Aunque el PP y Vox no consiguiesen sacar adelante su promesa de compartir datos sanitarios con la Policía para facilitar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, “parte del daño está hecho”. Lo dicen quienes ya han batallado para derribar las barreras al acceso a la salud levantadas en los últimos años. “En cuanto empiezan a escuchar este tipo de propuestas, la gente en situación irregular tiene miedo de ir al médico y ya se genera ese efecto disuasorio. Directamente deja de ir”, han advertido desde Médicos del Mundo.
Las ONG, colectivos y médicos desobedientes que lucharon contra el Real Decreto 16/2012, que excluía a las personas sin papeles de la sanidad universal, lo vivieron. Y siguen presenciando sus efectos. Entonces, los inmigrantes en situación irregular temían acudir al médico y regresar a casa con una factura inasumible bajo el brazo.
Ahora, Yo Sí Sanidad Universal, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Coordinadora Española de ONGD han alertado de uno de los “riesgos” de la propuesta lanzada por Vox y comprada por el Partido Popular: que las personas en situación irregular enfermas no vayan al médico en Andalucía por miedo a ser deportadas.
Desde Yo Sí Sanidad Universal han acompañado a cientos de personas afectadas por la reforma sanitaria del Partido Popular. Irene Rodríguez, miembro del colectivo, ha identificado las “muchas dificultades” con las que se chocan los inmigrantes sin papeles “para contactar con cualquier institución”. “La propia dinámica del sistema sistema sanitario, el idioma o la burocracia generan barreras que siempre han existido, que hacían que las personas en situación irregular acudiesen menos al médico, pero en le momento en el que se aprobó el decreto crecieron mucho más”, detalla.
En 2012, los centros de salud cubrieron sus paredes con carteles que exigían contar con la tarjeta sanitaria. “Incluso cuando solo eran informativos y todavía la normativa no estaba en vigor, las personas en situación irregular veían el cartel y se daban la vuelta”, detalla la miembro del colectivo. Su experiencia en la lucha contra el Real Decreto, en el contacto directo con centenares de afectados, incrementa su inquietud ante los efectos que, considera, podría provocar la cesión de datos médicos a la Policía: “La simple mención a que se puedan cruzar datos va a ser un efecto disuasorio brutal. Si ya ocurría cuando esta propuesta no existía...”, asegura.
Irene lo relaciona con las razones descritas por muchos de los afectados del Real Decreto 16/2012 cuando llamaban al colectivo en busca de apoyo. Cuando veían que ya no podían esperar más. “Mucha gente nos llega cuando ya está muy mal, y reconoce que no fue al médico antes por miedo a la facturación. O que su impago impidiese regularizar su situación posteriormente”, señala, justo antes de acordarse de una de las personas que nunca llegó a llamar: Janeth Beltrán, fallecida por una afección en el riñón para la que, sostienen desde Yo sí, existe tratamiento.
“Ella no quería ir al médico por miedo a tener que pagar y a que un posible impago obstaculizase los trámites para obtener el permiso de residencia, que ya había empezado a tramitar”, recuerda Irene. Según el relato de sus allegados, recogido por Yo Sí, Janeth Beltrán se negó a ir al médico en varias ocasiones durante un mes por el temor a recibir una factura, a pesar de sufrir vómitos, dolores y tener síntomas de fuerte enrojecimiento en uno de sus ojos. “No, espere… Es que falta un mesecito ná más para mis documentos, apenas me den el resguardo, ¡vamos! Fíjese que fui a la farmacia y me recetaron para la digestión, para la vista, me midieron la tensión”, decía entonces, tal y como ha descrito su hermana y su madre al colectivo de activistas. Unas semanas después, cuando Beltrán no podía hablar prácticamente, veía borroso y presentaba fuertes dolores de cabeza, la llevaron a las urgencias de un hospital de Castilla-La Mancha. Ya era tarde.
Tiempo después de su muerte, la familia recibió una carta del hospital. Era una factura de cobro, aunque la atención en urgencias estaba garantizada para las personas sin papeles en la normativa. Esa carta era el reflejo del temor por el que, explican desde Yo Sí, Janeth tardó tanto en acudir al médico.
“Es una insensatez”
Amnistía Internacional también ha mostrado su oposición a la medida propuesta por Vox debido al miedo que, a su juicio, generaría en este sector de la población. Marta Mendiola, responsable del área de derechos sociales de la ONG, sostiene que “un derecho humano como la salud debe primar sobre cuestiones del control migratorio” por lo que “imponer una medida como esta instauraría un potencial efecto disuasorio para que la gente no vaya a los centros sanitarios”.
En este sentido, alerta de que puede provocar “una barrera de acceso de facto muy importante y un efecto para la salud de las personas afectadas y para la salud pública”. Lo mismo opina Josefa Cantero, vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas). “Este runrún y estos rumores pueden provocar que los inmigrantes en situación vulnerable no acudan al sistema por miedo a ser delatados y expulsados. Puede ser un gravísimo problema de salud pública, sin olvidar de que hablamos siempre de un derecho”, recalca.
Además, las representantes de AI y Sespas destacan que la cesión de datos sanitarios con el fin de facilitar la expulsión incumpliría las normativas española en materia de protección de datos del paciente. “Todos los datos que se han recogido en el interior de un centro médico forman parte de la historia clínica y tiene una especial garantía en la ley de protección de derechos del paciente”, recuerda Mendiola. “Jurídicamente no es posible. Desde el punto de vista del derecho sanitario es una insensatez”, coincide Cantero, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Castilla-La Mancha.
En su pacto, el PP y Vox se han comprometido a “apoyar (...) documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal”. En sus condiciones, el partido de extrema derecha solicitaba que el futuro Gobierno andaluz compartiera con la Policía la documentación para expulsar a 52.000 inmigrantes, una cifra que coincide con el número de personas en situación irregular que tienen tarjeta sanitaria en Andalucía, según un sindicato policial. El Partido Popular ha aceptado la propuesta, que, como recuerdan las voces consultadas, choca con lo establecido por las leyes de protección de datos.
La cifra utilizada por el partido de extrema derecha para defender su exigencia, sin embargo, es superior a los datos oficiales proporcionados por la Junta. En 2017, 47.445 personas en situación irregular y sin recursos fueron atendidas en el sistema andaluz de salud, según la última memoria disponible. Esta cifra supone el 0,56% del número total de usuarios aquel año, que superó los ocho millones.
Andalucía fue una de las primeras comunidades autónomas en rebelarse contra la reforma de exclusión sanitaria del Gobierno del PP tratando de garantizar la cobertura sanitaria universal. Aquel año, una instrucción del Servicio Andaluz de Salud reconocía el derecho a la asistencia a personas extranjeras en situación irregular y sin recursos en los centros públicos. En la comunidad autónoma, esta población dispone de una tarjeta de reconocimiento temporal que tiene la misma validez que la tarjeta sanitaria individual de cualquier otro ciudadano.
“Un inmigrante en Andalucía se lo pensará bastante antes de ir a la sanidad sabiendo que sus datos podrían ser utilizados en el peor de los casos”, teme también Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONGD. Pero confía en que la oposición del personal médico, la misma que mostraron ante el Real Decreto que dejó a miles de personas sin su tarjeta sanitaria en 2012, detenga estos planes. “Espero que también frenen esta medida”, sentencia.