituciones, porque lamentablemente ya van a estar presentes en ellas. De cumplirse, el escenario sería chocante. Tendríamos a toda una región como la Comunidad de Madrid con una población considerable sin derecho a la atención sanitaria, y a muchas personas que viven entre nosotros y siempre lo harán totalmente excluidas desde las instituciones. Quieren enfrentarnos entre mujeres, población LGTBI, migrantes, dejarnos fuera de cuestiones básicas y criminalizarnos. Da miedo”, sentencia Bargachi.