Siete refugiados de los 19 que iban a ser reubicados en un primer vuelo desde Italia a España se negaron a subir en el avión: no querían ser trasladados a este país. Han recorrido miles de kilómetros, han atravesado una de las rutas más peligrosas a Europa, han arriesgado su vida en el Mediterráneo. Ahora las autoridades europeas les dicen que su viaje está a punto de finalizar, y les imponen un país, cuyas referencias no son del todo buenas, del que dicen no haber trabajo, en el que temen no lograr la integración durante el tiempo estipulado y verse empujados a un nuevo fracaso, a seguir cruzando fronteras.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría enfatizó este viernes la necesidad de que los refugiados reubicados quisiesen viajar a España para evitar “movimientos secundarios”. No era un mensaje infundado. “Tenemos que asegurarnos de que se quieren quedar”, reiteró el pasado viernes tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando anunció la llegada de 19 personas. Días antes, el primer ministro italiano afirmó que este grupo lo formarían 50 personas. El Ministerio del Interior español no ha aclarado por el momento qué ocurrió con esos 31 demandantes de asilo que finalmente no estaban integrados en el primer viaje.
Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno evidenciaban la dificultad de las autoridades europeas a la hora de recolocar a personas en un país donde no están seguros de si saldrán adelante, como sí lo están cuando piensan en aquellos donde les esperan familiares o amigos, como en Alemania o Austria. Las mismas percepciones que empujan a seguir viajando a miles de sirios que acceden a Europa a través de Melilla, para los que España es un mero país de tránsito.
Son muchos los factores y experiencias pasadas que influyen en el hecho de que España no transmita confianza a algunos refugiados.
El debilitado sistema de acogida español
El aumento de la llegada de refugiados a España no es nueva. Entre 2012 y 2013, pasaron de registrarse 2.588 solicitudes de asilo a 4.513 peticiones. En 2014, el sistema de protección internacional acogió a 5.950 asilados. Sin embargo, el pico registrado en las demandas de asilo no vino acompañado de un incremento proporcional de los fondos públicos destinados a la acogida.
Con la misma inversión, con el mismo número de plazas destinadas a refugiados, el Gobierno atendía a más del doble de personas que huían de la guerra, la persecución y las violaciones de derechos humanos. El efecto fue inmediato: los plazos de estancia en los centros o pisos de acogida se redujeron, las ONG se vieron obligadas a disminuir las prórrogas de las ayudas y se percataron de una nueva tendencia: cada vez más solicitantes de asilo acababan en la calle sin optar a subvenciones, o rechazaban su protección para acabar en otro país con más posibilidades de futuro.
En lo que va de año, el Ejecutivo ha tramitado cerca de 10.000 peticiones de asilo y el Ministerio del Interior espera que la cifra aumente hasta las 18.000 solicitudes, independientemente de los 16.000 refugiados a los que el Gobierno se ha comprometido a reubicar desde Italia y Grecia en un plazo de dos años. Con estos nuevos datos sobre la mesa, el Ejecutivo aumentó los fondos destinados a la acogida de solicitantes y a la tramitación de sus peticiones. Las ONG aún no han entrado a valorar si serán suficientes.
En 6 meses pueden acabar en la calle
El sistema de acogida en España dejó de cubrir las “necesidades reales” de muchos refugiados hace cerca de dos años, según asegura el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y diferentes organizaciones implicadas. Ante la falta de fondos suficientes, el Gobierno exigió a las ONG encargadas del servicio público de la acogida en España aplicar un sistema de fases en el proceso de integración, que en la práctica acaba con la finalización de las ayudas transcurridos los primeros 6 meses, excepto casos muy vulnerables. Son varios los episodios documentados por eldiario.es en los que los refugiados han acabado en situaciones de mendicidad o al borde del desahucio.
