240 años del Banco de España: de ente privado para financiar a Carlos III a fiscalizador de la acción del Gobierno

Este año se han cumplido 240 años desde que el rey Carlos III firmara en 1782 la real cédula que creó el Banco Nacional de San Carlos hasta nuestros días. Aquella institución comenzó siendo una concesión privada al conde de Cabarrús para realizar funciones tan variopintas como dar apoyo financiero a la corona o proveer de víveres y vestuario a las fuerzas armadas. Hoy ese organismo sigue existiendo. Ya no es privado, sino un organismo del Estado, y sus funciones han variado por completo. Tampoco su nombre es el mismo. Ahora es el Banco de España.

El nombre lo tomó a mediados del siglo XIX, tras la fusión con el Banco de Isabel II. A partir de ahí fue convirtiéndose en lo que es hoy en día, integrándose en las estructuras del sector público. Tomó poderes exclusivos en cuanto a la emisión de moneda, adquirió la capacidad de supervisar al sector bancario privado y fue durante décadas la autoridad monetaria. A medida que fueron pasando los años y con las sucesivas regulaciones, el Banco de España ganaba en poder y, posteriormente, en autonomía. Sin embargo, desde finales del siglo pasado y en lo que llevamos del XXI, el organismo está inmerso en una redefinición de qué es el Banco de España. Al igual que anteriormente había ganado presencia y poder, la moneda única europea y los nuevos métodos de supervisión financiera, centralizados en el BCE, convirtieron al Banco de España en su brazo en nuestro país.

Es por ello que en la actualidad es menos conocido para la mayor parte del público qué es y qué no es el Banco de España. El organismo ha vivido en los últimos años una reconfiguración de sus funciones. Se podría decir que actualmente, buena parte de su trabajo es ser ese 'brazo' del Banco Central Europeo en España, como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Es el caso de la definición y ejecución de la política monetaria, velar por el buen funcionamiento de los sistemas de pagos o la emisión de billetes de curso legal.

Como autoridad propia y no dependiente de Europa han quedado la reserva de divisas que no dependen del BCE, la supervisión de las entidades de menor tamaño o poner en circulación la moneda. El Banco de España es igualmente el propietario de la ‘casa de papel’. Del organismo depende la fabricación de billetes de euro que se ponen en circulación. No se trata de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que depende del Ministerio de Hacienda, sino de la empresa Imprenta de Billetes S.A. Esta compañía es propiedad al 80% del Banco de España y al 20% de la FNMT. Esta impresión no depende ya de la decisión del Banco de España sino del BCE, que es quien delega a los distintos bancos centrales la fabricación de la moneda. Casi 66 millones destinó el pasado año a la adquisición de billetes a esta empresa.

Otra de las funciones que tiene el Banco de España está a punto de perderla. Se trata del buzón de reclamaciones de clientes contra las entidades financieras que gestiona. Sin embargo, esta autoridad está a punto de pasar a otro organismo, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que unirá estas capacidades con las de la CNMV o la Dirección General de Seguros. Al contrario de lo que ocurre actualmente, sus decisiones serán vinculantes y tendrá poder sancionador. El Gobierno está ultimando esta nueva normativa.

Sin embargo, no son estas las autoridades del Banco de España que mantienen a la institución en la actualidad mediática y en el imaginario de la mayor parte de la población. El Banco de España señala como una de sus funciones “asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes”. Son estos documentos y estas opiniones sobre la economía, las pensiones, los impuestos o las políticas del Gobierno las que centran buena parte de la actividad pública de la institución. Estas opiniones, además, arrastran un sesgo ideológico.

La supervisión bancaria ha sido una de las actividades del organismo que han generado más escrutinio en la última década, especialmente por la crisis financiera y el descalabro de las cajas de ahorros. El Congreso llegó a responsabilizar al Banco de España y a los supervisores de la crisis financiera por “no hacer frente a sus obligaciones”. Y, aunque no fueron finalmente juzgado, sí fueron imputados durante la instrucción del Caso Bankia. La entrada del Mecanismo Único de Supervisión en 2014 derivó al BCE la supervisión directa de todas las entidades significativas de los países europeos, lo que incluye en España a la gran mayoría del sector. Quedan para el Banco de España únicamente los grupos más pequeños.

