La Administración de Donald Trump ha establecido las nuevas directrices de control migratorio en EEUU, entre las que figura acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes migratorios.
Las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, incluyen la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EEUU”, se subraya en el texto.
Asimismo, se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo se perseguirá a los migrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional”.
El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, “ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación.
Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.
Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales y permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha afirmado que con estas medidas no pretenden realizar deportaciones masivas, sino expulsar a aquellos migrantes que suponen una “amenaza directa” a la seguridad del país.
“La prioridad pasa por expulsar en primer lugar a aquellos migrantes que están en el país y que suponen una amenaza a la seguridad pública o que han cometido un crimen”, ha subrayado.
No afectará a los menores indocumentados
Fuera de los planes de la administración Trump quedan aquellos que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, los conocidos como 'dreamers' o 'soñadores'.
Se trata de la única excepción que aplicará Trump en las nuevas directivas contra migrantes indocumentados. Lo que supone una marcha atrás en las promesas del presidente durante la campaña electoral, en la que se comprometió a derogar el Programa de Acción Diferida (DACA) impulsado por Barack Obama en 2012.
Este programa permitía a los menores frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que, para seguir gozando de estos beneficios, debían renovar el permiso cada dos años.
Planificación del muro
El Gobierno de Trump también ha establecido los tres lugares prioritarios para comenzar la construcción del muro con México: El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California).
El documento ordena “identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, la tecnología (incluyendo sensores)”, y “preparar las peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal y para los siguientes”.
Trump había prometido que sería México quien se hará cargo de la factura del muro, pero en las últimas semanas ha reculado al afirmar que será Estados Unidos quien asuma en primer lugar el coste y posteriormente será reembolsado, algo a lo que México se ha negado tajantemente. Las últimas estimaciones sobre el coste del muro se sitúan por encima de los 21.600 millones de dólares.