El mundo consume en la actualidad el doble de pescado que en los años sesenta. Lo suministran cadenas más complejas y más largas, también más opacas, que a menudo se extienden en miles de kilómetros y engloban a varios intermediarios. En esta telaraña, los trabajadores del sector pesquero que tratan de abastecer la creciente demanda mundial se enfrentan a “atroces violaciones de los derechos humanos y abusos laborales” persistentes, según ha denunciado Hilal Elver, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, ante el Consejo de Derechos Humanos que se celebra estos días en Ginebra.
En un informe presentado al organismo, Elver expone las “terribles condiciones” que enfrentan a menudo quienes trabajan en los buques pesqueros, las piscifactorías y las fábricas de transformación en todo el mundo. La relatora pone la lupa en el aumento de la demanda mundial de pescado y marisco baratos y en amplias cantidades, sobre todo de especies como el salmón, el atún y la gamba, como uno de los factores que empujan “la continua búsqueda de mano de obra barata” en el sector.
“La demanda constante de determinados tipos de especies por parte de los consumidores no solo perpetúa las prácticas de sobrepesca, sino que aumenta el riesgo de explotación laboral, ya que las empresas tratarán de recortar la protección de los trabajadores para maximizar los beneficios”, argumenta Elver, quien subraya la “falta de medidas” por parte de los Estados para protegerlos de forma adecuada.
El comercio mundial es el que garantiza que el pescado esté disponible a precios asequibles, recalca la experta. “Incluso si una especie determinada se encuentra al borde del colapso en un área concreta, podría abundar en otra región, o podría ser criada en piscifactorías”. La relatora pone como ejemplo el consumo de gamba en EEUU, que, explica, lleva excediendo la producción nacional desde 1982, pero los consumidores siguen adquiriéndola a precios bajos durante todo el año gracias a las piscifactorías y al comercio mundial.
Se estima que entre 660 y 880 millones de personas, es decir, en torno al 10% de la población mundial, dependen de la pesca directa o indirectamente para vivir, según el informe. Alrededor del 10 % de los trabajadores viven en África y el 4%, en América Latina y el Caribe.
La enorme mayoría, un 85%, se encuentra en Asia. De este último continente es de donde procede, precisamente, más de la mitad del pescado mundial capturado en aguas continentales. Asia es la que también concentra el mayor número de pequeños y medianos piscicultores, el 90%, que controlan la gran mayoría de este sector de producción, que es el de mayor crecimiento y el que más empleo ha generado en las últimas décadas dentro de la pesca.
Salarios bajos, jornadas de 20 horas y riesgo laboral
“En las cadenas de suministro mundiales existen condiciones de trabajo abusivas que buscan maximizar la producción con el menor costo económico posible y a expensas de los trabajadores”, explica Elver, quien insiste en una paradoja: si bien los empleados del sector pesquero son una pieza clave para acabar con el hambre en el mundo, la mayoría de las 120 millones de personas que dependen directamente de actividades relacionadas con la pesca para sobrevivir ganan tan poco que no pueden cubrir sus necesidades más básicas, entre ellas la alimentación.
El documento expone el ejemplo de Bangladesh, donde el 87% de los pescadores viven por debajo del umbral de la pobreza. Es frecuente que los sueldos que cobran los trabajadores del sector pesquero sean inferiores al salario mínimo nacional, de acuerdo con el informe. Se calcula que 5,8 millones de trabajadores de la pesca a pequeña escala, que incluye la pesca de subsistencia y artesanal, ganan menos de 1 dólar al día. Asimismo, es común que muchos reciban una cantidad “muy inferior a la prometida inicialmente o la esperada”.
En la otra cara de la moneda están las jornadas de trabajo extenuantes. El informe pone de relieve que hay pescadores en buques comerciales que “trabajan entre 14 y 16 horas al día y, en los casos más extremos, hasta 20 horas al día”. En la acuicultura y el procesamiento de productos marinos, el horario de trabajo “suele superar al previsto en las normas laborales recomendadas”. En este sentido, pone como ejemplo países como Ecuador e India, donde los empleados de la acuicultura trabajan hasta 16 o 18 horas diarias. Además, es común el consumo de drogas como anfetaminas para poder afrontar mejor las largas jornadas de trabajo entre los trabajadores.
Las interminables jornadas laborales también se traducen en un aumento del riesgo de accidentes en un sector, recuerda Elver, “intrínsecamente peligroso” donde se registran altos índices de lesiones y enfermedades. Se calcula que cada año mueren aproximadamente 24.000 trabajadores en la pesca con fines comerciales. La mayoría de estas muertes tienen lugar en el mar y se producen por “sobreexposición a altas temperaturas, al sol o al agua salada”, o como consecuencia del uso de equipos peligrosos para pescar, clasificar y almacenar el producto.
“Las embarcaciones no suelen estar dotadas de medidas de salvamento sencillas, como chalecos salvavidas y suministros médicos, y en ocasiones los patrones no están dispuestos a regresar a la costa para que se preste atención médica”, sostiene la especialista. En las regiones del Ártico, por ejemplo, los pescadores que faenan sobre el hielo corren el riesgo de sufrir hipotermia. En el caso de los piscicultores, su salud puede resentirse por la exposición prolongada a productos tóxicos como los desinfectantes.
