El Volcán de Fuego, en Guatemala, sigue despierto expulsando humo mientras se producen explosiones en su interior. Las miles de personas que vivían en sus faldas no se asustaron cuando hace un mes, el coloso de 3.763 metros de altura comenzó a temblar. Sin embargo, ese día fue diferente: se desencadenó una tragedia sin que hubiera orden de evacuación.
El 3 de junio, millones de metros cúbicos de flujos piroclásticos, con gases y materiales sólidos calientes, descendieron a 200 kilómetros por hora engullendo todo lo que se encontraba a su paso, incluidas 186 viviendas en San Miguel Los Lotes, la comunidad más afectada. Según el último recuento oficial un mes después de la tragedia, 113 personas fallecieron y 331 continúan desaparecidas.
Pero el saldo de víctimas podría ser mucho mayor, porque no había un censo de población en ninguna de las aldeas construidas alrededor del volcán. La organización Antigua al Rescate ha asegurado este miércoles que, según sus estimaciones, 2.900 personas continúan desaparecidas.
Un mes después, las más de 3.500 personas afectadas que no pueden regresar a sus casas continúan hacinadas en alguno de los 16 albergues habilitados por el Gobierno. Duermen en aulas de escuelas, donde pernoctan hasta 30 o 40 personas juntas, a pesar de que Guatemala ha recibido tras las emergencia miles de dólares de la comunidad internacional, incluida España, que ha donado más de 200.000 euros.
Elisabeth García está embarazada de seis meses y duerme en una tienda de campaña, junto a su marido y sus tres hijos, en el albergue Papa Francisco, de Escuintla. Hasta este lunes, estaba en una de las escuelas habilitada como albergue tras lograr escapar a tiempo cuando se produjo la erupción.
“Nos sentimos humillados. En el nuevo albergue nos dicen que el rollo de papel tiene que durar una semana y que quien tenga más puntos le darán antes una casita de madera”, relata. García afirma que “no se ve nada” de los miles de dólares que ha recibido el Gobierno en ayudas de todo el mundo para afrontar la emergencia.
Las condiciones de hacinamiento en los albergues ha comenzado a afectar a la salud de los alojados. El Ministerio de Sanidad ha registrado más de 10 enfermedades, entre ellas respiratorias y gastrointestinales, contraídas por más de 3.000 personas.
Para evitar que la situación se agrave, el Ejército y voluntarios de la organización Techo han comenzado a construir esta semana 80 viviendas y otros 250 módulos habitacionales. Se trata de casas de madera proporcionadas por Techo, algunas financiadas por Cáritas y otras por empresarios privados para reubicar provisionalmente a 1.000 familias antes de final de mes. Posteriormente, comenzará la construcción de las 1.000 viviendas definitivas, que pueden tardar un año.
El Ejecutivo de Guatemala había anunciado que prolongaría un mes más el estado de calamidad en los departamentos más afectados para continuar con los trabajos de reconstrucción, pero el Congreso aún no lo ha aprobado. Algunas zonas quedaron inhabitables. Los vecinos deben decidir ahora si convierten este lugar en un cementerio o en un área de recordatorio o conmemoración de sus seres queridos. Un mes después, los continúan buscando con palas y con ayuda de voluntarios.
“Aunque sean huesitos, que nos los traigan”
Pasadas dos semanas de la tragedia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) decidió poner fin a los trabajos de búsqueda de víctimas debido, dice, a la inestabilidad del terreno y el peligro que conlleva. Pero no todos se han rendido. Los equipos de bomberos voluntarios acompañados de vecinos se afanan por recuperar los cuerpos de las más de 300 personas que, según las autoridades, continúan desaparecidas, aunque estas cifras distan mucho de lo que opinan quienes intentan desenterrar toneladas de lava con palas y excavadoras.
Quien no pierde la esperanza de encontrar el cuerpo de su hijo es Simeón Bajxac, padre de Juan Bajxac, uno de los dos bomberos voluntarios que continúa desaparecido desde que el 3 de junio acudió a rescatar a las personas afectadas por el Volcán de Fuego. Los equipos de rescate creen que ambos podrían permanecer en el interior de la ambulancia donde se vieron sorprendidos por la caída de la lava sin poder hacer nada para salvar su vida.
“Aunque sean huesitos que nos traigan, pero yo les quiero dar cristiana sepultura”, asegura el padre de Bajxac. Incide una y otra vez en que su hijo, de 41 años, no puede quedar para siempre como desaparecido y pide a las autoridades que autoricen más días de búsqueda de los dos bomberos.
El rastreo se complica más aún debido a la lluvia que cae todas las tardes sobre la región, lo que provoca grandes ríos de flujos piroclásticos que han llegado a la carretera nacional utilizada por los equipos de rescate y obligó a evacuar a la comunidad El Rodeo ante el riesgo de que llegaran a zonas urbanas.