En la actualidad se está expulsando de los centros o dejando sin ayudas a personas que aún no están preparadas para una vida “normalizada”. Las ONG especializadas en refugiados indican que seis meses, por lo general, no son suficientes para lograr la autonomía de un refugiado o demandante de asilo. Son personas que huyen de la guerra o de graves vulneraciones de derechos humanos en sus países de origen, personas que han arriesgado su vida para llegar hasta España, que pueden presentar síndromes post traumáticos, que tienen que aprender un nuevo idioma y adaptarse, en muchos casos, a culturas muy diferentes.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz aseguró este lunes que el Gobierno tiene la intención de no solo de “acoger” a los refugiados “sino de integrarlos y de darles todas las ayudas necesarias para que se integren en plenitud derechos en nuestra sociedad, en nuestro país”.
Falta de redes familiares y desempleo
Las diferencias de éxito en la integración de estas personas, motivadas también por la mejor situación económica y laboral, han situado a los países del norte de Europa como los principales destinos de los refugiados. Al posicionarse como los lugares de referencia para los solicitantes de asilo y haber acogido a cientos de miles de personas, es común que los que ahora inician su huida conozcan a alguien que ya haya logrado su objetivo. Y que pueda ayudarle allá donde esté.
“Influyen mucho las redes sociales y familiares de aquellos países donde se ha dado una mayor acogida. Las conversaciones entre los que llegan y les ha ido bien y aquellos que se plantean partir es inmediata”, explica María Tejada, portavoz de la ONG Accem. “Es el boca a boca de toda la vida y el tener la seguridad de que en determinado país tienes a alguien que conoces y te puede ayudar”, añade. “Pero esta tendencia puede cambiar, y las redes se generan en la medida en la que los refugiados están contentos con su estancia en el país”, matiza.
Protección internacional temporal
Existen dos formas de protección internacional. Las autoridades españolas pueden optar por el estatuto de refugiado o por el de protección subsidiaria. Esta última vía está encaminada a la acogida de personas que no pueden regresar a su país de origen porque corren el riesgo de ser ejecutadas, de ser torturadas o sometidas a tratos degradantes o de morir en una situación de violencia generalizada e indiscriminada, como la que vive Siria.
Algunas ONG describen el estatuto de protección subsidiaria como “el asilo de segunda categoría”: aunque sus beneficiarios en la práctica optan a los mismos derechos que aquellos que obtienen el refugio, estos son retirados cuando “las circunstancias que condujeron a su concesión dejen de existir o cambien de tal forma que dicha protección no sea necesaria”. También son revocados si abandonan el país de acogida de forma permanente, por lo que tienen que revisar su documentación en periodos determinados.
Esta es la protección que obtienen de manera automática los sirios en nuestro país, mientras que en otros estados se les concede el estatuto de refugiados. Cuando cese el conflicto, estas personas podrán quedarse en España siempre y cuando cumplan los requisitos del régimen habitual establecido por la normativa de Extranjería, mientras que el otro método de protección aporta mayores garantías de permanencia en el país en un futuro.
Condiciones de acogida diferentes en la UE
A pesar de alcanzar suelo europeo, decenas de miles de refugiados no acaban su huida en el primer estado comunitario que pisan. Por eso, su viaje no acaba cuando llegan a Grecia, a Italia o a España y prefieren continuar atravesando obstáculos hasta un país donde, según entienden, sus condiciones de acogida serán mejores.
“Las garantías para los refugiados, los criterios a la hora de dar un tipo de protección u otra, los plazos de resolución y la calidad de la acogida son muy diferentes”, explicó a eldiario.es Rosa Otero, portavoz de Acnur. Para evitarlo, la Unión Europea inició su compromiso de conformar un sistema común de asilo europeo -a través del que las condiciones fuesen similares en todos los estados miembros- en 1999. A partir de entonces, se iniciaron numerosas reformas de las normas existentes que, a día de hoy, los países europeos aún no han aplicado.
La Comisión Europea ha abierto expedientes de infracción a 19 estados miembros, entre ellos España, por no llevar a la práctica las directivas encaminadas a alcanzar estas condiciones comunes de protección internacional.