- Según dice, la legalización de las expulsiones se ajusta a “toda la legislación, nacional e internacional”, algo con lo que discrepa la Agencia de la ONU para los Refugiados
Mariano Rajoy ha defendido la intención del Gobierno de legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla a pesar de tratarse de unas prácticas que incumplen, además de la legislación nacional, diferentes tratados internacionales. El presidente del Gobierno defiende que “se ajustan a toda la legalidad” y ha justificado la futura reforma con un nuevo argumento: como la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (1986) -que recoge la obligación de controlar las fronteras-, es anterior a la Ley de Extranjería (2000) -que incluye el derecho del inmigrante a una expulsión con garantías-, primaría la primera sobre la segunda.
“No atender el problema sería igual a no atender a la legalidad, a la obligación de controlar las fronteras. Por tanto, lo que vamos a hacer es mejorar la cobertura jurídica de unas actuaciones que son previas a la aplicación y procedimientos de la Ley de Extranjeria”, ha defendido el presidente del Gobierno en respuesta a las preguntas lanzadas por el senador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias. Las expulsiones inmediatas de inmigrantes en frontera habían sido negadas por el Gobierno hasta el pasado 13 de febrero e incumplen la Ley de Extranjería, el convenio bilateral con Marruecos y multitud de tratados internacionales que protegen el derecho al asilo.
El anuncio del Gobierno activó la voz de alerta de diferentes expertos y juristas consideran “inconstitucional” la legalización de las expulsiones inmiediatas de inmigrantes, ya que la Constitución Española recoge la obligación del Gobierno de cumplir con los tratados internacionales sobre derechos humanos. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha advertido al Ejecutivo que la reforma supondría la vulneración del derecho de asilo de los potenciales solicitantes de protección internacional que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla y, con ello, incumpliría diferentes tratados internacionales, como la Convención de Ginebra.
Sin embargo, Mariano Rajoy discrepa y reitera que la legalización de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana “se ajusta toda la legislación, nacional e internacional”.
Ante la pregunta del senador del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Enrique Iglesias, el presidente ha indicado que ante esta situación el Gobierno tiene dos opciones, o bien abrir las fronteras para que “entre todo el mundo que lo estime conveniente” y defender su territorio. De elegir la primera, ha advertido de que tendría que explicarlo ante la Unión Europea y a los españoles, por eso es una fórmula que no puede aceptar y, por ello, ha subrayado que el Ejecutivo continuará adelante con la reforma.
El presidente del Gobierno ha recordado la obligación del Estado de custodiar las fronteras en los términos del Código de Fronteras del espacio Schengen y de la normativa interna, una de las cuales es la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986.
Esta normativa, según ha recordado, establece que la vigilancia de las fronteras tiene por objeto principal “impedir el cruce no autorizado de la frontera” y, por su parte, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986, atribuye a la Guardia Civil la misión de custodia de costas y fronteras la entrada ilegal de personas.