Organizaciones especializadas y personas expertas en procesos de adopción coinciden: los planes del Partido Popular de incluir a las mujeres inmigrantes en situación irregular en su propuesta de Ley de Apoyo a la Maternidad para garantizar que no se las expulsa mientras dure el proceso “de entrega en adopción” no se sustentan porque se basan en un problema que, insisten, no está ocurriendo en la práctica.
“Sería una barbaridad utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer. Y eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y la madre. Nuestra propuesta es ampliar al ámbito estatal esta medida que con éxito ya existe en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo”, defendió este miércoles el PP.
Sin embargo, a diferencia de lo que sugirió este miércoles el partido liderado por Pablo Casado, las comunidades autónomas consultadas por eldiario.es, encargadas de los procesos de adopción, aseguran contemplar en sus procedimientos la confidencialidad de los datos de las madres, lo que impide que sean utilizados con fines de proceder a la expulsión de estas mujeres.
Autonomías como Aragón, Murcia, Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi, Catalunya, Cantabria, Andalucía, Castilla y León o Canarias han respondido a las peticiones de las diferentes delegaciones de este medio remarcando la “confidencialidad” del sistema de adopción en sus territorios. “Las normas autonómicas sobre protección a la infancia contemplan la protección de los datos personales”, confirman, además, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
“Esta medida no es necesaria, no tenemos constancia de que en ninguna comunidad se esté vulnerando la protección de los datos de las madres. Dicen que es lo que se está haciendo en Madrid como si en otras no lo aplicasen, cuando esto es algo que de algún modo u otro se está haciendo”, explican desde la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA), que insiste en que no ha recibido ninguna denuncia de estas características.
En la misma idea incide Blanca Gómez, investigadora de la Universidad Pontificia de Comillas especializada en procesos de adopción. “Se basa en un problema que no existe. Hasta donde yo sé, esto no se hace solo en Madrid, no se hace en ninguna parte. La confidencialidad se respeta mucho en todas partes en estos procesos”, recalca la experta.
“Esos datos se quedan en las entidades autonómicas de protección de menores [con el fin de que los adoptados puedan conocer sus orígenes biológicos], son absolutamente confidenciales. ¿Va a llamar un funcionario de una comunidad autónoma a Interior para decir que tiene a una madre sin papeles y que se la lleve? Es de película. Están dando ideas”. La especialista, que muestra su total incomprensión hacia la medida, niega que una mujer en situación irregular cuente con diferentes garantías que una mujer española durante el procedimiento de entregar a su hijo en adopción.
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por eldiario.es confirman que tampoco les consta que se esté vulnerando la premisa de confidencialidad y recalcan que, de producirse el trasvase de datos entre administraciones, se estaría incumpliendo la Ley de protección de datos. “Por ley está prohibido cruzar datos. Si una mujer inicia un proceso de adopción, la Policía no se entera de eso, no se notifica de ninguna forma. Sería absolutamente ilegal, un funcionario de la Junta de Castilla y León no puede llamar a la Policía para esto”, explican estas mismas fuentes.
Ya desde el preámbulo, la ley, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concibe el derecho a la protección de datos como “una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención”.
La práctica real es que ni los hospitales ni los Servicios Sociales traspasan los datos de la mujer a la Policía Nacional para que inicie, en su caso, un procedimiento de expulsión. “Eso sería una cesión de datos sin consentimiento y sin justificación”, coincide la jueza Victoria Rosell, que reitera que las personas que no tienen su situación regularizada en España no están cometiendo ningún delito, al tratarse de una falta administrativa. La información personal de las mujeres que dan a sus bebés en adopción está blindada y no puede intercambiarse entre instituciones.
Por otro lado, la magistrada apunta a que la interpretación habitual de la Ley de Extranjería es que las mujeres embarazadas no sean expulsadas en base a la previsión de la norma que se refiere al riesgo “para la gestación” o “la salud de la madre”. “No puedes expulsar a su país de origen a una embarazada, hay un principio de no devolución cuando su vida y su salud corren un riesgo, ya están amparadas en determinadas circunstancias en la ley de Extranjería”, afirma Teresa Fernández, abogada de Women's Link, que considera que la propuesta “no tiene sentido porque en estos casos no hay miedo a la expulsión porque la ley te ampara”.