Autónomo, pero con regulación de ente público

El Banco de España tiene asegurada su autonomía desde los años noventa. Es decir, no depende del Gobierno de turno. Si bien, su cúpula, el gobernador y subgobernador, son nombramiento del Gobierno. El actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, fue nombrado por el PP en 2018, días antes de que triunfara la moción de censura promovida por Pedro Sánchez. La subgobernadora, Margarita Delgado, fue elegida posteriormente. Tienen un mandato de seis años y están muy limitadas las posibles causas para el cese.

La ley le define como “una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada”. Es decir, no depende de la Administración General del Estado. Sin embargo, sí cumple con una función pública que está atribuida en exclusiva al Banco de España y que no puede atribuirse a ninguna entidad privada.

La financiación del Banco de España no le llega, por tanto, de los impuestos pagados por los ciudadanos, sino de su propia actividad, que a la postre es un servicio público. La parte fundamental de esos ingresos son los derivados de los intereses que genera su actividad como brazo español de la política monetaria del BCE, por ejemplo, los programas de compra de deuda que ha realizado el organismo en los últimos años. Otros ingresos tradicionales, aunque en los últimos años menguados por los bajos tipos de interés, que tiene el Banco de España como autoridad monetaria es el señoreaje. Es decir, el importe que pagan las entidades de crédito a este organismo por la transmisión de la moneda a los clientes. En resumen, aunque el dinero que perciben no procede de los Presupuestos Generales del Estado, viene fundamentalmente de una actividad que solo puede realizar el Banco de España como autoridad nacional. El beneficio obtenido por el organismo, de hecho, redunda en el Tesoro público.

Este estatus intermedio que tiene el Banco de España hace que sus trabajadores no sean funcionarios, en sentido estricto. Tienen la consideración de personal laboral. Sin embargo, la forma de acceso al cuerpo de trabajadores del Banco de España es igualmente la oposición o el concurso. Además, las subidas salariales anuales dependen de las que se marcan en los Presupuestos Generales del Estado de cada año para los trabajadores públicos. Por último, tanto a la cúpula como a la plantilla les afectan las leyes de incompatibilidades de los empleados públicos.

En definitiva, el Banco de España no es un organismo público per se, pero se le aplican las mismas limitaciones y normativas que a otros entes dependientes del Estado.

El Banco de España fue durante años un actor clave para la economía española. Marcaba los tipos de interés, de cambio, decidía cuánta moneda emitía y controlaba el comportamiento del sector bancario. Ahora, todo ello depende en la mayor parte del Banco Central Europeo, aunque con apoyo del organismo español. Sin embargo, eso no ha supuesto un adelgazamiento de las estructuras del organismo. El pasado ejercicio terminó con una media de 3.266 trabajadores. Son 600 más que una década antes, cuando España estaba inmersa en una crisis financiera.

Las últimas décadas, pues, han sido muy intensas para el Banco de España. Desde mediados de los ochenta tuvo que gestionar la adaptación económica al mercado común; con los noventa, llegó su transición a la moneda única, y, ya en el nuevo siglo vio cómo la supervisión bancaria pasaba al Mecanismo Único de Supervisión, dependiente del BCE. Todo ello acompañado de diversos baches que lastraron su reputación. El caso Ibercorp, que provocó la entrada en prisión de un exgobernador, Mariano Rubio, la crisis de Banesto, la gestión del colapso de burbuja económica y del modelo de las cajas de ahorros, los desencuentros entre la cúpula y los inspectores o la caída del Popular llevaron al Banco de España a sus momentos más difíciles de imagen pública.

El Banco de España se ha interesado en los últimos tiempos por mejorar su imagen y la comunicación que se realiza de su actividad. Tal es así que en abril de este año, el organismo adjudicó por 84.300 euros un contrato plurianual con Sigmados para realizar un estudio sobre “la opinión de los ciudadanos” respecto al Banco de España.