Esperando a morir. Así, en calzoncillos, después de dejar todas su pertenencias y a minutos de ser ejecutado, a Richard Glossip le anunciaron este miércoles que se retrasaba su muerte. Otra vez. Afrontaba su tercera fecha de ejecución y era la segunda vez que detenían la cuenta atrás el mismo día en que estaba planeada la inyección letal. Esta ocasión fueron tan solo minutos antes. Glossip, acusado de planear la muerte de su jefe, cuenta con una gran campaña en contra de su ejecución por la debilidad de las pruebas que le relacionan con el crimen. Los detractores de la pena de muerte condenan además la crueldad del propio proceso que, si nada lo impide, volverá a someter a Glossip al mismo estrés, a recorrer sus últimos pasos, el 6 de noviembre.
La familia de Richard Glossip, de 52 años, acudió este 30 de septiembre a las puertas de la penitenciaría de Oklahoma en la que iba a ser ejecutado. Y, esta vez, pensaban que lo sería. Glossip está acusado de ordenar matar a Barry Van Treese, su jefe en un motel, en 1997. El asesino confeso, Justin Sneed, un joven de 19 años que trabajaba en el motel haciendo tareas de mantenimiento, afirmó que Glossip le había ordenado ejecutar el crimen a cambio de dinero. La palabra de Sneed –que al señalar a Glossip sustituyó la pena capital por cadena perpetua– es la mayor prueba que relaciona al condenado a muerte con el caso.
Richard Glossip también es conocido porque fue uno de los que recurrió (sin éxito) la inyección letal con una sustancia –el midazolam– ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Acudió al tribunal garante de la Carta Magna porque considera la pena con este componente “un castigo cruel”, algo que prohíbe su texto.
Los demandantes recurrieron a la justicia después de que Clayton Lockett fuera ejecutado en Oklahoma con esta sustancia, que interviene en la primera fase de la inyección letal (la anestésica, para supuestamente evitar una muerte dolorosa). Lockett estuvo agonizando 43 minutos sin que el sedante tuviera el efecto esperado, tuvo convulsiones y se retorció antes de morir de un ataque al corazón.
Campaña sobre su inocencia
Además, Richard Glossip defiende su inocencia y ha encontrado un gran respaldo en la monja Helen Prejean, una activista muy conocida en contra de la pena capital en Estados Unidos y que inspiró la película Pena de muerte (1995). Prejean inició una campaña para defender la inocencia de Glossip, que ha apoyado (entre otras personas) la actriz Susan Sarandon, que desempeñó su papel en el filme.
Un reciente testimonio de un compañero de prisión de Justin Sneed, que declaró que éste presumía entre rejas de haberse librado de la inyección letal a costa de Glossip, consiguió la suspensión de su ejecución el pasado 16 de septiembre. El aplazamiento, de dos semanas, pretendía analizar las nuevas pruebas pero, al final, ni este recurso ni las otras apelaciones de la defensa de Glossip al Tribunal Supremo han prosperado.
El 30 de septiembre, con ninguna oportunidad a la vista para escapar de la ejecución –más allá del poder la gobernadora del Estado, que ya había declarado que no salvaría a Glossip de la inyección–, el reo inició por tercera vez el protocolo de la muerte programada por el estado. La última comida, el despojo de sus pertenencias, la espera final. Pero, minutos antes de pronunciar sus últimas palabras, se paró su ejecución.
“No me decían nada. Al final, alguien vino y me dijo que tenía un aplazamiento”, dijo Glossip a periodistas en una entrevista telefónica, según la agencia AFP. La gobernadora Fallin tuvo que ordenar un aplazamiento en el último momento porque una de las sustancias de la inyección (la que paraliza el corazón) no era la que usa el estado de Oklahoma habitualmente. Tenían que revisar los protocolos y comprobar si esta materia también era 'apropiada': Glossip tiene 36 días más de vida.
Sus abogados, aunque aliviados por el tiempo de margen, criticaron la opacidad de todo lo que rodea a la pena de muerte. ¿Cómo podía haber recibido la cárcel una sustancia diferenete (y al parecer no autorizada) el mismo día de la ejecución? Por ley, Oklahoma decreta secreto sobre sus proveedores en el proceso de la pena capital.
