Ábalos nombra nuevo encargado de las políticas de Vivienda al exalcalde de Móstoles David Lucas

David Lucas, exalcalde de Móstoles, será el nuevo secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, puesto en el que sustituye a Helena Beunza, según han informado a eldiario.es fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos. El Consejo de Ministros aprobará este nombramiento en su reunión de este martes.

Nacido en Madrid en 1968, casado y con dos hijos, actualmente trabajaba como profesional autónomo de servicios jurídicos, además de ser profesor de Ciencias Políticas en la Complutense y de Derecho Financiero, Tributario y Constitucional en la Universidad de Nebrija. 

Con un curriculum marcadamente político, Lucas fue alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018, año en el que dimitió “por motivos personales”, así como de su puesto como secretario general de la agrupación local del PSOE-M. Continuó como senador hasta 2019. Dos años antes, en 2017, expresó públicamente su apoyo a Susana Díaz en caso de primarias (que finalmente perdió frente al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez). 

Entre 2007 y 2011 Lucas ocupó el cargo de portavoz del PSOE y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, cuando dirigía la corporación municipal Alberto Ruíz–Gallardón. 

Licenciado en Derecho (Universidad Complutense, 1992) y máster en Política Territorial y Urbanística con especialidad en gestión urbanística (Universidad Carlos III, 1994), entre otras titulaciones, Lucas ha desempeñado además puestos en la red parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ha presidido la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa del Consejo de Europa (CPLRE) (2015-2018).

En esos tres años fue también miembro de organismos internacionales como el Bureau Ejecutivo y el Comité Director de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), además de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asimismo, entre 2015 y 2018 fue presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur de la Comunidad de Madrid.

Ley de vivienda y límites de precios

La valenciana Helena Beunza, a la que sustituye Lucas, sacó adelante el decreto de alquileres que aumentó de tres a cinco o siete años la longitud de los contratos y redujo las fianzas, pero no habilitó a los ayuntamientos y comunidades autónomas a poner límites a los precios del alquiler, como constaba en el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. En el nuevo acuerdo de legislatura entre ambas formaciones de finales de diciembre se recuperaba este compromiso, que ahora deberá gestionar Lucas.

La opción de limitar precios ya se firmó en octubre de 2018, pero el Gobierno socialista se resistió a incluirlo en el decreto que varió la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que propició un primer rechazo del texto por parte de sus socios. Finalmente, el texto fue aprobado ante la inminencia de una nueva convocatoria electoral. Cuando se firmó el primer acuerdo la subida de los precios de los alquileres estaba en un momento álgido, mientras que ahora están moderándose o al menos subiendo con menos virulencia.

“Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado” y “frenaremos las subidas abusivas del alquiler”, afirma el texto del acuerdo en vigor.

En una futura ley de vivienda podría incluirse además el propósito de establecer pactos y convenios público-privados para la puesta en el mercado de vivienda de alquiler asequible. El Tribunal Constitucional anuló una disposición para la cesión de suelo público cuando falló sobre el recurso del PP al decreto de alquileres. Ábalos se ha comprometido a la construcción de 20.000 nuevas viviendas. 

Además, según el pacto PSOE-Unidas Podemos, se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y se estudiarán las “medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo” para movilizarla “en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonable”.