La ambición era tener la arquitectura técnica necesaria lista para el 1 de enero de 2021. Pero Bruselas ya tiene claro a 21 de octubre que no empezará la emisión de los 750.000 millones de deuda para financiar el fondo de recuperación y resiliencia antes del verano, según han confirmado este miércoles fuentes comunitarias. Es decir, el dinero comenzará a llegar a partir de entonces, si bien hace escasas semanas la Comisión Europea preveía que los primeros fondos fueran distribuidos en el primer semestre de 2021.
Parte del dinero que sí puede llegar a partir de las próximas semanas es el destinado a los programas temporales de empleo, como los ERTE y las ayudas para los autónomos. La Unión Europea ha concedido 21.300 millones a España en préstamos preferentes del SURE, cuyo monto total es de 100.000 millones. Bruselas, con calificación de triple A en las agencias internacionales, emitió este martes 17.000 millones en bonos sociales, con una demanda de los mercados extraordinaria –233.000 millones, hasta 14 veces más–, y aspira a emitir hasta 30.000 antes de que acabe el año. Es decir, España podría recibir pronto en torno a 7.000 millones para financiar una de las principales políticas sociales del Gobierno para aplacar los efectos de loa crisis: los ERTEs.
“Con esta operación, la Comisión Europea ha dado un primer paso para entrar en la liga principal de los mercados de capitales de deuda global”, ha afirmado el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn: “Es la cantidad más alta jamás prestada en la historia de la UE. El fuerte interés de los inversores y las condiciones favorables en las que se colocó el bono son una prueba más del nuevo interés en los bonos de la UE. El carácter de bono social de la emisión ha ayudado a atraer inversores que desean ayudar a los Estados miembros de la UE a apoyar el empleo en estos tiempos difíciles. Es un voto de confianza en la Unión Europea como emisor y prestatario”.
A pesar de ese apetito que parecen tener los mercados en las emisiones de la Comisión Europea, tendrán que esperar más de lo previsto para las emisiones del fondo de recuperación.
Los líderes acordaron en julio un pacto con tres patas: el presupuesto para 2021-2027 –de 1,074 billones–, un plan de recuperación –de 750.000 millones, de los cuales 672.000 se gestionan directamente por los Estados a través de los fondos de recuperación–; y un plan de recursos propios –nuevos impuestos para el repago de la deuda emitida por la Comisión Europea para obtener los 750.000 millones en los mercados financieros a precios (800.000 a precios corrientes)–.
Estas tres patas están en proceso de negociación con el Parlamento Europeo, que tiene interés en ejercer su papel de colegislador, y que está siendo presionado por los gobiernos para que pida los menos cambios posibles y así acelerar la tramitación.
Y para ver los primeros recursos del fondo de recuperación, por lo que avanzan las fuentes comunitarias, habrá que esperar a la segunda mitad de 2021, ya que la Comisión Europea prevé la primera emisión de bonos para el próximo verano. En el caso de España, el primer anticipo del 10% que llegaría a partir de entonces serían 7.200 millones en subvenciones y 6.800 en préstamos, si bien España de momento ha comunicado que no quiere recurrir a los préstamos –lo cual supondría a acceder a los 72.000 millones en trasferencias y no a los 68.000 en préstamos–.
La emisión de 900.000 millones de euros en los próximos seis años (800.000 del fondo de recuperación y 100.000 del SURE) convertirá a la UE en el mayor emisor supranacional de deuda del mundo y en uno de los principales emisores de bonos denominados en euros, según fuentes comunitarias.
Causas de los retrasos
Además de las negociaciones que hay en marcha entre la Eurocámara, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, es necesaria la ulterior ratificación en los 27 parlamentos nacionales para aumentar el techo de gasto y emitir los 750.000 millones de deuda y la aprobación de los recursos propios –nuevos impuestos– para el repago de esa deuda. Como es imprescindible la ratificación en los 27, con uno solo que no lo haga, pone en jaque todo el mecanismo.
Hungría está amagando con esa posibilidad porque quiere vetar la cláusula de respeto del Estado de Derecho que, precisamente, está bastante aguada para seducir a Budapest y Varsovia. Cosa que, de momento, no está ocurriendo. Pero sí que está ocurriendo que lo están los llamados frugales, comandados por Holanda, y los grupos del Parlamento Europeo, siempre más ambiciosos que los gobiernos en lo que se refiere a la censura a Hungría y Polonia.
Una vez que se solventen estos obstáculos, comenzará la fase de evaluación de los proyectos, que podían ir presentándose desde este 15 de octubre, si bien ningún país ha presentado aún ninguno, y hasta el próximo mes de abril.
El problema es que la tramitación puede tardar hasta tres meses, si se tiene en cuenta que la evaluación de la Comisión Europea puede demorarse ocho semanas y otras cuatro la del Consejo de la UE. La Comisión ha prometido correr y ya está habiendo conversaciones con los países para adelantar trabajo, pero el retraso es evidente.
“España trabaja internamente y con la Comisión Europea para tener el plan de reformas cuanto antes”, explican fuentes del Gobierno.
En todo caso, el dinero nunca podrá llegar antes de que se haya realizado la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea para captar los 750.000 millones del fondo, con lo que el horizonte se sitúa en la segunda mitad de 2021.