El Partido Popular ha incluido en su Ley de Apoyo a la Maternidad –que pretende poner en marcha si logra recuperar el Gobierno tras elecciones generales del 28 de abril– una propuesta para que se retrasen los trámites de expulsión de las mujeres inmigrantes sin papeles en el caso de que den a sus hijos en adopción. Lo que plantean los populares es que la demora se prolongue mientras dure el embarazo, de forma que una vez completada la entrega del niño la mujer podrá ser repatriada a su país de origen como cualquier otra persona en situación irregular si es interceptada por las autoridades policiales.
Fuentes de la dirección del PP han explicado primero a Newtral y después han confirmado a eldiario.es que la decisión de dar en adopción a sus hijos “no es un blindaje para toda la vida” para que las mujeres sin papeles puedan quedarse en España. “Lo que decimos es que no supondría un motivo de expulsión y que, además, gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España”.
La iniciativa, una de las planteadas por el equipo de Casado para luchar contra el “invierno demográfico” que según el líder del PP se vive en España, contempla que las mujeres en situación irregular “si se quedan embarazadas tendrán la misma protección que una española que quiera dar al niño, así como las mismas garantías, derechos y ayudas”.
Será, en todo caso, una protección temporal. Las fuentes de la dirección de los populares explican a este diario que aunque para la madre “no va a tener consecuencias el hecho en sí de dar el niño en adopción”, una vez entregado “si la paran en una redada y la expulsan no le vale de excusa la adopción”, por lo que será repatriada como cualquier otra mujer sin papeles.
Una vez publicada esta información en Eldiario.es, la dirección del PP ha enviado un mensaje a la prensa asegurando que “es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos”, algo que consideran “literalmente una barbaridad”.
“Lo que sí sería una barbaridad es utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer. Y eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y la madre. Nuestra propuesta es ampliar al ámbito estatal esta medida que con éxito ya existe en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo”, han apuntado en ese mensaje.
Las organizaciones especializadas en adopción niegan que las mujeres en situación irregular se enfrenten en la actualidad a un mayor riesgo de ser expulsadas por el hecho de decidir dar en adopción a sus hijos. Desde Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA) aseguran que no tienen constancia de ninguna denuncia de estas características, por lo que han mostrado incomprensión ante la propuesta del Partido Popular.
El pasado domingo, Casado presentó su Ley de Apoyo a la Maternidad durante un acto en Cartagena (Murcia) en el que, sin embargo, no mencionó en su discurso esta iniciativa dirigida a las mujeres inmigrantes en situación irregular.
En ese evento, el líder del PP se comprometió a que si llega a ser presidente del Gobierno pondrá “todos los recursos” a su alcance “a favor de la vida” para combatir “el invierno demográfico que vive España” y posibilitar que “todas las mujeres que quieran libremente ser madres cuenten con las ayudas y los apoyos necesarios para conseguirlo”.
Casado defendió una política que apueste por “la cultura de la vida”, y explicó que su ley consiste en “un plan ambicioso, multidisciplinar y en positivo que apuesta por la natalidad y por apoyar a las madres que quieran serlo”. El líder popular destacó que, en la actualidad, hay más defunciones que nacimientos y que, aunque según las cifras del INE, el 80% de los jóvenes de 20 a 29 años querrían ser padres, muy pocos lo consiguen.
“Las cifras son tozudas. En España nacen 400.000 niños menos que en el año 1975. Todos los años en España hay 500.000 embarazos, de los cuales 100.000 son interrumpidos voluntariamente”, señaló.