A todo ello se le suma que muchos empleados, generalmente, trabajan en entornos aislados muy poco favorables a que se afilien a sindicatos para defender una mejora de sus condiciones. “Incluso en entornos en los que pueden reunirse más fácilmente, como las plantas de procesamiento de alimentos marinos, los empleadores suelen advertir contra la creación de sindicatos y en ocasiones amenazan con despedir a los líderes sindicales y a los trabajadores sindicados”. El informe expone el caso de uno de los mayores exportadores de atún de Filipinas, el Citra Mina Group of Companies, que rescindió los contratos a 234 empleados por sindicarse. “Pese a las medidas dirigidas a aumentar la afiliación sindical”, se calcula que el 1% de los trabajadores empleados en la pesca están sindicados.
Esclavitud moderna de migrantes, abusos a mujeres
Elver concluye que los casos de “abuso físico y de explotación laboral” en el sector pesquero “son generalizados”. Hace especial hincapié en la situación de los trabajadores migrantes, las mujeres y los niños, “especialmente vulnerables a las formas más graves de explotación”. En el primer caso, aunque conforman uno de los gruesos más importantes de la mano de obra del sector, están expuestos al trabajo forzoso, el trabajo en régimen de servidumbre y la trata de personas, a veces menudo vinculada con las prácticas de pesca ilegal, de acuerdo con el documento.
“Estos trabajadores permanecen atrapados en el mar durante años, sin paga ni contacto con sus familias”, dice la relatora. “Apenas tienen suficiente comida para comer, y son golpeados si el capitán piensa que no están trabajando lo suficiente, o en casos extremos, abandonados en un puerto extranjero o incluso tirados por la borda”.
Se han denunciado condiciones de esclavitud moderna en el sur de Asia, donde se introduce cada año a miles de migrantes de Camboya, Myanmar y Laos en China, Indonesia o Tailandia. “En testimonios recientes de pescadores migrantes egipcios, filipinos y ghaneses que trabajan en arrastreros de pabellón irlandés se han denunciado condiciones de esclavitud contemporánea y vulnerabilidad a la trata”. El informe arroja un último dato: el pescado es el tercero de los cinco productos más asociados al riesgo de esclavitud moderna que se importan a los países del G-20. Se calcula que productos pesqueros valorados en 12.900 millones de dólares pueden proceder del trabajo esclavo.
La relatora argumenta que las mujeres también “son invisibles” en el sector pesquero, a pesar de que tienen una presencia destacada. Por un lado, quedan relegadas a la economía informal y muchas veces, las labores de pesca o de comercio que ejercen a veces no se remuneran al ser consideradas actividades complementarias a las tareas domésticas.
Cuando están contratadas, trabajan en su mayoría procesando el pescado. “Son empleadas en empresas de procesamiento de pescado, pelando gambas congeladas sin ninguna protección durante horas al día, en ambientes húmedos por un salario mínimo, la mayoría de las veces incluso como miembros de la familia no remunerados”, dice Elver. En Tailandia, un 60% de las mujeres encuestadas en las plantas de procesamiento de gambas “trabajan habitualmente numerosas horas extraordinarias, con las que ganan salarios tan bajos” que siguen pasando hambre.
En este tipo de espacios de trabajo hay mujeres que son sometidas a maltrato físico y abuso sexual por sus supervisores, según el informe, que también refleja las brechas que muchas suelen encontrarse. “En las plantas de procesamiento de gambas de Bangladesh y Tailandia y en la industria de procesamiento de salmón de Chile, las mujeres tienen menos contratos permanentes que los hombres y se dedican con mayor frecuencia al trabajo”. También es frecuente que reciban sueldos inferiores a los de sus homólogos hombres por el mismo trabajo.
Asimismo, Elver destaca la situación de los niños. El peligro intrínseco del sector lo convierte en una de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, es frecuente que haya menores en las pequeñas empresas y las explotaciones de acuicultura. “A los niños se les pide además que trabajen para ayudar a sus familias en la búsqueda de alimentos, pero a menudo son explotados como mano de obra barata en los barcos de pesca, sin tener en cuenta la naturaleza peligrosa del trabajo”. En Bangladesh, El Salvador, Filipinas y Ghana, los niños representan entre el 9% y el 12% de todos los empleados de la pesca. En Senegal y en la provincia pakistaní de Baluchistán, los niños suponen el 28% de la mano de obra.
El papel de los consumidores
Como conclusión, la relatora reclama medidas a los países y a las empresas para proteger a los trabajadores del sector pesquero y eliminar estos abusos, pero también pide a los consumidores que se impliquen. “Aunque algunos Estados han adoptado medidas para dejar de adquirir bienes y servicios que podrían haber sido obtenidos mediante trabajo forzoso, la mayoría de los consumidores que compran pescado forman parte, sin saberlo, de cadenas de suministro en las que se están cometiendo abusos”. Subraya que los sistemas de certificación y etiquetado que se utilizan para los productos elaborados “son voluntarios y se centran principalmente en la sostenibilidad” y no en las condiciones de los trabajadores.
Así, la especialista recomienda a los consumidores que compren “productos pesqueros menos demandados” y que no estén asociados con prácticas de pesca ilegal ni con condiciones de explotación laboral. “El riesgo de abusos laborales se puede reducir indirectamente diversificando el consumo de especies marinas más allá del camarón, el salmón y el atún”, asegura Elver.
Asimismo, propone comprar directamente a pescadores, cooperativas o proveedores de cadenas de suministro “más transparentes y menos extensas”. Estos modelos, dice, proporcionan a los pescadores aproximadamente un 30% más de ingresos que el mercado tradicional.