El inicio del juicio por el asesinato hace más de dos años de la activista hondureña Berta Cáceres fue nuevamente suspendido este lunes hasta nueva fecha, según informó a Efe una fuente oficial. El juicio oral y público, previsto este lunes tras dos aplazamientos, “se suspendió” debido a que “la acusación privada interpuso una apelación”, Lucía Villars.
“La acusación privada considera que el tribunal (de sentencia) no tiene competencia de conocer la causa”, subrayó Villars, quien indicó que la Sala de lo Penal resolverá el recurso y se pronunciará sobre él este miércoles.
Es la segunda vez que la familia de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, presenta una apelación contra el tribunal de sentencia.
Los ocho imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.
Todos son acusados por el Ministerio Público por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.
La líder indígena hondureña se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
La portavoz del Tribunal Supremo dijo que se espera que la Sala de lo Penal emita su resolución el miércoles. De declarar sin lugar la apelación, el juicio comenzaría ese mismo día.
Tras dos años de varapalos, el caso se encontraba a la espera de celebración del juicio oral entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por la defensa y la familia de la líder indígena. “Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar”, explicó Laura Zúñiga, una de las hijas de la defensora, en una entrevista con eldiario.es.
En estos dos años y medio, el COPINH ha mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por que las autoridades no hayan investigado a ningún alto cargo del Ejecutivo o de la compañía en relación con el asesinato. Ante la falta de respuesta a la petición de una investigación independiente, los familiares y el COPINH crearon un grupo de expertos internacionales (GAIPE) para estudiar los hechos. Sus conclusiones quedaron reflejadas en un informe que documentaba la implicación de agentes estatales y la hidroeléctrica hondureña en el asesinato de la líder hondureña