“Temo por mi seguridad”, asegura Alí (nombre ficticio) durante una entrevista en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla, adonde llegó en julio de 2017 desde Alhucemas huyendo de la represión y las detenciones en la región marroquí del Rif. En él sigue un año después, a la espera de ser trasladado a la península, como varios de sus compañeros.
Como muchos otros jóvenes de la región, Alí ha participado en las protestas sociales que estallaron en 2016 y continúan reclamando en las últimas semanas la liberación de sus principales líderes. “Nosotros estábamos con Nasser Zefzafi –líder del 'Hirak'– y con todo lo que pide el movimiento del Rif en Alhucemas”, explica este periodista rifeño demandante de protección internacional en España.
La Policía marroquí le envió una citación para que se presentase en la comisaría una semana después de que sus dos compañeros periodistas de la página web Rif24 fueran detenidos por cubrir las manifestaciones en las que los ciudadanos pedían mejoras sociales, económicas y culturales en la región. Como no se personó, asegura, “la Policía fue a mi casa para arrestarme”, detalla Alí.
Pasó un mes y medio escondido cerca de su domicilio. “Sabía que no tenía la oportunidad de seguir en Alhucemas porque era el único que trabajaba en la web, y la Policía no paraba de arrestar a ciudadanos”, describe Ali. Aún así se arriesgó y salió por la noche a las manifestaciones multitudinarias durante el Ramadán.
Buscaba “seguridad” y por eso entró en Melilla. Lo hizo por la frontera, aprovechando las avalanchas de porteadores en el Barrio Chino, camuflado como un trabajador más, según su testimonio. Durante su primer día en España durmió en un hotel y por la mañana se fue a la frontera a solicitar el asilo. La Policía española le envió al CETI. Allí comenzó a tener, dice, “nuevos problemas”. Pensaba que “en España tendría más derechos”, pero, asegura, “cuando estoy en el CETI no me siento como una persona”.
España otorga el estatus de refugiado a tres activistas
A pesar de que este mes de julio España ha reconocido el estatus de refugiado por motivos políticos a tres activistas rifeños del CETI que fueron trasladados de Ceuta y Melilla a la península, las autoridades españolas suelen tardar en darles salida.
Los tres chicos enviados a la península, que tienen libertad de movimiento por todo el mundo, excepto en Marruecos, y podrían tramitar el permiso de residencia en España. En el CETI de Ceuta todavía queda un activista rifeño demandante de asilo y en Melilla pasan de la decena, según indican fuentes del interior del centro. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo y Migraciones, pero por el momento no ha recibido respuesta.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que en 2017 España continuó “limitando de manera arbitraria el derecho a la libertad de circulación a las personas solicitantes de protección internacional de nacionalidad argelina y marroquí”. Se les traslada a la península cuando su expediente queda resuelto, lo que suele llevar entre uno y dos años.
Asimismo, la ONG critica los criterios arbitrarios y “discriminatorios” para estos traslados. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha recomendado revisar los criterios de inclusión en las listas de traslado y priorizar a los solicitantes de protección internacional.
“Nos busca Marruecos, que está a solo 12 kilómetros”
Entre los activistas que aún siguen dentro a la espera de que su solicitud se resuelva y ser trasladados está Alí. El joven de 28 años, estudia español por su cuenta porque, según comenta, “en el CETI es muy difícil aprenderlo; solo enseñan el alfabeto. Cada semana viene gente nueva y empiezan a explicar de nuevo”.
Alí critica las condiciones del centro en el que tiene que pasar su día a día. “Las duchas son horribles, están sucias, hay mucha gente, y a veces no hay agua caliente. No hay agua para beber. Las taquillas están rotas o son fáciles de abrir. Se lava a mano la ropa y tienes que esperar mientras se seca porque te roban”. Cuentan con enfermería y psicólogo pero, Alí denuncia que no les “informan de la disponibilidad”. El Defensor del Pueblo ha reiterado que los CETI no son un “recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo”.
Lleva un año en Melilla y los abogados le piden “paciencia”, sin embargo él está nervioso y cree que corre peligro. “Aquí todo son dificultades, quiero mi tarjeta sanitaria, mi padrón y mi tarjeta de paro”, reclama. A todo ello tiene derecho por ser solicitante de protección internacional. Además, asegura no tener acceso al dinero que sus familiares le envían, “tengo que pedir a otras personas que me recojan el dinero y me lo den, pero cobrando una comisión”, detalla.
Su familia desde Alhucemas se encuentra tranquila porque considera que su hijo está a salvo en España. “Al menos podemos verte por teléfono, mejor que llevarte la comida a la cárcel”, le dicen. Desde Melilla, Alí mientras lucha por mantenerse y conseguir alcanzar la península, sigue soñando con que “las peticiones del Hirak se hagan realidad y que los presos salgan de la cárcel y vuelvan con sus familias”.
