Padres y madres corriendo con sus hijos en brazos, huyendo de policías húngaros. Agentes 'fumigando' con gas pimienta a los refugiados y migrantes que intentaban romper la valla que los separa de la Unión Europea. Son las escenas que se vivieron este miércoles en la frontera húngara con Serbia y que se ganaron numerosas críticas. También de responsables políticos. Un día después, Dimitris Avramopoulos, comisario europeo de Inmigración, visitó Budapest y afirmó que “la violencia no es la solución”. Algunas voces exigen más, que la Comisión imponga las sanciones disponibles ante las vulneraciones de derechos humanos en suelo comunitario.
Muchos de los que piden hechos miran a la Comisión Europea. Es el organismo de la UE que garantiza el cumplimiento del Derecho de la UE, de los tratados y directivas firmadas por los estados miembros. Y, por tanto, tiene herramientas para castigar al estado que franquee las líneas rojas.
Hungría –que forma parte de los 28 desde 2004– ha traspasado muchas, dicen desde colectivos como la Abogacía Española. Los valores que recogen los tratados europeos, que garantizan por ley cuestiones como el “respeto de la dignidad humana”, el “respeto de los derechos humanos” y “la no discriminación”, no encajan con las cargas policiales que han dejado heridos a niños y a familias que piden auxilio a los países europeos en una situación de desprotección total.
Tampoco lo hacen los rechazos de peticiones de asilo en 10 o 20 minutos. “No me preguntaron sobre mi vida”, contó a The Guardian Zahir Habbal, un ciudadano sirio cuya demanda de protección internacional fue rechazada el primer día de aplicación de la nueva ley de inmigración del gobierno húngaro de Viktor Orbán. La norma criminaliza la inmigración irregular y la sanciona con penas de cárcel de entre uno y tres años. Cinco si la persona “está armada o daña la valla” para acceder a suelo húngaro, según informó la agencia Efe.
Hungría reconoce el derecho al asilo –blindado por directivas y tratados internacionales de los que forma parte– pero su aplicación, dados los testimonios, queda en entredicho. Shiraz Hawladea, un hombre de Bangladesh, repitió al diario británico la misma escena: “Solo me preguntaron mi nombre, mi país y la ruta por la que había venido”. Después, la denegación.
Contra la valla que aísla a los migrantes y refugiados es más complejo iniciar acciones legales. Los países, indican desde las instituciones europeas, tienen derecho a proteger su territorio. De hecho, no se han tomado medidas contra las vallas de España, Grecia y Bulgaria, por ejemplo.
Estas son algunas de las principales vías que sí puede utilizar la UE para castigar las escenas en Hungría de las que reniegan los políticos en sus discursos, las que dejan en entredicho el derecho comunitario en materias como el asilo, la dignidad y la no discriminación, entre otras.
Un procedimiento de infracción de Bruselas
Si un país no cumple con el derecho europeo, la Comisión Europea debe iniciar un proceso para que así sea. Si no se consigue una solución temprana, después de las primeras comunicaciones, puede iniciar un procedimiento formal de infracción. Primero, hay una fase administrativa, pero si el país no solventa la infracción, Bruselas puede llevar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión ha anunciado que está haciendo “una primera evaluación de la nueva ley húngara y hemos pedido algunas aclaraciones a las autoridades”. Según fuentes comunitarias, que no se quieren anticipar a las conclusiones de esta primera evaluación, el objetivo es “que se respeten los derechos fundamentales de los refugiados”. Si no se cumplen, como denuncian diversas organizaciones humanitarias, Hungría podría pasar por este proceso.
El presidente Jean-Claude Juncker afirmó el pasado 9 de septiembre que “la Comisión tuvo que iniciar antes del verano una primera serie de 32 procedimiento de infracción” sobre derecho asilo. “En los próximos días se pondrá en marcha una segunda serie”, indicó. España es uno de los países investigados por la Comisión (en un proceso abierto el año pasado), al igual que Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania y Hungría, entre otros.
Este procedimiento es uno de los más probables, según Eduard Sagarra, presidente de ANUE y experto en Derecho Internacional, en el que se “revise si la noma húngara respeta el propio espíritu de la UE”. Si nada cambiase y Orbán defendiera como hasta ahora su política contra los refugiados, el último paso sería sentar al estado ante el TJUE. Este escalón apenas se completa: en los últimos años, más del 85% de los asuntos “se solucionaron antes de la fase contenciosa”, indica Bruselas.
Los 28 también pueden pedir justicia
El rechazo de los refugiados por Hungría está afectando al resto de países. Los disturbios y agresiones en la frontera están desviando las rutas hacia Croacia, que en dos días ha recibido miles de refugiados y, el viernes, cerró su frontera. Croacia y Hungría protagonizaron escenas en las que 'rebotaban' los refugiados en autobuses hacia las fronteras con sus países vecinos: Hungría, en el caso de Croacia, y Austria en el de Hungría.
Si en algún caso un país estima que otro estado miembro “ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados”, puede recurrir al TJUE, según el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Antes, deberá someter el tema a la Comisión, que debe emitir un informe una vez se hayan justificado los países. Pero, si la Comisión no responde en el plazo de tres meses, la vía de la justicia sigue abierta.
La expulsión temporal de la UE
Un editorial en The Washington Post exigía a la Unión Europea demostrar “de un modo u otro” su rechazo frontal a las políticas de Orbán. El periódico recordaba la posibilidad de la UE de suspender la capacidad de voto de un estado miembro, contemplada en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Este tiene el objetivo de garantizar “que todos los países de la UE respeten los valores comunes de la Unión”, entre los que se encuentra el respeto a los derechos humanos y la no discriminación.
Esta posibilidad permite que el Consejo Europeo suspenda ciertos derechos, como el de voto, en caso de una “violación grave” prolongada en el tiempo.
La socialista Elena Valenciano, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, también ha apuntado hacia la expulsión temporal de Hungría. Valenciano ha presentado un escrito dirigido a la Comisión –que deberá responder en 15 días– en el que pregunta si Bruselas se plantea “suspender temporalmente a Hungría como miembro de la UE”.
Esta vía “es bastante inviable”, indica una fuente jurídica. “Es un acuerdo político y un mensaje muy fuerte”, apunta.
La sugerencia de Alemania: restringir los fondos
No es un mecanismo habilitado por el momento, pero Alemania y el presidente de la Comisión Europea se han referido a él como un método de presión hacia los “países insolidarios” (aquellos, como Hungría, que no aceptan el reparto de 120.000 refugiados que propone Bruselas).
El titular alemán del Interior, Thomas de Maizière, lamentó que a estos países “no les pasa nada”, sino que los refugiados “sencillamente les pasan de largo”, por lo que mencionó la posibilidad de recortarles los medios que reciben de los fondos estructurales comunitarios.
Fuentes de la Comisión negaron esta semana que el mecanismo estuviera, por el momento, respaldado por la ley.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Cualquier ciudadano que haya visto vulnerados sus derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) puede acudir al denominado Tribunal de Estrasburgo. Una vez agotada la vía interna de la justicia de un país, el TEDH vela por el cumplimiento del Convenio Europeo.
En España, los casos de devoluciones en caliente de dos personas hicieron que quedaran registradas ambas demandas contra el estado español en Estrasburgo. El TEDH pidió al Gobierno de España explicaciones sobre ambas expulsiones sumarias. En el caso de los refugiados, podría darse una situación similar si alguno quisiera denunciar la violación de algún derecho de la Carta, como el que impide un “tratos inhumanos o degradantes”.