“Plaga de insectos” en el centro de Motril donde retuvieron a los supervivientes del último naufragio en el Mar de Alborán

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado el cierre del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Motril, en Granada, hasta que sea fumigado al asegurar que está infestado por una “plaga de insectos”, posiblemente pulgas. En este centro fueron detenidos, tras más de 24 horas a la deriva y ver morir a sus compañeros, 21 supervivientes del naufragio en el Mar de Alborán que dejó 22 desaparecidos el pasado 20 de junio.

El sindicato policial ha censurado en un comunicado que el centro instalado en el puerto haya sido “reabierto” pese a sus malas condiciones –muy criticadas por ONG y el Defensor del Pueblo– y que con esta acción se haya “puesto en peligro la salud de los policías que allí trabajan, la de sus familias y la de los propios inmigrantes”. 

Desde el SUP han trasladado esta información a la Comisión de Seguridad y Salud de la Policía Nacional para que realice la oportuna valoración sobre las condiciones en las que están trabajando en estos momentos. El sindicato sostiene que llevan “mucho tiempo” pidiendo el cierre definitivo de este centro “al no cumplir con las medidas necesarias de seguridad y de higiene establecidas legalmente”. Han exigido así que se depuren las responsabilidades en caso de haberse producido una mala praxis como a su juicio ha pasado y reclaman que se construya un nuevo CATE como estaba programado. La apertura de un centro de detención en la localidad ha recibido el rechazo de vecinos y organizaciones sociales como la plataforma CIEs No. 

Estas instalaciones, que en la práctica son una extensión de los calabozos policiales destinada a migrantes recién llegados en patera, han sido objeto de numerosas críticas por parte del Defensor del Pueblo, que ha exigido en varias ocasiones al Gobierno su cierre.

“Las instalaciones no reúnen condiciones de salubridad y un acondicionamiento básico suficiente para la acogida de decenas de personas”, afirmó la institución en noviembre de 2017. En 2018, repitió que seguía manteniendo “las mismas conclusiones”. La Ley de Extranjería obliga a trasladar a comisaría durante un máximo de 72 horas a los migrantes llegados a territorio español de forma irregular con el objetivo de identificarles e iniciar los trámites de expulsión.