“El panorama es desolador y lamentablemente, no hemos podido llegar a la zona donde están enterrados nuestros dos compañeros, porque es una zona apocalíptica y devastadora”, explica Osman Silba, integrante de los bomberos voluntarios, sobre la denominada 'zona cero' del desastre natural. “Empieza a parecer casi imposible devolverles los cuerpos a su familia. Pero seguimos peleando, porque eran rescatistas de altura y ellos nunca dejaron a nadie”.
“A los pobres casi no nos dan importancia”
Hace dos semanas, los familiares de los bomberos mantuvieron una reunión con las autoridades para pedirles que no desistan y continúen las labores para recuperar los cuerpos. “¿Qué pasaría si fuera su hijo? ¿No lo buscarían?”, les preguntó el padre de José Antonio Castillo, el segundo bombero desaparecido. “A los pobres casi no nos dan importancia”, lamenta.
Gloria Nohemí Cojolom está tumbada en el sofá de su humilde vivienda en Alotenango. Desde hace cuatro meses tiene un embarazo de riesgo. Junto a un altar con dos grandes fotos de su marido José Antonio vestido de bombero, asegura sentirse “destrozada” por no saber nada de él desde que salió a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán. Un día antes había cumplido 34 años. Deja también un hijo de cinco años.
Verónica Acual es una vecina de Alotenango que ha acompañado a las familias de los dos desaparecidos a la reunión con las autoridades, a quienes pregunta por qué les “abandonó” la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. “Por qué ellos no nos alertaron es una pregunta que me llevo tiempo haciendo”, insiste.
El día de la tragedia sí se logró desalojar el complejo turístico de lujo con campo de golf 'La Reunión'. Sin embargo, nadie dio aviso a las cientos de familias de las comunidades situadas bajo el volcán, a pesar de que el Instituto Nacional de Vulcanología emitió siete boletines en los que señaló que no debía haber personas cerca del volcán mientras reportara actividad.
La Fiscalía de Guatemala ha iniciado una investigación para esclarecer “si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas”. De momento, el presidente Jimmy Morales se niega a destituir al secretario de la CONRED, Sergio Cabañas. Miles de personas salieron a las calles de Ciudad de Guatemala pocos días después de la tragedia a exigir la renuncia de ambos y de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por el retraso a la hora de autorizar la llegada de las ayudas internacionales.
Mientras, os familiares de las víctimas continúan enterrándolas en el cementerio de Alotenango. Cada día, la localidad celebra en su iglesia uno o varios funerales. Como el de Celia Hernández, de 45 años, quien falleció en San Miguel Los Lotes junto a dos de sus hijas y sus nietos. Su cuñada, Catalina Dávila, quien ha perdido a nueve familiares en la tragedia, asegura entre lágrimas que se queda “sin nada”.
Bajo una intensa lluvia, un grupo de hombres porta en sus hombros el féretro con los restos de Aura Yolanda Pérez, una joven de 17 años. Una fotografía colocada sobre el ataúd muestra a una joven sonriente que perdió su vida bajo el río de lava que engulló literalmente su vivienda en San Miguel Los Lotes. También se cobró la vida de sus hermana de 13 años, que ya ha sido enterrada, y su otra hermana de 21, cuyo paradero aún se desconoce. “Nos sentimos doloridos”, asegura el padre.
A escasos metros de la parroquia, se encuentran tres de los 16 albergues que el Gobierno ha habilitado en las zonas golpeadas por el volcán, en los que ha impuesto horarios de salida y de visitas, lo que ha generado un malestar entre los alojados. “Esto es como una cárcel y es bien deprimente estar encerrado. Aquí estamos todos amontonados”, asegura Elmi Mariluí Iboi.
La mujer trata de gestionar todas las donaciones que están recibiendo los afectados en una ola de solidaridad sin precedentes en el país centroamericano. “Por el momento nos están brindando apoyo. Pero, ¿qué va a ser de nosotros de aquí a un mes?”, se pregunta otra afectada, Sara Sicá.
En total, el Gobierno tiene previsto invertir 500 millones de quetzales (55 millones de euros) para la reconstrucción de la infraestructura dañada por el volcán. A la espera de que el Ejecutivo cumpla su promesa y reubique a las personas refugiadas, estas comienzan a estar cansadas.
Uno de los vecinos, Enrique Sipac, asegura que, si el Gobierno lo autoriza, él regresaría a su casa pese al riesgo inminente del volcán. “No tenemos a dónde ir”, concluye. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a volver a sus hogares, como señala Astrid Paola Vázquez, residente de la misma aldea, quien rechaza volver. “Es peligroso”.