El presupuesto para la Agencia de Cooperación sube un 14% tras sufrir un recorte del 70% desde 2010
Tras un recorte de casi el 75% de los recursos desde 2008, la debilitada política de cooperación al desarrollo ha experimentado un incremento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado entregado por el Gobierno este martes en el Congreso de los Diputados. Los fondos destinados a esta partida desde el Ministerio de Exteriores suben un 8,1% y se sitúan en los 553,74 millones de euros, frente a los 512,58 millones que recibió en 2017. Sin embargo, esta cantidad aún está lejos de los algo más de 2.817 millones de euros asignados a esta partida en 2009.
El repunte de los fondos de cooperación de Exteriores en los nuevos PGE se debe al aumento del dinero público destinado a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), que en este ejercicio recibirá un 14,6% más de presupuesto que el año pasado. Entonces también registró un aumento de sus fondos tras varios años en los que ha sufrido un tijeretazo de casi el 70% de sus recursos: en 2010 recibió algo más de 933 millones.
El órgano que se encarga de gestionar la política española de cooperación al desarrollo contará en 2018 con una partida de 325,96 millones de euros, 41 más que en 2017, cuando recibió 284,43 millones. Del monto previsto para este año, 3,17 millones se destinan a sus actividades de promoción y difusión de la cultura española en el extranjero.
Además de la AECID, la política de cooperación en el marco del Ministerio de Exteriores cuenta con otros dos instrumentos presupuestarios. Se trata de dos activos financieros, es decir, créditos o préstamos concedidos por el Estado a empresas públicas o privadas en países empobrecidos. Estos están gestionados, en primer lugar, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento -que solo financia a instituciones públicas-, cuya inversión se mantiene, por segundo año consecutivo, en los 15 millones de euros.
A este instrumento se une el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que vuelve a situarse en 199,230 millones de euros, al igual que en 2017, cuando registró una caída del 15%. Esta última herramienta para canalizar los presupuestos de la cooperación al desarrollo acumula años de críticas por parte de las ONG y fue cuestionada en 2016 en un informe del Tribunal de Cuentas, que constataba que parte de ese dinero público se transfiere a los países empobrecidos a través de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales.
Los nuevos presupuestos se presentan algo más de una semana después de la aprobación en el Consejo de Ministros, con rechazo de la gran mayoría del sector, del V Plan Director de la Cooperación Española, la hoja de ruta que orientará estas políticas en los próximos cuatro años. 2018 será así el primer año en el que seguirán las directrices del nuevo documento, que trata de incorporar la nueva agenda mundial de lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas. El plan ha recibido numerosas críticas por parte de expertos y representantes de la sociedad civil que consideran que presenta “graves carencias” y apuntan, sobre todo, a la falta de un marco presupuestario donde se especifique cuántos fondos pretenden destinar el Gobierno a ponerlo en marcha en los próximos años.
La cifra total de la Ayuda Oficial al Desarrollo, compuesta por partidas de otros ministerios y de comunidades autónomas, no se conocerá hasta la publicación del Informe Agregado en las próximas semanas. La Ley de Cooperación estipula que debería difundirse junto al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del estado, una exigencia incumplida desde hace años, según ha denunciado ejercicio tras ejercicio la Coordinadora de ONGD Española. La red de ONG ha propuesto varias medidas para estos presupuestos, entre ellas que se destine el 0,30% de la Renta Nacional Bruta a la ayuda al desarrollo, frente a los 0,21 que, según su análisis, se asignaron en 2017.