Mustafá (nombre ficticio) también lleva un año en el CETI de Melilla. Ingresó en el centro hace justo doce meses, el 14 de julio de 2017 y tuvo la primera entrevista para solicitar el asilo una semana después. Durante la entrevista, dice, contó con un traductor rifeño, y “recogieron lo que dije, pero que no tuve el apoyo de alguien que me pudiera orientar”, aclara.
Como Alí, asegura tener miedo de que las autoridades del país vecino logren localizarlo. “Aquí no hay mucha seguridad. Nos busca el Gobierno marroquí, que está a solo 12 kilómetros. Además, la frontera de Melilla tiene mucha movilidad con entradas y salidas todos los días y no me fío de que no manden a alguien de la Policía”, teme este activista de Alhucemas.
El joven de 24 años estudió hasta el Bachillerato porque no pudo continuar, y se dedicó a vender fruta en el garaje de la casa de su padre. Con el Hirak dejó de trabajar porque vio más importante, dice, “aportar y sacar adelante el movimiento social que resurgió en el Rif”.
Mustafá tiene autorización para trabajar al ser solicitante de protección internacional, pero sostiene que en Melilla “no hay trabajo”. Se queda horas y horas sentado viendo pasar el tiempo, “puede ser un día como puede ser un mes, los días son exactamente iguales. Es una espera constante”, relata.
Camina con miedo y no siempre regresa al centro, de régimen abierto. Cada dos o tres días sale y duerme en la calle, a veces en casa de alguno de los chicos que han alquilado habitaciones fuera. “Siempre con la mirada atrás porque no me fío de nadie, tengo miedo de que me den algún día con un palo de hierro”, confiesa. Como su compañero Alí, entró “colándose por la frontera”. Era verano, y el paso fronterizo estaba lleno de gente, esperó un descuido de la Policía y pasó. “No tenía otra opción. Me la jugué”, asegura.
El número de solicitantes de protección internacional se incrementó en Melilla con 2.897 expedientes, según datos extraídos del 'Informe 2018. Las personas refugiadas en España y Europa’ de CEAR. De Marruecos se recibieron 525 solicitudes en 2017 frente a las 340 de 2016. Destacaron las demandas de personas que alegaron persecución por pertenecer al colectivo LGTBI y las de personas procedentes de la región del Rif.
En la región continúan las detenciones y sigue controlada por las fuerzas de seguridad. Más de 500 ciudadanos están encarcelados en diez prisiones de Marruecos, otros han huido en patera y algunos tienen en mente hacerlo cuando “tengan la oportunidad”, aseguran jóvenes en Alhucemas.
Compañero en la cúpula de los presos rifeños
Mustafá lleva desde el inicio en el Hirak, el movimiento que surgió en el Rif cuando falleció Mouhcine Fikri, el vendedor de pescado aplastado en una camión de la basura cuando impedía que la policía destruyera su mercancía, 500 kilogramos de pez espada. Pertenece a la organización, siempre cerca de Nasser Zefzafi y de Nabil Ahemjik, los dos cabecillas condenados el pasado 26 de junio a 20 años de prisión.
Desde aquel día, dice Mustafá, no puede dormir, tiene pesadillas y mucho más miedo que antes porque “sé lo qué me espera en caso de que me devuelvan a Marruecos. Lo único que me espera es la cárcel”, dice.
El activista participó en las reuniones para preparar las protestas, y en el trabajo de acercamiento a todos los barrios y los pueblos de la región para ir recogiendo las necesidades de la gente y animarla a participar en las manifestaciones. Formaba parte de la comisión de cuidado de las calles y los parques para evitar desperfectos porque “todas las manifestaciones eran pacíficas, no se destrozaba nada”, aclara. Y, junto a Nabil, era uno de los que utilizaba la megafonía en las protestas.
Fueron a buscarle a casa y ese mismo día se escapó, hasta que pudo entrar a Melilla. Quiere ir a la península, aunque piensa que es “complicado”. Sus sueños pasan, como otros muchos, por empezar una nueva vida. “Me han obligado a huir, a aprender el idioma, que en Melilla está siendo imposible; quiero trabajar y salir adelante con el apoyo de otros activistas en España, no depender de ninguna ayuda institucional”.
“Sabemos quienes son los verdaderos activistas y quienes huyen por miedo y no han tenido una implicación mayor, que no es el caso de Mustafá, que ha participado de manera activa y se le ha visto mucho. En el momento que aparezca en el Rif, no lo cuenta”, lamenta a este medio una de las activistas rifeñas que forma parte del Comité del Hirak en Madrid.
El caso de Mustafá queda evidenciado en vídeos y fotografías, incluso tiene la citación de la Policía. “No entiende a qué espera España y las organizaciones para darles una opción”, protestan los activistas desde España.