Los casos positivos de la COVID-19 se han multiplicado en las últimas semanas en el norte de Marruecos debido a la aparición de brotes en las empresas de recolección y envasado de fresas, en las regiones de Kenitra y Larache. El foco principal se ha detectado en dos compañías españolas, Frigodar y Natberry Maroc, que han superado el millar de contagios. Desde el inicio de la pandemia, varios sindicatos de trabajadores y organizaciones nacionales de derechos humanos llamaron la atención para que se garantizaran los protocolos de seguridad en las plantas agrícolas e industriales. Tres meses más tarde se cumplen sus malos presagios.
El ministerio del Interior ordenó cerrar las empresas y aislar aldeas enteras. Además, el gobierno ha instalado un hospital de campaña con capacidad para 700 enfermos en la zona más afectada, la localidad de Lalla Mimouna (Kenitra), a pesar de que la mayoría de los casos son asintomáticos. El fiscal general ha ordenado una investigación para esclarecer las causas de estos focos de contagio después de que sindicatos y asociaciones de derechos humanos señalaran como uno de los motivos las condiciones de precariedad laboral y la falta de seguimiento por parte de las autoridades.
La Federación de la Liga de los Derechos de las Mujeres (FLDF, en sus siglas en francés), que lleva documentando una década las condiciones precarias de las trabajadoras del sector, envió a las empresas una serie de instrucciones para que se respetasen las condiciones de trabajo de las jornaleras. Entre ellas, se encuentra la “gestión y organización de turnos de trabajo, la reducción del número de trabajadoras para protegerlas, la separación reglamentaria, los procedimientos de limpieza y esterilización de los medios de transporte, y el control más estricto de las carreteras”.
Desde esta asociación denuncian también la falta de inspectores de trabajo en el control de la garantía de los derechos de las trabajadoras en el contexto de la propagación de la epidemia. “Nos obligan a respetar el confinamiento pero a las grandes empresas no las controlan. Necesitamos comprender cómo han llegado a esta situación”, afirma Samira Muheya, vicepresidenta de FLDF.
Empresarios hablan de “retraso en las pruebas de PCR”
Ante las múltiples críticas y acusaciones, la Federación Interprofesional Marroquí de Frutos Rojos defendió esta semana en un comunicado haber implementado “todas las medidas de protección y prevención” desde el anuncio de la pandemia. En ellas, destacan la “distancia de seguridad y separación social, instalación de barreras protectoras entre trabajadores, esterilización del transporte disponible al 50% de su capacidad y distribución de más de 700.000 mascarillas”.
Esta agrupación empresarial señaló como responsable del contagio a la población y al retraso del Gobierno marroquí en la realización de pruebas PCR: “A pesar de todos estos esfuerzos, el comportamiento de las personas y los grupos fuera del horario laboral sigue siendo incontrolable”.
Al respecto de los test, la indignación de las trabajadoras circula en un vídeo que grabaron cuando se confirmó el primer caso en la empresa Natberry, a principios del mes de junio. Preocupadas por sus familias, pedían a las autoridades que les realizaran urgentemente los test de la COVID-19 porque el primer contagiado fue un conductor que les entregaba las cajas y los productos, y tenía relación con mucha gente.
“¿Cómo les iban a hacer el test, si esconden a las trabajadoras porque no las tienen contratadas? El empresario no las declara por eso no les permitió que se les hiciera los análisis, por no tenerlas contratadas”, se pregunta Samira Muheya.
“Son mucho más graves las condiciones diarias que año tras año sufren estas mujeres que haber sido contagiadas por la Covid-19, porque son asintomáticas y no van a ser hospitalizadas. Estas mujeres pasan ocho horas metidas en una furgoneta para llegar a trabajar y luego volver a tu casa”, mantiene una fuente española implicada en el sector que prefiere guardar el anonimato.
“Tenemos que mejorar el transporte”
El día posterior a que Marruecos cerrase sus fronteras por la COVID-19, eldiario.es visitó una empresa de recogida de fresas con capital español en Larache en la que no se ha registrado ningún contagio.
En aquel momento no se habían tomado medidas especiales. Todo funcionaba como siempre. El 14 de marzo recogían fresas 311 mujeres y algunos hombres del total de 400 empleados. Con el confinamiento decretado seis días después, se redujo el número de empleados, por lo que, durante la pandemia coincidieron 180 trabajadoras como máximo, diez recolectoras por túnel. También diez por furgoneta, transporte que tuvieron que cuadriplicar.
Sin embargo, tras detectarse los contagios en otras compañías españolas del sector, el empresario hispano marroquí de esta finca de capital español reconoce, en una entrevista telefónica con eldiario.es, la necesidad de “mejorar” los transportes. “Si los mercados europeos no fueran tan egoístas y nos pagaran un poco más podríamos nosotros pagar también más. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Estamos diciendo que pagamos poco pero llevamos nueve años sin ganar dinero, todo lo que entra se invierte”, apunta. En Marruecos todavía se recuerda la muerte de nueve trabajadoras agrícolas en un accidente de tráfico en Moulay Bouselham (Kenitra).
Khadija (nombre ficticio) viaja tres horas al día en el transporte para ir y volver de su aldea a la finca de fresas en la que trabaja desde hace dos años y medio. “Nos llevan en una furgoneta, y somos entre 25 y 40 personas, depende de los días, porque hay mujeres que se toman días de descanso, no pueden seguir el ritmo del trabajo”, detalla Khadija.
Explica que desayunan en la finca antes de empezar la faena, y al mediodía paran para comer en media hora. Traen su propia comida y se sientan en unas mesas largas de madera. Por eso, para evitar el acercamiento, algunas empresas suspendieron la comida en el trabajo, redujeron el horario laboral y marcaron jornadas intensivas, primando la sanidad de las trabajadoras a los réditos.
Estas mujeres ganan poco menos de siete euros por día. “Si estamos cansadas o enfermas tenemos que marcharnos a nuestras casas y no nos pagan”, sostiene Khadija. Suelen, por tanto, “aguantar” aunque no se encuentren bien: “Tengo un hijo que estudia y necesita cada día dos euros para su transporte, además hay que pagar las facturas de electricidad y agua. Siempre trabajo excepto el domingo o días de enfermedad”.
Estas condiciones son las que denuncia la FMLM desde hace una década. “Privan a esta población de todos los derechos: salud, bienestar social, escolarización y participación política. Además, las trabajadoras en el sector de la fresa no tienen derecho a la CNSS (como la Seguridad Social española) y no cobran ni el salario mínimo que dicta el código laboral”, afirma Muheya.
Cuando se detectó este brote de contagios, la organización envió una solicitud por escrito a los parlamentarios “para que presionen al Gobierno sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y que cambien no solo ahora con la COVID-19, si no para que aceleren la promulgación de la ley de la sanidad y la seguridad en el trabajo en los sectores público y privado, y desarrollen una política nacional en este sector”.