Las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, las restricciones a la libertad de expresión o la falta de investigación eficaz de la tortura son algunas de las principales vulneraciones de derechos humanos en España. Así lo recoge el último informe anual de Amnistía Internacional, que evalúa la situación de los derechos en todo el mundo durante 2016.

El estudio señala que, pese a que el número de llegadas irregulares por Ceuta y Melilla disminuyó respecto a 2015, continuaron las expulsiones en caliente (que impiden de facto el acceso al asilo) a Marruecos por parte de los agentes españoles, así como el “uso excesivo” de la fuerza en el reino alauí.

La organización ha detectado hasta ocho tipos de violaciones de derechos en la frontera de Ceuta y Melilla. “El Centro de Estancia Temporal (CETI) está sobrecargado, el acceso al asilo es discriminatorio, se restringe la libertad de circulación a los solicitantes y las personas expulsadas son maltratadas y torturadas por la gendarmería marroquí”, explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“A la cola” de Europa en la acogida de refugiados

“Mientras la tendencia mundial es a la demonización, en España hay un discurso positivo sobre la recepción de refugiados, pero estas palabras esconden una inacción preocupante a la hora de acogerlos de manera digna y respetar sus derechos”, asegura Beltrán.

El informe critica que los centros oficiales de acogida para solicitantes de asilo cuentan con un número de plazas “excesivamente bajo” y, fuera de ellos, la asistencia a personas alojadas es “demasiado escasa”. “El sistema de asilo español sigue llevando a medio plazo a la indigencia”, sentencia el director.

España representa el 0,9% de solicitudes de asilo en Europa. De acuerdo con la ONG, las autoridades españolas han reasentado y reubicado a una cantidad de personas refugiadas “muy inferior” a los compromisos contraídos con Bruselas. De los 15.888 refugiados que el país debe reubicar desde Italia y Grecia, en diciembre solo habían llegado a territorio español 609 personas, menos de un 4% de los acordados.

España no investiga las torturas

La investigación insiste en que se han producido nuevos casos de tortura y otros malos tratos por parte de funcionarios del Estado, mientras las autoridades continúan sin investigar las denuncias. En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó por séptima vez que España “viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos al no investigar de manera eficaz y exhaustiva las denuncias de tortura” a los detenidos en régimen de incomunicación.

La ONG recuerda el caso de Ester Quintana, quien perdió un ojo en 2012 por el impacto de una pelota de goma durante una protesta en Barcelona. Los dos Mossos d'Esquadra acusados fueron finalmente absueltos, “al no poder demostrarse quién había disparado”. “La única buena noticia”, dice el director, es que el Tribunal Supremo ha anulado una condena de terrorismo, el caso de Saioa Sánchez, por falta de investigación de tortura y malos tratos.

Restricciones a la libertad de expresión

La reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Cidadana (conocida como “Ley Mordaza”), que entraron en vigor en 2015, “impusieron restricciones injustificadas” a la libertad de información, de expresión y de reunión, según denuncia la organización.

En 2016 se condenó a 28 personas por enaltecimiento del terrorismo, resultado en su mayoría –afirma la ONG– de operaciones policiales contra mensajes publicados en redes sociales. “Es el año más alto de sentencias desde 2011, cuando ETA se disolvió”, apunta Beltrán.

La investigación cita el caso de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García, cuya causa por enaltecer el terrorismo fue finalmente archivada. También el de José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional, que cuestionó, en una mesa redonda, las reformas en materia de terrorismo. El ministro del Interior instó al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas. La justicia desestimó el caso.

Trabas a investigar los crímenes del franquismo

España continúa negándose, asegura Amnistía, a cooperar con la justicia argentina que investiga los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que incluyen desapariciones forzadas, como el robo de bebés, y tortura.

En 2016 las autoridades “pusieron trabas” a la investigación judicial: se impidió tomar declaración a algunas de las víctimas y a los 19 imputados. Según la ONG, la Fiscalía General del Estado elaboró una orden interna “para bloquear” la investigación argentina.“Hay una cerrazón, España es uno de los pocos países sin justicia y reparación y en poner obstáculos 40 años después”, opina Beltrán.

Violencia machista

44 mujeres fueron asesinadas en 2016 por sus parejas y ex parejas, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La ONG critica que no se han evaluado de manera “transparente y participativa” los efectos de la legislación sobre violencia de género que entró en vigor en 2004.

“Es de los pocos delitos donde la víctima tiene que poner la prueba, lo que dificulta la acción penal. Además, el Estado no tiene la obligación de reparar”, precisa el representante de Amnistía España.

La exclusión sanitaria de migrantes, constitucional

Según defiende Amnistía Internacional, las medidas de austeridad “siguen afectando negativamente” al acceso a la salud y la protección social de grupos vulnerables.

El decreto que restringió el acceso de los migrantes irregulares a la asistencia sanitaria universal recibió en 2016 el espaldarazo del Tribunal Constitucional, que declaró la constitucionalidad de la medida. Desde 2012, la tarjeta sanitaria se ha retirado a 748.835 migrantes, según datos de la ONG.

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Continúan los desahucios

Los desahucios no fueron, en 2016, cosa del pasado. En septiembre se habían producido 19.714 desalojos por ejecución hipotecaria y 25.688 por impago de alquiler, según datos del Consejo General del Poder Judicial que, matiza la organización, no reflejan la cantidad real de personas afectadas.

El informe concluye que las personas que se enfrentan a demandas de desalojo “siguen sin disponer de recursos jurídicos adecuados” para hacer valer su derecho a la vivienda.