La ONU pide a España “protocolos claros” para facilitar la búsqueda e identificación de migrantes desaparecidos

Detrás de cada llegada de una patera a las costas españolas, siempre hay familias pendientes de una llamada. Cuando pasan los días y el teléfono no suena, quienes aguardan noticias suelen chocarse con múltiples obstáculos para saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Aunque acudan a las autoridades españolas, apenas suelen encontrar respuestas, lo que les empuja a iniciar caóticas indagaciones por su cuenta para intentar confirmar el paradero de su hijo, hermana, o amigo. Un nuevo informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), asociada a Naciones Unidas, cuestiona que en España no existan “procedimientos, protocolos o instituciones específicos” que se ocupen de la búsqueda, investigación e identificación de personas migrantes desaparecidas o fallecidas en su trayecto migratorio, por lo que exige al Estado el impulso de planes claros para abordarlo.

La investigación 'Familias de personas migrantes desaparecidas: su búsqueda de respuestas, el impacto de la pérdida y recomendaciones para mejorar las respuestas', publicada este martes, profundiza en las diferentes trabas a las que se enfrentan los allegados de personas desaparecidas en su intento de migrar a España de forma irregular, así como en las distintas estrategias a las que se aferran quienes buscan respuestas, ante la escasez de canales oficiales para encontrarlas. “Las familias que intentan localizar a sus seres queridos se encuentran con varios obstáculos legales y burocráticos que surgen durante los procesos de búsqueda e identificación, puesto que los marcos institucionales existentes aún no se han adaptado para hacer frente a las dinámicas particulares de las muertes y desapariciones en trayectos migratorios irregulares”, recoge el documento.

La inexistencia de un protocolo concreto o un punto de atención a los familiares de migrantes desaparecidos empuja a estas familias a intentar localizarlos por su cuenta, utilizando distintos canales, que van desde ponerse en contacto con amigos y familiares en diferentes países para buscar pistas o ayuda; con voluntarios y activistas de base que trabajan con comunidades migrantes o que son conocidos por haber prestado este tipo de apoyo; así como difundir las fotografías por redes sociales o incluso a través de programas de televisión de sus países de origen.

A lo largo del proceso, apunta la OIM, estas personas se enfrentan también a la desconfianza que surgen a las autoridades cuando acuden a las instituciones a denunciar la desaparición o preguntar por algo de información que aminore su dolor: “El enfoque en la criminalización de la inmigración irregular dificulta que las familias y los activistas o voluntarios contacten o denuncien las desapariciones a las autoridades, por temor a acusaciones o incluso a investigaciones formales sobre una presunta participación en el tráfico de migrantes”, cuestiona la organización asociada a la ONU.

Los activistas que ayudan a las familias en los casos de personas migrantes desaparecidas denuncian que a menudo son objeto “de acoso e intimidación” por parte de las autoridades, que cuestionan su papel en las labores de búsqueda o sus vínculos con las familias, e incluso los acusan de colaborar con grupos dedicados al tráfico de migrantes o de ser ellos mismos traficantes, llegando a veces a amenazarlos, recoge el documento.

Aida, defensora de derechos humanos marroquí con residencia en Andalucía, ha sido testigo directo de este tipo de actitudes en dependencias policiales: “Presenté una denuncia ante la Policía Nacional por la desaparición de un chico, y un par de días después recibí una llamada de la UCRIF [la Unidad Central Española de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales] en la que me preguntaron si tenía alguna relación con el propietario de la patera en la que viajaba el chico”, explica en un testimonio recogido en el informe.

“Lo realmente cruel es que las autoridades preguntan qué pasó, y aun así preguntan por los nombres de los traficantes y los puntos de partida. ¿Cómo pueden preguntar eso a las familias?”, añade.

A la falta de un lugar concreto al que acudir y la falta de apoyo suelen encontrarse en las instituciones, se añaden “múltiples limitaciones estructurales” que, según la OIM están condicionadas por numerosos factores, como “el género, la situación socioeconómica, la situación administrativa, el idioma o la racialización. La precariedad de las familias de migrantes desaparecidos es una de las razones que les impide a dedicar tiempo a las labores de indagación:  ”Emprender una búsqueda suele implicar una carga económica para las familias que disponen de unos ingresos limitados para empezar o que no pueden ausentarse del trabajo para buscar a un ser querido. Presentar denuncias, reunirse con las autoridades, viajar a los lugares donde se vio a la persona por última vez o seguir los pasos de esta puede generar costes considerables“.

La desesperación ligada a la falta de respuestas empuja a menudo a los familiares de desaparecidos ser víctima de estafa, ante la petición de dinero a cambio de supuesta información sobre el paradero de sus seres queridos, muchas veces tras la publicación de sus fotos en redes sociales o medios de comunicación locales, añade el informe.

Laila, una ciudadana marroquí, fue víctima de uno de estos intentos de fraude cuando buscaba a su hermano desde Marruecos: “Enviamos una fotografía al programa sobre personas desaparecidas de la televisión pública marroquí Moukhtafoun. Gente que había visto el programa empezó a llamarnos. Intentaron aprovecharse de nosotros, nos dijeron que [mi hermano] estaba en la cárcel. Alguien de Al Hoceima nos llamó y nos pidió dinero a cambio de información. Fuimos a Al Hoceima y entregamos el dinero. Luego la persona desapareció”.

Cuando la búsqueda se realiza desde el extranjero, sin ninguna persona de contacto en España, la labor es aún más complicada. “Conforme a la legislación española, para proceder a la búsqueda de un migrante marroquí desaparecido en territorio español, las familias tendrían que presentar también una denuncia ante la policía española, algo prácticamente imposible, ya que no existen protocolos que permitan a las familias viajar con este fin”, cuestionan los investigadores. “si pudiéramos, iríamos a España a presentar una denuncia y a dar muestras de ADN, pero no podemos”, sostiene Laila, una de las entrevistadas. La OIM critica la “complejidad de los requisitos” impuestos por España para obtener un visado con el objetivo de localizar a sus allegados.