Von der Leyen se abre a llevar los procesos de asilo fuera de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asume el endurecimiento de la política migratoria que reclaman una quincena de países de la UE con la propuesta de llevar los procesos de solicitud de asilo fuera del suelo comunitario. En una carta enviada a los líderes de los 27 en vísperas del Consejo Europeo en el que se espera que decidan su continuidad otro mandato, la alemana apuesta por prestar “atención” a las “estrategias innovadoras” que varios estados miembros han puesto sobre la mesa. En concreto, ve con buenos ojos la controvertida medida de crear centros de migrantes en terceros países, como ha hecho Italia en Albania o Reino Unido con Ruanda, mientras se resuelven las solicitudes.

“El acuerdo sobre el Pacto [de Migración y Asilo] no es el final de la reflexión sobre las herramientas de que disponemos. Muchos estados miembros están estudiando estrategias innovadoras para prevenir la migración irregular de asilo lejos de la frontera exterior de la UE. Se está sobre ideas que sin duda merecerán nuestra atención cuando se ponga en marcha nuestro próximo ciclo institucional”, señala Von der Leyen en la misiva.

Apenas un mes antes de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, quince países gobernados por distintos partidos –desde la ultraderechista Giorgia Meloni hasta la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen– reclamaron a la Comisión Europea estudiar nuevas medidas, como la posibilidad de expulsar a centros en terceros países fuera de la UE a inmigrantes que sean rescatados en el mar para que no acaben en suelo europeo e incluso deportar a las personas que están a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo.

Von der Leyen coge ahora el guante. “Podemos tratar de apoyar el establecimiento de sistemas nacionales de asilo que funcionen en los países socios, reforzando al mismo tiempo nuestra cooperación en materia de retorno a los países de origen, acompañada de medidas de reintegración para los repatriados”, expresa en la carta que ha enviado a los jefes de Gobierno.

“Según lo previsto en el Reglamento de Asilo, la Comisión estudiará cómo trabajar mejor en sinergia con los futuros terceros países designados como seguros. La Comisión seguirá apoyando estas la Comisión seguirá apoyando estas reflexiones, teniendo siempre en cuenta el Derecho internacional y consciente de la necesidad de trabajar de forma que también sea aceptable para nuestros socios y para los estados miembros y que permitan encontrar soluciones duraderas para los propios migrantes”, agrega Von der Leyen.

La posibilidad de crear centros de refugiados fuera de la UE mientras se resuelven las peticiones de asilo surge apenas dos meses después de que la UE adoptara formalmente el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que fue uno de los expedientes más complicados de sacar adelante la anterior legislatura dado que se trata de un tema muy divisivo. Y cuando ni siquiera ha entrado en vigor.

De hecho, Von der Leyen recuerda en la misiva los pasos que ahora tienen que dar los estados miembros para que esté en marcha en junio de 2026, que es la fecha en la que las nuevas normas se tienen que aplicar. Los estados miembros deberán adecuar sus reglas y condiciones al nuevo marco legal, un complejo entramado de diez expedientes legislativos que afectan a procedimientos administrativos, funcionamiento de las fronteras y un largo etcétera. En ese largo camino, hay varias fechas marcadas en rojo y una de las primeras es el 12 de agosto de 2024, que es la que se da el gobierno comunitario para notificar cuántas personas puede acoger cada país.

La concesión del asilo fue uno de los grandes temas de discusión entre los 27 y el Parlamento Europeo durante las duras negociaciones del pacto migratorio, que es uno de los asuntos más divisivos en la UE. Será Bruselas, por tanto, quien determine las cuotas, es decir, quien establezca el número de refugiados que cada país miembro debería acoger. Sin embargo, la nueva legislación establece la denominada 'flexibilidad a la carta' que permite a los países pagar por rechazar refugiados. En concreto, 20.000 euros por cada persona rechazada. La intención es que haya una capacidad de acogida de 30.000 personas.

La gran fecha de la que estarán pendientes los gobiernos de los 27 es el 12 de diciembre de este año, que es el límite que les da la Comisión Europea para presentar sus planes de actuación para la aplicación del nuevo marco legal.

“Nuestra tarea común consiste ahora en hacer realidad este acuerdo”, afirma Von der Leyen, que se vanagloria en la carta del acuerdo alcanzado, aunque admite que “por sí solo no garantizará el éxito” para defender los polémicos acuerdos con terceros países, como Túnez, en los que el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes es más que cuestionable.