Hace casi un año, las ONG españolas clamaron de indignación después de que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) concediese una dotación económica a la Fundación Repsol para un proyecto “de apoyo a las comunidades de la Amazonia ecuatoriana”, zona donde Repsol tiene proyectos petrolíferos. La ayuda fue muy polémica por concederse a una entidad con denuncias de medioambiente en el terreno y por mezclar dos conceptos, cooperación y sector privado, a primera vista contradictorios.
Con el tifón de Filipinas, el Banco de Santander ha donado 250.000 euros a una Aecid maltrecha económicamente para fletar un avión con ayuda humanitaria. Estos son ejemplos recientes, pero la ley de cooperación de 1995 ya abría la puerta a la entrada del sector privado en la cooperación al desarrollo y, en estos 20 años, su presencia ha ido creciendo.
“La presencia del sector privado no es solo a través de instrumentos económicos y comerciales puros y duros (como los famosos créditos FAD y ahora con su sucesor, el Fonprode), sino que se ha extendido hasta el punto que se han privatizado parcelas importantes de la cooperación al servicio de entidades de todo tipo que gestionan espacios cada vez más importantes, entre las que podemos mencionar la Fundación Carolina, P4R, Tragsa y FIIAPP”, advierte Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología y director del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante.
Desde la Plataforma 2015 y Más distinguen tres ámbitos: el sector privado con capacidad de influir en los programas y tomas de decisiones de los gobiernos, el uso de fondos de inversión y modalidades económicas similares dentro de la cooperación y la privatización de la política de cooperación. “Ésta última suele presentarse como una delegación de la gestión por motivos de abaratamiento de costes y eficacia. Ahora lo relacionamos con los recortes pero es una tendencia de carácter internacional desde hace dos décadas y que ya había ganado muchos espacios en España”, señala Pablo Martínez, coordinador de Plataforma 2015 y Más.
En esta organización aclaran que esta tendencia hacia la privatización no es exclusiva de la cooperación española sino que viene de un marco internacional con una presencia de representantes del sector privado en todos los debates y foros internacionales en los que se establecen los acuerdos y ayudas sobre desarrollo. “Ese espacio lo han ganado principalmente a través de grandes fundaciones filantrópicas y algunas plataformas conjuntas, de las que el International Leaders Forum es las más representativa y activa en los foros internacionales y engloba a 150 compañías como BP, Shell, Credit Suisse o Coca Cola”, señala Martínez.
El cambio del modelo
Ya en el ámbito nacional, este experto advierte de que los argumentos que se están construyendo en el sector de la cooperación sobre las ventajas de la entrada de las empresas en las políticas de cooperación van desde su supuesta capacidad y conocimiento hasta las afirmaciones que defienden que de esta manera se consiguen fondos adicionales que complementan las aportaciones públicas.
“El Gobierno del PP está cambiando el modelo de cooperación y ha introducido al sector privado como actor relevante con dos objetivos: suplir los enormes recortes públicos y poner la ayuda al desarrollo al servicio de intereses empresariales de internacionalización y marketing”, denuncia por su parte Laia Ortiz, diputada de ICV y miembro de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados. “Niega las recomendaciones internacionales de desvincular la ayuda de los intereses. Por ejemplo, España prioriza países de renta media para cooperar porque hay más opciones de negocio y abrir camino a empresas”, añade.
Precisamente el tema de la presencia del sector privado fue uno de los protagonistas de una jornada reciente organizada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde) sobre salud global. Allí se habló de cómo el interés de algunas ONG en las empresas ha aumentado por la necesidad de sobrevivir en tiempos de crisis. Conectado por Skype desde Bruselas, Olivier Consolo, de la plataforma Concord, habló incluso de hipocresía por parte de algunas organizaciones: “Hay ONG que ya están hablando bien del sector privado pensando en el dinero. Las grandes son las que están en esta línea y esto terminará explotándonos en la cara”.
El código de conducta de Congde señala que cada organización debe ser la que decida si quiere colaborar con empresas pero que dicha relación debe respetar “los valores de independencia, transparencia y eficacia” en puntos tan determinantes como el proveedor, el subcontratista, etcétera. “Hay cuestiones de cooperación tecnológica que hacen que, en algunos casos, las empresas sean necesarias. Imaginemos la instalación de paneles solares en la construcción de viviendas sostenibles en Honduras. Pues, indudablemente, hay cooperación. También está claro que hay empresas que han creado sus propias ONG para diversificar sus proyectos y abrir nuevos nichos de mercado. El ejemplo podría ser Energía sin Fronteras, de las compañías eléctricas”, explica David Álvarez, profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y secretario del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.
Para Gómez Gil, “resulta inmoral que se estén retirando recursos a ONG especializadas con décadas de un trabajo sobresaliente en países y sectores, o a todas las universidades españolas, para dar más medios a empresas, multinacionales, organizaciones empresariales e instituciones financieras de todo pelaje. Todo ello se trata de justificar con argumentos arcaicos e interesados, como el interés nacional o la marca España, a los que por cierto se están prestando algunas ONG, alejando así nuestra ayuda de las prácticas más relevantes de los donantes más destacados”.
Aumentar la base
Tanto Álvarez como Gómez Gil coinciden en que lo importante para que las ONG se liberen de la dependencia de empresas privadas es aumentar su base social. “Un buen número de ONG ha venido optando por captar y gestionar cada vez más recursos, al precio que sea, en lugar de ensanchar su base social, ofrecer cauces nuevos de participación e intervención efectiva y aumentar su capacidad crítica frente a instituciones y la sociedad misma”, señala Gómez Gil. “No se trata de renunciar a fondos en función de su procedencia, sino que debe de estar equilibrada la proporción entre públicos y privados. Ahora bien, lo que tengo claro es que todos deberíamos avanzar en ampliar la base social y depender sólo de las cuotas”, agrega Álvarez.
“Creo que es el Gobierno el que debe mantener la política pública de cooperación al margen de los intereses empresariales. Las ONG son muy plurales y algunas colaboran y otras no. Si las empresas quieren hacer ”filantropía“, están en su derecho y mejor que lo hagan en colaboración con las ONG que tienen el conocimiento y una perspectiva del desarrollo”, afirma Laia Ortiz.
Pablo Martínez concluye con un futuro desalentador: “Muy pronto, si las cosas no cambian, veremos licitaciones y concursos para construir 1.500 letrinas en el sur de Senegal (por poner un ejemplo), concurso que ganará la fórmula más barata aunque sacrifique cuestiones esenciales del desarrollo como la participación comunitaria o el acompañamiento de procesos de empoderamiento”.