La transición democrática sudanesa ha sido elogiada por sus reformas más recientes, que han despenalizado la apostasía, prohibido la mutilación genital femenina y puesto fin a la ley que obligaba a las mujeres a pedir permiso para viajar. Según activistas de la lucha por la igualdad, la nueva legislación representa un enorme avance en la lucha contra la discriminación que han sufrido las mujeres y las minorías durante los 30 años de gobierno de Omar Al-Bashir, que finalizaron en 2019.
La organización de lucha contra la tortura, Redress, y el Centro Africano de Estudios por la Justicia y la Paz, con sede en Sudán, han dicho que las medidas “son un paso en la dirección correcta en el camino de Sudán hacia la eliminación de la violencia sistémica contra las mujeres y las minorías”.
“Alentamos al nuevo gobierno a seguir haciendo reformas de leyes y políticas con el fin de erradicar la tortura del país y para que las víctimas consigan justicia y compensaciones”, afirma Charlie Loudon, asesor legal internacional de Redress.
El ministro de Justicia, Nasredeen Abdulbari, anunció la semana pasada que la apostasía -que se utilizó contra las minorías religiosas y estaba castigada con pena de muerte- ya no será considerada un delito penal. Además, aseguró que la población no musulmana podrá consumir alcohol en privado. Abdulbari señaló que las reformas “son un gran paso hacia la consolidación de una de las consignas de la victoriosa revolución de diciembre, la libertad”.
Las infames leyes de apostasía sudanesas llegaron a las primeras planas por el caso de Meriam Ibrahim, una mujer criada por su madre cristiana, pero condenada a muerte por un tribunal sudanés por abandonar el Islam, la religión de su padre. Ibrahim fue liberada en 2018 tras numerosas protestas internacionales.
Las reformas han sido la continuación de la abolición a finales de 2019 de la tristemente célebre Ley de Orden Público. El artículo 152 de esa ley incluía el castigo de 40 latigazos a las mujeres que utilizaran pantalones en público.
“Cuántas mujeres han sido torturadas por estas leyes injustas y humillantes… Gracias, gloriosa revolución”, escribió Ihsan Fagiri, directora de la Iniciativa No a la Opresión contra las Mujeres. Fagiri afirmó en otra ocasión que, solo en el año 2016, 45.000 mujeres fueron procesadas penalmente bajo la Ley de Orden Público.
Ola Diab, editora de 500 Words (500 Palabras), una revista cultural sudanesa de publicación online, afirma que las reformas son “importantes primeros pasos”. “La cuestión será la implementación de estas leyes. Creo que allí residirá el desafío y entonces veremos si estas leyes realmente pueden traer cambios en serio”, dice Diab, remarcando que cree que algunas reformas, como la prohibición de la mutilación genital femenina, generarán resistencia social.
Diab añade que es necesario cambiar muchas otras leyes, como las que condenan a las víctimas de violación por cargos de adulterio y a las mujeres en relaciones de orientación sexual mixta por cargos de prostitución. Loudon apunta que Sudán debe tomar medidas para llevar a la práctica estos cambios legales.
“Se tendrán que modificar las políticas internas de las agencias de gobierno pertinentes, como la policía, los servicios de Inteligencia o las Fuerzas Armadas”, sostiene, para lo que a su juicio es “fundamental” la implementación de procesos de formación.
Traducido por Lucía Balducci