Durante la mañana de este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado el V Plan Director de la Cooperación Española. Un plan que, según se atrevieron a afirmar algunos representantes de la Administración, es el “más participado de la historia”. Un plan que ya se conoce como el del Gobierno y las empresas. Un plan rechazado por la mayoría de las formaciones políticas, las ONG, los sindicatos, los expertos y expertas, las universidades y las comunidades autónomas y municipios en los que no gobierna el PP.
Este deformado juego de espejos entre participación y oposición vivió su momento cumbre el pasado 16 de febrero. Ese día el Gobierno hubo de recurrir, en el pleno del Consejo de Cooperación, al voto de calidad del secretario de Estado de Cooperación para tumbar el dictamen negativo emitido por los actores sociales y aprobar uno propio con una valoración positiva.
La Coordinadora Estatal de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo hemos señalado una y otra vez que el V Plan Director, el documento estratégico que marcará el rumbo para los próximos cuatro años, tiene graves carencias.
En primer lugar, es un plan con una mirada corta, centrado solo en esta legislatura. No hay en él una visión política a largo plazo pese a la mención de una futura estrategia nacional de Desarrollo Sostenible y al intento discursivo de enmarcarlo en una agenda internacional que tiene la vista puesta en el 2030.
Además, tampoco contempla ningún proceso de reforma del sistema de cooperación ni un diálogo para garantizar la continuidad y sostenibilidad de acciones estratégicas en los siguientes planes directores.
Formalmente el plan se basa en la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la resiliencia y la promoción de los bienes públicos globales pero esto no se refleja plenamente en la selección de objetivos, estrategias e instrumentos o países socios. En este sentido, nos inquieta, por ejemplo, el limitado papel que reserva el documento a la sociedad civil. Se menciona su rol como coparticipe de políticas públicas y agente de cambio, pero no solo no concreta cómo la Cooperación Española va a apoyar a las organizaciones de los países empobrecidos, sino que, de hecho, en la última versión del plan desapareció una línea de acción específica de incentivo a la participación.
Tampoco aparecen líneas de acción específicas para pueblos indígenas y afrodescendientes o para la promoción de los derechos de las mujeres. La lucha contra el cambio climático sí se materializa, pero se centra solo en cómo mitigarlo y no en cómo afrontar sus consecuencias, especialmente dramáticas en las poblaciones más vulnerables.
Ausente está también la protección de los defensores de derechos humanos. Solo un dato para entender la gravedad de esta omisión: a lo largo del pasado año, al menos 312 activistas fueron asesinados, según el último informe de Front Line Defenders.
Muy presente sí está la obsesión de Europa por fortificarse. Cuando se abordan los flujos migratorios no se pone en el centro el derecho a la vida, sino el control de las fronteras.
También se apunta de manera clara hacia un creciente papel del sector privado. Y esto sin que se pueda hallarse una apuesta explicita por una actuación conforme a los derechos humanos y estándares de sostenibilidad, fiscalidad justa y transparencia. Pueden encontrarse algunas referencias a las pymes, la economía social y el comercio justo, pero el eje central está claro, la internacionalización de la gran empresa.
Cuando se inició el proceso de elaboración y aprobación de este plan, en la Coordinadora apostábamos porque este supiese un primer paso hacia la recuperación de la política de cooperación. Una política que ha sufrido en los últimos años durísimos recortes, en torno a un 75%, lo que nos sitúa en el pelotón de la comunidad de donantes. En nuestra confianza pesaba una promesa de Mariano Rajoy. En 2013, en la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente afirmó que, a medida que creciese la economía española, el Gobierno volvería a apoyar una “inversión en cooperación al desarrollo generosa, inteligente y eficaz”.
Pese a este compromiso y pese a que el Ejecutivo pregona que ya hemos iniciado la senda de crecimiento económico, el V Plan Director ni siquiera incluye una memoria económica.
Probablemente para trabajar en nuestro sector hacen faltan grandes dosis de ilusión, de voluntarismo, de mirar para adelante pese a los fracasos. Tal vez por eso, no nos rendimos y ya tenemos puesta la esperanza en la siguiente oportunidad.
El Gobierno ha anunciado que el próximo 27 de marzo aprobará el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Ojala que el Ejecutivo aproveche esta oportunidad para que nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo sea más eficaz y genuina y se acerque a la de países de su entorno, como los de la UE-15, con un 0,51% de la Renta Nacional Bruta para cooperación. En 2016 la ayuda española, realmente destinada a desarrollo, solo alcanzó el 0,16%. Contaría no solo con nuestro apoyo. También con el de todos los grupos parlamentarios que aprobaron en noviembre una Propuesta No de Ley (PNL 161/002620) en la que asumían el compromiso de alcanzar en 2020 como mínimo el 0,4%.