Bilal no ha vuelto a coger un libro desde que salió huyendo de Siria en 2013. Los combates entre el Ejército de Asad y los grupos insurgentes armados destruyeron su escuela en el barrio de Al Midan, en Damasco. Sólo tenía 16 años. Ahora trabaja como recadero en un supermercado en el centro de Amán. Una noche de julio salió a comprar fruta y la mala suerte se cruzó con él. Los servicios de seguridad le llevaron arrestado a la comisaría por no llevar identificación. Recibió golpes y le dijeron que ir indocumentado lo hacía sospechoso de colaborar con los insurgentes.
Cuando quedó libre, Bilal decidió que no quería ocultarse más. Primero se fue a Egipto con su hermano, luego a Jordania con su tía. Hoy carga y descarga en la sombra. También aquí tiene que esconderse. Como él, cientos de jóvenes sirios de entre 18 y 25 años trabajan ilegalmente en la capital del reino hachemita.
“Por favor, no pongas nuestros nombres reales. Y tampoco hagas fotos. Todavía tengo familia en Siria, ¿sabes?”, replica Farid, su compañero de fatigas. Acepta que fotografiemos sus manos. Temen que les reconozcan. Lo han perdido casi todo. Fuman en un café en el centro de Amán mientras expulsan por la boca el humo de sus palabras. En la calle las celebraciones del Eid al Fitr continúan, se escuchan petardos, silbidos y risas.
Las autoridades jordanas suelen hacer campañas de inspección periódicas en locales, restaurantes y centros comerciales contra el empleo irregular, ya que el sector servicios está vedado a los refugiados sirios. “Durante los tres meses que estuve en la tienda de dulces donde trabajaba, vinieron más de cinco veces”, asegura Farid. “Normalmente me dan el aviso y me escondo, pero ya me han detenido dos veces”, reconoce. Cuando la policía descubre a un infractor, lo trasladan a una comisaría. “Me llevaron a la central de Abdún y me hicieron firmar una declaración donde renunciaba al empleo hasta obtener un permiso de trabajo. Pero seguí buscando”.
Con las fiestas del Fin de Ramadán, el ministro de Trabajo Nidal Katamine, hacía pública una nueva campaña de inspección masiva -que incluía a todos los sectores- en Amán y en ciudades del norte Irbid, Zarqa y Mafraq, donde se concentran la inmensa mayoría de los refugiados sirios. En el comunicado se incluían también números de teléfono públicos para que la propia ciudadanía denuncie las irregularidades. Durante el transcurso de los días, anunció que había realizado hasta 430 visitas de inspección y que había encontrado hasta 197 irregularidades sancionadas por la ley. Katamine declaraba que su objetivo es regular el desequilibrado mercado laboral del país y mantener las condiciones de trabajo a la altura de la preparación de los jordanos.
Menos salario por más horas
“Discutí con el propietario de la tienda de dulces por mi salario. Me pagaba 250 dinares -265 euros- mientras que un jordano cobra por lo mismo 400 -425 euros-”, protesta Farid. Los otros dos sirios que le acompañan inclinan la cabeza en señal de afirmación. “Y por más horas. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Todos los sirios que conozco trabajan más de 12 horas al día”. Bilal cobra menos -245 euros-. “Es poco pero me viene bien porque el trabajo me queda cerca de casa y no tengo que utilizar transporte”, asegura. “En Egipto estaba mejor. Trabajaba con mi hermano en una pequeña modistería. Como el local estaba oculto, no me exponía tanto como ahora”, se lamenta.
Según el registro de Naciones Unidas en febrero del 2014, Jordania, con casi 6 millones y medio de habitantes, hospeda a unos 600.000 refugiados sirios, de los cuales más de 100.000 están registrados en el Campamento de Zaatari. El resto están repartidos en zonas urbanas, sobre todo al norte del país, cerca de la frontera siria. La necesidad les empuja a la precariedad laboral en un mercado de trabajo que ya enfrentaba a serias dificultades económicas antes de la crisis siria. Según la Organización Internacional del Trabajo (ILO), en Jordania se estima que la fuerza laboral de los refugiados sirios potencialmente activos, representa alrededor del 8,4% de la población activa total en las provincias de Irbid, Mafraq, Zarqa y Amán.
Este flujo incontrolado de trabajadores genera el aumento del desempleo, sobre todo entre los trabajadores jordanos menos cualificados, además de un crecimiento de la competitividad, que deteriora las condiciones de trabajo e incrementa los empleos irregulares. También influye en la aparición de nuevas formas de trabajo forzado, sobre todo en niños que se ven obligados a trabajar para mantener a sus familias.
A pesar de la financiación que reciben de estas organizaciones –como de la ILO así como de otras organizaciones no gubernamentales -, el ministro de Trabajo aseguraba, en una reciente entrevista para la BBC, que los esfuerzos internacionales para paliar los problemas del mercado de trabajo derivados del conflicto en Siria no están siendo los esperados. “Hemos recibido un montón de promesas y palmaditas en la espalda, pero por desgracia no hemos recibido el apoyo real. Estamos muy, muy decepcionados en esta etapa”, declaraba Katamine el pasado mes de julio.
Cuando contratar ilegalmente sale barato
“Para adquirir el permiso de trabajo, tengo que pagar 300 dinares”, dice Farid. No lo dice pero sabe que el dinero no es el requisito más importante, sino la formación que pueda tener. Mira por la ventana y observa el ambiente sin inmutarse. No puede más que revivir en la memoria el pasado. Todo el dinero que pague ahora no le devolverá el futuro. Según la Ley Laboral del Reino Hachemita, para adquirir el permiso deben conseguir también la aprobación explícita del ministro o de quien delegue, y siempre y cuando ese trabajo requiera una capacidad y una experiencia que no pueda ofrecer un empleado jordano. Por eso los sirios tienen pocas posibilidades de acceder a un puesto de trabajo que requiera un potencial plenamente desarrollado.
Las empresas contratantes descubiertas infraganti son penalizadas. La Ley recoge que la multa no debe exceder los 100 dinares por cada mes que hayan utilizado mano de obra ilegalmente. Los foráneos también se arriesgan a endeudarse; la cantidad depende del trabajo que estén desarrollando. Hasta los 2.000 dinares de multa han demandado a los que desempeñaban ilegalmente un trabajo que requiere cualificación universitaria.
La ley advierte que los reincidentes serán deportados a sus países de destino y tendrán prohibida la entrada a Jordania durante los próximos tres años. El expulsado sirio no tiene país donde volver, por eso, es enviado forzosamente al Campamento de Zaatari, donde depende exclusivamente de las ayudas de Naciones Unidas. Farid y Bilal prefieren lo poco que ganan para el alojamiento y los gastos de manutención que vivir de la caridad. Aunque eso les aboque a vivir sin sus derechos.