La situación de Glossip es complicada si no aparece ninguna otra prueba de cara al 6 de noviembre. Hasta el momento la justicia no le ha dado la razón y la gobernadora Fallin ha anunciado que no le retirará esta pena. “Algunos piensan que si una persona tuvo un juicio justo y el jurado encontró culpable al acusado, esa decisión no debe ser anulada”, explica uno de los abogados de Glossip a eldiario.es, Dale Baich, en una respuesta escrita.
La posibilidad de que Glossip sea inocente es solo un motivo más –aunque importante– por el que Amnistía Internacional pide que no se ejecute al condenado. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), aunque es imposible saber cuántas personas inocentes han sido ejecutadas por Estados Unidos en virtud de la pena de muerte, hay al menos diez casos en los que se ha probado su inocencia después de la muerte del reo. Y varios casos más en los que las autoridades han demostrado que había dudas y han otorgado “perdones” póstumos.
Además, 155 personas han salido del corredor de la muerte exoneradas de la pena capital en Estados Unidos desde 1973.
La pena de muerte como “acto cruel”
Amnistía Internacional (AI) insiste en no limitar el debate a la posible inocencia de los presos sino a luchar contra de la pena de muerte por tratarse de una vulneración de los derechos humanos en sí misma. Antonio Ginatta, director de Programas en Estados Unidos de Human Rights Watch, reitera la misma idea: “Para nosotros, la pena de muerte se debe abolir totalmente. No debe ser una opción. El debate sobre si el Sr. Glossip es inocente no cambia eso –no debe ser ejecutado– punto final. Es porque es un acto cruel, barbaro e irreversible”.
AI ha llegado a comparar la situación en la que se sitúa a un condenado a muerte con la tortura. “Existen vínculos claros entre la pena de muerte y la tortura. Las condiciones de reclusión, la angustia de estar esperando a ser ejecutado o el secretismo de algunos gobiernos en torno al proceso, la convierten en una pena cruel, inhumada y degradante”, explicaron en la organización a eldiario.es. Helen Prejean también utilizó el término “tortura” para definir lo que está viviendo Glossip en estos meses.
Esta semana, otra ejecución levantó las críticas sobre la crueldad de la pena. Kelly Gissendaner se convirtió en la primera mujer a la que el estado de Georgia dio muerte desde hace 70 años. La mujer, de 47 años, estaba acusada de planear (que no ejecutar) el asesinato de su marido. Sus hijos ya la habían perdonado y habían pedido, en un vídeo (en inglés), que no mataran a su madre. “Mis hermanos y yo hemos perdido a un padre y no queremos perder a otro”, afirma Kayla Gissendaner. “No sé si podré soportarlo, es el sentimiento más horrible”.
La última mujer que el estado de Georgia ejecutó antes que Gissendaner fue Lena Baker. Un ejemplo de los posibles errores al aplicar la pena máxima: en 2005 el estado firmó el perdón que no le dio en 1945 y la sentó en la silla eléctrica. Georgia consideró un “grave error” haber denegado la petición de clemencia de Baker, afroamericana condenada por matar a su jefe blanco. Al parecer, la mujer podía haber matado al hombre en defensa propia.
El dato de la raza no es anecdótico. Una de las críticas a la pena capital radica en que, con los datos en la mano, ha demostrado discriminar en función de raza y clase social, recuerdan sus detractores. Según el DPIC, el 34% de los ejecutados en EEUU eran negros, cuya población solo supone un 13% de la total del país. Los reos blancos ascienden a un 55%. Respecto a las víctimas, las diferencias son mayores: hay muchas más opciones de acabar en el corredor de la muerte si matas a una persona blanca (son el 78% de los casos), que negra (14%).
El papa Francisco, que pidió recientemente la abolición de la pena de muerte en el Congreso de Estados Unidos, había solicitado expresamente “clemencia” para Gissendaner y para Richard Glossip. En los próximos seis días, los corredores de la muerte de Estado Unidos estarán más activos que en mucho tiempo: hay programadas cinco muertes, en algunas de ellas, con argumentos de la defensa sobre el escaso nivel intelectual del condenado. Desde 1977, Estados Unidos ha ejecutado a 1.425 personas.