Podemos ha denunciado este viernes que el Ministerio del Interior ha impedido que el eurodiputado Miguel Urbán y la senadora Maribel Mora realicen una visita a la futura cárcel de Málaga II, en Archidona, donde medio millar de migrantes permanecen encerrados, con el argumento de que los policías “están desbordados”.
Según ha explicado la formación política en un comunicado, ambos representantes “intentaron durante todo el día de ayer” que la Secretaría de Estado de Seguridad, “autorizara la visita que pretendían realizar, con carácter urgente e inmediato, al Centro Penitenciario de Málaga II”. Fuentes de Podemos han asegurado a eldiario.es que durante este miércoles “escribieron hasta tres veces” para obtener la respuesta.
Finalmente, Interior les “instó a participar en una visita conjunta la próxima semana” junto a otros representantes públicos que también han solicitado acceder a las instalaciones. Para ello, se les trasmitió por teléfono y en persona, en los momentos previos a la Comisión de Interior en el Senado, que los funcionarios policiales “están desbordados”, según han asegurado a este medio.
“Esta mañana se le ha transmitido a la senadora Maria Isabel Mora los motivos por los que, lamentablemente, la visita no podía realizarse mañana viernes”, comentan fuentes de Interior en la comunicación escrita que recibió Urbán, a la que ha tenido acceso este periódico. Las mismas fuentes explican que “han recibido muchas solicitudes de visita” y, “con la finalidad de entorpecer lo mínimo las labores que desarrollan los funcionarios en el centro de Archidona”, coordinarán una visita de distintas autoridades el próximo viernes por la mañana, según han confirmado en las últimas horas.
“Era urgente y necesario, a raíz de las alarmantes noticias que hemos conocido, que se nos permitiera acceder a las instalaciones para garantizar que se ha dado un trato digno a las personas a quienes se ha encerrado en la cárcel de Archidona”, ha señalado Maribel Mora, portavoz adjunta en la Cámara Alta.
“No queremos visitas ni tours programados”, ha añadido Miguel Urbán, diputado en el Parlamento Europeo, en referencia a la nueva visita ofrecida por el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido. “En pocas ocasiones ningún otro gobierno europeo nos ha puesto restricciones similares para visitar instalaciones donde se acoge a personas migrantes o refugiadas, lo que supone una evidente limitación de nuestras funciones de control parlamentario”, critica.
Con la visita, los representantes de Podemos pretendían “dar cuentas a la ciudadanía de las condiciones de traslado e internamiento de las personas” a la prisión, aún sin inaugurar. Para ello, recuerdan que “las informaciones conocidas durante los últimos días señalan que las instalaciones penitenciarias elegidas por Interior para internar a medio millar de migrantes carecen incluso de agua potable” y señalan que, según fuentes policiales, “ha habido varios desfallecimientos” durante los traslados a Archidona.
“Según los propios agentes tampoco había comida en el Centro Penitenciario Málaga II y tuvieron que ser ellos mismos quienes, acudiendo a estaciones de servicio de la zona, adquirieran alimentos para las 500 personas que, tras cruzar en patera el Mediterráneo, acababan de llegar a nuestro país”, prosiguen.
La formación política apunta que ha registrado dos preguntas en la Eurocámara “requiriendo información respecto a la situación que se vive en Málaga II y por la política de devoluciones en caliente que aún practica nuestro Gobierno, a pesar de haber sido declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Asimismo, defiende que la decisión de encerrar a los migrantes recién llegados en patera en la futura prisión es “a todas luces ilegal”, tal y como han denunciado esta semana una treintena de ONG ante el Defensor del Pueblo.
En su queja, las organizaciones sociales recordaban que “los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, en base a la Ley de Extranjería y la normativa que regula el funcionamiento de los CIE. “Los actuales centros de internamiento (CIE) son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable”, concluyeron.