Los vecinos de la Cañada Real, en pie de guerra ante la posible demolición del 80% de las viviendas

Los vecinos de la Cañada Real están en pie de guerra. El nuevo borrador del Pacto Regional anula el espíritu del Acuerdo Marco Social –firmado en 2014 por Coslada, el Ayuntamiento y la comunidad de Madrid y que Rivas no suscribió–, que pretendía legalizar el mayor número de viviendas posibles censadas antes de 2011. Tras la actualización de los planos, la mayoría de las viviendas corre el riesgo de ser demolida.

Unas 300 personas se concentraron el viernes pasado ante la Asamblea de Madrid para denunciar la situación de la Cañada Real Galiana. Hay motivos para la inquietud. Desde 2011, el proceso de la Cañada se vivía con optimismo: la Ley 2/2011, el Acuerdo Marco de 2014 y el primer borrador de Pacto Regional coincidían en tratar de legalizar el mayor número de viviendas que reunieran las condiciones de habitabilidad e higiene. Pero la situación ha cambiado.

En esta línea, se interpretaron también los nombramientos de los dos comisionados para la Cañada Real: Pedro Navarrete, designado por el Ayuntamiento de Madrid; y José Luis Martínez Páramo, escogido por la Comunidad. Durante el pasado año, los comisionados y las asociaciones de vecinos se han reunido mensualmente para hablar de los avances del proceso.

En una de esas reuniones, saltó la voz de alarma: el representante de la Comunidad de Madrid convocó a las asociaciones de vecinos para mostrarles los nuevos planos de afecciones confeccionados por técnicos de urbanismo de la región. Los resultados eran demoledores: según estos, un 80% de las viviendas de la Cañada contaban con afecciones graves que conllevarían la demolición.

Cristina Pozas Navarro, vecina del sector 5 y parte de la asociación de Al-Shorok/Amanecer, explica que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad aseguraban hasta el momento que las casas con afecciones salvables se arreglarían, porque el derecho de las personas primaba sobre el de las viviendas. El nuevo borrador, asegura Pozas, no recoge una alternativa habitacional clara para las personas que no puedan quedarse con sus viviendas.

Mediciones del ruido

De las 2.700 viviendas actuales, solo se quedarían 300. Las afecciones eran varias, pero destacaba una que los vecinos no esperaban, o al menos no en los niveles en que aparece en los planos: el ruido. Los vecinos denuncian que estos planos no se han hecho con mediciones reales, sino en base a proyecciones aproximadas.

Por esta razón, han comenzado a hacer mediciones de manera independiente que, según señalan, contradicen los resultados de los planos. Raúl Camargo, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, también considera que esas mediciones son “exageradas” y pide la repetición de las mismas.

Por su parte, Martínez Páramo -Comunidad- reconoce sentirse sorprendido con el resultado de los planos y llama a la calma. Asegura además que la EMT ya ha aprobado varias líneas de autobús para unir la Cañada y el resto de Madrid y que el asfaltado llegará en 2017.

Ángel García Sánchez, arquitecto, vive en la Cañada desde hace 11 años. Se mudó porque la familia de su mujer vivía allí, asegura. “No estamos por necesidad, que es lo que le sucede a la mayor parte de la gente”, denuncia el hombre, quien también se queja de la participación de los vecinos en el proceso.

Todos los documentos referentes a la Cañada hablan de la participación vecinal, pero las asociaciones manifiestan que esa participación, en realidad, no existe. Javier Rubio, abogado del CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) que lleva años trabajando en la Cañada, denuncia que el mandato legal de intervención vecinal ha desaparecido de un plumazo del borrador del acuerdo marco, rebajándose al nivel de consulta.

Los vecinos exigen más información

Antes de verano, se pidieron aportaciones para la confección del primer borrador, pero los vecinos aseguran desconocer qué ha sido de ellas, ya que no se han integrado en este documento. Por eso, algunas de las consignas más escuchadas en la concentración celebrada el pasado viernes mencionaba la falta de transparencia: “Información como al principio”, “por qué antes sí y ahora no”, gritaban las decenas de asistentes.

Entre la multitud de la concentración estaba María, quien accede a ser entrevistada pero no quiere su nombre ni, mucho menos, aparecer en fotografías: está en paro y teme que si alguien la ve aparecer en esta concentración sus opciones de encontrar trabajo disminuyan.

“Cuando alguien ve en tu currículum que vives en la Cañada Real tienes muy pocas posibilidades de que te contraten”, justifica. Al hablar con las asistentes a la concentración, se entiende que manifestarse es también una manera de denunciar esa estigmatización constante que sufren quienes viven en la Cañada. De ahí la insistencia en las respuestas de la mayoría de entrevistados: somos gente normal, vivimos en casas normales, tenemos hijos que nacieron aquí. Sus lemas y pancartas completan su mensaje: “Nuestros hijos son de Cañada”; “Nuestros hijos están aterrorizados. No saben si al día siguiente tendrán un techo”.

Agustín Rodríguez, cura de la Parroquia Santo Domingo de la Calzada -situada en el sector 6, la zona de la Cañada afectada por la venta de droga- entiende que los vecinos estén “cada vez más cansados” de la estigmatización y del retraso en la llegada de alternativas.

Desde la Ley de 2011, prácticamente no ha cambiado nada en la Cañada: sigue sin haber agua, servicio de correos, asfaltado, o enlaces de transporte público con el resto de Madrid, recuerda el abogado Javier Rubio.

Rodríguez cree que el cambio del espíritu del borrador se debe, ante todo, a que “la Cañada es tan compleja que desborda cualquier principio de realidad” y que ante cada paso adelante aparecen nuevos escollos que no se habían previsto. Para él, los planos han sido un baño de realidad: entiende el susto, pero ahora hay que seguir trabajando en un proceso que, asegura, “está abocado a tener un resultado luminoso”.

Quizá ese futuro empiece a escribirse el 13 de enero: ante la presión de la concentración, la Comisión ha convocado una reunión con representantes de las asociaciones vecinales de la Cañada.