Tras proclamar el estado de emergencia, el Gobierno Turco ha anunciado su intención de suspender de manera temporal la Convención Europea de Derechos Humanos, ha afirmado este jueves el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, informa The Independent. Kurtulmus ha justificado la medida con el precedente de Francia, también en el contexto del estado de emergencia aprobado tras los ataques terroristas del 13N.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles la declaración del estado de emergencia tras el intento fallido de golpe de Estado del pasado viernes. El jefe del Estado explicó que el estado de emergencia busca asegurar la democracia y localizar a los responsables de la intentona golpista del pasado fin de semana.
Tras el levantamiento de parte del ejército, las autoridades turcas han destituido a más de 50.000 trabajadores (entre ellos jueces, profesores y policías) y han sido acusadas de llevar a cabo 'purgas' contra la oposición. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por las coacciones a la libertad de expresión en los últimos días. “Estamos presenciando en este momento una represión de proporciones excepcionales en Turquía”, adviritió Andrew Gardner, investigador de la ONG.
Turquía ratificó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en 1954. Este marco internacional garantiza derechos como la libertad de expresión, la prohibición de la pena de muerte, los tratos degradantes y la tortura, entre otros. La reapertura del debate sobre la pena de muerte tras el golpe ha sido otra de las reacciones del Gobierno turco que han alertado a las ONG y a la UE, que recordó a Turquía que no hay hueco para un país con la pena capital en la alianza comunitaria.
Una opción de la Convención
Como ha afirmado el viceprimer ministro turco, Francia también recurrió a esta suspensión temporal del Convenio, en el marco del estado de emergencia aprobado tras los atentados del 13 de noviembre en París.
La suspensión temporal está contemplada en la propia Convención, en su artículo 15. “En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional”, recoge el texto.
Francia no es el único país que ha recurrido a esta opción del Convenio. Reino Unido, por ejemplo, ejerció este derecho tras los atentados de julio de 2005.
Derechos garantizados
No obstante, hay excepciones a esta suspensión temporal. El artículo 2, que garantiza el derecho a la vida, no puede quedar aparcado con este pretexto, “salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra”, indica.
Tampoco pueden ser suspendidas las garantías que protegen contra la tortura y los tratos degradantes (artículo 3); contra la esclavitud y servidumbre (artículo 4.1); ni el artículo 7, que recoge que “nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional”. Tampoco puede interponerse “una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”, añade.
En ese sentido, el viceprimer ministro Kurtulmus insistió este jueves en que la declaración del estado de emergencia no significa la aplicación de la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados.
“El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados. No va a ver toque de queda, no habrá ningún retroceso en los avances democráticos”, afirmó el viceprimer ministro. Kurtulmus prometió que el “Parlamento estará abierto y funcionando”.