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska apuntan que a una mujer embarazada “por principio no se la expulsa por vulnerabilidad y para proteger el interés superior del menor”, insisten. Otras fuentes expertas en Extranjería consultadas por este medio coinciden en que, conforme a la legislación española, no se puede ejecutar un procedimiento de deportación de mujeres en estado de gestación, aunque apuntan que sí se les puede abrir el expediente durante este periodo.
En este sentido se ha expresado también Médicos del Mundo, que a través de un comunicado ha mostrado su preocupación por que “para el PP sea legítima la posibilidad de que se inicien procesos de expulsión a personas en situación irregular durante cualquier procedimiento en el que deban entregar sus datos de identidad a administraciones públicas que no tienen funciones de Extranjería”.
“Se está tergiversando el discurso para otros fines”
Más allá de la casuística, son muchas las voces que denuncian la dimensión ideológica de la propuesta. “La no expulsión se configura como un premio y no como un derecho”, critica una abogada especializada en derechos humanos. Así, Médicos del Mundo pide medidas que protejan a las mujeres migrantes y a sus familias de forma que las instituciones “faciliten las condiciones para que no se vean forzadas a tomar decisiones tan dolorosas como separarse de sus hijos al nacer”.
Para Women's Link, que tiene entre sus áreas el trabajo a favor de los derechos de las mujeres migrantes, el PP “está creando una necesidad un poco irreal para otros fines que no son los derechos de las mujeres, sino fomentar este discurso que deja caer” sobre el aumento de la natalidad. “Se está tergiversando el discurso en apoyo a la maternidad cuando tiene que haber un enfoque más integral. Queremos que se amplíe el foco, los derechos de las mujeres no dependen de su estatus migratorio. Son muchas sus necesidades reproductivas: no sufrir violencia obstétrica, tener acceso a controles posnatales o a la interrupción voluntaria del embarazo y, en ocasiones, la adopción si autónomamente lo han decidido”, dice Fernández.
La letrada asegura que la organización para la que trabaja “nunca” se ha encontrado con un caso de estas características. “Lo que más nos preocupa son las separaciones de madres e hijos e hijas que entran en España”, sostiene, en referencia a los casos de víctimas de trata documentados por la ONG en los que acaban separadas en España de sus hijos por el hecho de serlo. “Esto no es algo nuevo, pasa en la frontera europea y española, hay estereotipos racistas y de género sobre las mujeres migrantes, sobre todo sobre si son buenas madres o no”, explica la abogada.
“¿Como nos faltan niños vamos a hacer esto? Es éticamente deplorable y no hay por dónde cogerlo”, sostiene por su parte la profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, en relación a la idea de que se trate de una iniciativa por el equipo de Casado para luchar contra el “invierno demográfico” que según el líder de los populares se vive en el país.
“Las mujeres en situación irregular, como el resto de las mujeres, no quieren renunciar a sus niños. Son decisiones muy delicadas que les cuesta mucho tomar y más en situación de vulnerabilidad extrema en otro país. Otra cosa es que las chantajees, como se parece que se planteó en un principio”. Así, la especialista enmarca la polémica en una realidad que afecta a “poquísimas” mujeres. En España en 2017, según datos que facilitaron las comunidades autónomas a Europa Press, 130 niños fueron entregados en adopción, el 0,03% de los nacidos ese año. En lo mismo insisten desde la Asociación Salud y Familia de Barcelona, que brinda apoyo a decenas de mujeres en situación irregular: “No nos consta que esto esté ocurriendo, las mujeres lo que quieren es tener a sus hijos consigo”.
“Si lo que desea un partido es promover la natalidad y que la situación socioeconómica no sea la causa que impida a las mujeres tener hijos, es necesario que se promuevan políticas públicas que hagan de España un país en el que se pueda criar a niños y niñas”, agrega Jennifer Zuppiroli, técnica de incidencia en migraciones de Save The Children, que asegura que desde la ONG han pedido al PP más información sobre la propuesta. “Nos preocupa la instrumentalización que se pueda hacer de los niños y de sus madres para fines distintos del interés superior del bebé”, concluye.