“Mi sueño es poder apoyar la cabeza en la almohada para dormir sin pensar que mañana me pueden obligar a ir a la calle. Por ahora, se canceló el vuelo a España, pero no sabemos qué nos depara el futuro. Vivo por la esperanza”, dice un joven sirio desde el centro de detención de inmigrantes conocido como Brook House, situado en en los terrenos del aeropuerto de Gatwick (Londres). Se encuentra pendiente de una deportación a Madrid organizada por el gobierno británico, que en los últimos meses ha acelerado el ritmo de las deportaciones de solicitantes de asilo a España.
El joven pasó por Libia hasta cruzar a Argelia y, de ahí, a Marruecos para poder pisar suelo europeo en la ciudad autónoma de Melilla. Fue allí donde dejó su huella para cruzar al continente y continuar su recorrido hasta alcanzar Reino Unido, atravesando previamente el Canal de la Mancha. Todos esos esfuerzos fueron en vano y se estancaron en el centro de detención de Brook House, a la espera de su deportación a España en virtud del Reglamento de Dublín III, la normativa de la Unión Europea que permite a los gobiernos transferir la responsabilidad de evaluar la solicitud de asilo de una persona a aquel estado donde consta que accedió a suelo comunitario y, por tanto, dejara su huella dactilar.
El gobierno británico, amparándose en esta normativa, ha puesto en marcha una estrategia de deportaciones en vuelos chárter, dirigidos a quienes cruzaron el Canal de la Mancha, hacia países como Francia, Alemania o España y que se conoce como “Operación Sillath”. Lo hace meses antes de su salida de la Unión Europea, cuando el país quedará fuera de este marco jurídico.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y 30 de junio de 2020, España recibió 148 peticiones de aplicación del Reglamento de Dublín, por parte del Reino Unido; de las cuales fueron aceptadas 148. Unas cifras que ya superan a las 134 solicitudes realizadas a las autoridades españolas por sus homólogas británicas, en los 12 meses del año pasado.
“¿Puedes creer que nuestra única esperanza es vivir a salvo con nuestras familias? Este es mi único sueño”, sostiene el joven, después de conocer la suspensión temporal de su deportación. Su testimonio ha sido publicado en el portal Detainedvoices.com (Voces Detenidas), que recopila las vivencias, denuncias y experiencias de personas que han pasado por los centros de detención de inmigrantes en Reino Unido, o de sus familiares.
Activistas de España y Reino Unido se unen para apoyar a las personas deportadas
Para apoyar a los extranjeros recluidos en Brook House, el colectivo ciudadano SOAS Detaine Support realiza visitas a estos centros de internamiento de inmigrantes con el objetivo de “reducir el aislamiento y ofrecer apoyo para detener las deportaciones y acelerar la puesta en libertad” de los internos. “Estamos en contacto con otros grupos en España y otros países europeos para apoyar a las personas refugiadas que son expulsadas de Reino Unido”, explica uno de los voluntarios, Tom Kemp, en conversación telefónica con elDiario.es. A través de esta conexión transfronteriza, el pasado 3 de septiembre un grupo de 12 refugiados sirios, de entre 18 y 45 años, que fue deportado desde Londres pudo encontrarse a su llegada en Madrid con varios grupos de voluntarios que evitaron que pasasen esa noche en la calle.
“Llegaron con una copia digital de sus pasaportes porque las autoridades inglesas se los quitaron. No tenían dinero, ni comida ni nada, no tenían donde dormir. Pero gracias a que nos movimos entre gente afín y a una campaña de crowdfunding que se lanzó desde Inglaterra, pudimos pagarles el alojamiento en una pensión y que no se quedaran en la calle”, recuerda Kilde, una de las personas que les acompañó aquel día.
Aunque en 2019 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dictara una instrucción por la que establece el derecho de estas personas a reingresas en el programa oficial de acogida, no existe ningún protocolo que suponga su inmediata reinserción.
Esta situación les obliga a solicitar otros recursos de emergencia, como la atención del Samur Social en Madrid o Cruz Roja, donde en ocasiones también se chocan con el colapso de sus recursos. Ante esta situación, las personas ‘dublinadas’ (como se conocen a los refugiados afectados por la normativa europea) se vean atrapadas en una situación de calle o extrema precariedad, sin red de apoyo jurídico ni social. Un cerrojazo administrativo que desgasta emocionalmente a estas personas que acumulan años de huida y que en muchas ocasiones les empuja a intentar cruzar de nuevo las fronteras para volver al país de donde han sido devueltos.
Este jueves estaba previsto otro vuelo con destino a Madrid con unas 20 personas de origen sirio y yemení, procedente de Reino Unido y que finalmente ha sido cancelado debido a una orden judicial emitida tras el recurso del grupo de abogados Duncan Lewis Public Law, en la que alegaban que los pasajeros estaban siendo deportados “sin tener la oportunidad de solicitar el asesoramiento adecuado”.
A lo largo de la jornada, fuentes del Ministerio de Interior español aseguraron desconocer los motivos de la cancelación. Las mismas fuentes ministeriales reconocen que “no está por el momento previsto que los reasentamientos vía Dublín se paralicen por cuestiones sanitarias”, como sí ocurrió durante los meses del estado de alarma.
El Gobierno británico presume en Twitter
“Parece que el Brexit está acelerando las deportaciones a estados miembros de la UE”, señala el activista Tom Kemp. A partir del 31 de diciembre, la salida de Reino Unido de la UE, el país quedará excluido del Convenio Dublín III. El gobierno de Boris Johnson “está intentado hacer negociaciones bilaterales con diferentes países para seguir deportando”, detalla. En los últimos meses, Gran Bretaña ha intensificado las reuniones con Francia para lograr un acuerdo migratorio posterior al Brexit, informa The Guardian.
A través de Twitter, el Ministerio del Interior británico presume de cada devolución efectuada hacia “países seguros de la UE” y señala a aquellos “inmigrantes que cruzaron ilegalmente el Canal (de la Mancha)”. La última publicación de estas características se proddujo el pasado 29 de septiembre. “Hoy hemos devuelto inmigrantes sin derecho a permanecer en Reino Unido a Finlandia y Suecia. Estas devoluciones son completamente legítimas y seguimos trabajando para detener los cruces del Canal de la Mancha, facilitados ilegalmente desde países seguros de la UE”, rezaba el tuit acompañado de una imagen de un avión con el eslogan: “Más inmigrantes del Canal son devueltos a países seguros de la Unión Europea”.
Lo mismo ocurrió el pasado 3 de septiembre cuando se efectuó el último vuelo hasta la fecha rumbo a Madrid. “Estamos decididos a poner fin a estos cruces del Canal facilitados ilegalmente. Hoy más gente ha sido devuelta a España”, podía leerse en el mensaje que fue retuiteado por la propia ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel y que iba acompañado de un vídeo en el que calificaban de “legítimos y apropiados” sus “esfuerzos para facilitar las devoluciones a estados de la UE, pero que a menudo son frustrados por la inflexible regulación de Dublín”.