El Gobierno prevé que se jubile el 51% del personal de la Administración del Estado en los próximos diez años

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la convocatoria de un total de 33.793 plazas, la mayor de los últimos once años, en la antesala de las elecciones generales del próximo 28 de abril. La ministra de de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha explicado los detalles de la convocatoria y ha presentado los resultados de un estudio sobre la edad del personal en la Administración General del Estado (AGE). Entre las conclusiones, el Ejecutivo prevé que más de la mitad (el 51%) de la actual plantilla se jubile en los próximos diez años.

El análisis de la edad de los trabajadores de la AGE, “el primero” de este tipo según ha destacado Batet, ha permitido hacer una fotografía del envejecimiento de su plantilla con la intención de planificar las necesidades de personal para los próximos años. Hay que destacar que la renovación del personal en la Administración Pública no es tan ágil como en el sector privado, ya que requiere de la convocatoria de ofertas públicas de empleo, con sus oposiciones y concursos de acceso, que llevan su tiempo.

Con datos de 1 de enero, había un total de 135.476 empleados públicos en la Administración General, excluyendo al personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La edad media de esta plantilla roza los 52 años, “diez años más que el conjunto de población activa, de alrededor de 42 años”, ha destacado Batet.

Según ha subrayado la ministra, el envejecimiento del personal de la AGE se ha acelerado en los últimos años. En 2004, la edad media se situaba en los 46 años, en 2008 era de 47, mientras que en 2012 ya alcanzaba los 49 años y en 2019 ha llegado a los 51,9.

Entre los motivos de este aumento de la edad media del personal de la Administración, el Ejecutivo considera el envejecimiento general de la población española, pero también “los efectos de la crisis económica” y la reducción de las plazas convocada en los últimos años “a límites muy por debajo de los niveles que garantizan la reposición de efectivos”.

La “primera consecuencia de esta situación”, ha subrayado Batet, afecta a la reducción de trabajadores en los próximos años por el impacto de las jubilaciones. Con el horizonte en 2029, es decir en los próximos diez años, el Gobierno calcula que el 51% del personal se va a retirar. Casi 70.000 trabajadores. Así, la mitad de los empleados públicos que hoy trabajan en los Ministerios y otros organismos de la AGE dejarán libres sus puestos.

Esa estimación es incluso mayor en ciertos cuerpos específicos, como los de auxiliar y los administrativos, en los que estos porcentajes de jubilaciones alcanzan el 57,3% y el 62,6%, respectivamente, de cara a la próxima década. La ministra ha destacado que estos colectivos “tienen un gran protagonismo en los servicios que la ciudadanía recibe de manera más directa, como la atención presencial y la tramitación de los diferentes procedimientos”.

Para este ejercicio, Meritxell Batet ha destacado que casi el 14% de los empleados de la AGE (19.159 personas) podrían jubilarse en 2019 si lo desearan, ya que cumplen con los condiciones para ello. “Es verdad que no tienen por qué jubilarse todos ellos, pero cumplen requisitos”, ha apuntado.

Afrontar el reemplazo de estas salidas

Esta previsión de salidas masivas en la AGE en los próximos años requiere que se planifique y afronte “de manera ineludible” la reposición suficiente de efectivos en los próximos años, “jugando un papel esencial las ofertas de empleo público”, ha subrayado la ministra.

Batet ha precisado que el reto “no es sólo cuantitativo, porque las necesidades son distintas a las de hace 15 años” en la Administración Pública, debido a la descentralización y la irrupción de nuevas tecnologías. Así, las ofertas de empleo público en el futuro deben tener en cuenta qué sectores son los que requieren más recusos humanos y atención directa a la ciudadanía.

La convocatoria de 33.793 plazas para este ejercicio ya ha introducido “importantes cambios metodológicos”, que según Batet avanzan en este sentido, como “la identificación de sectores sensibles por su impacto en las necesidades de la ciudadanía que precisan atención y refuerzo especiales”.

La titular de Función Pública ha sostenido que la Administración Pública en España “no está sobre dimensionada”. Como dato, Batet ha recordado que España se sitúa por debajo de la media europea en número de empleados públicos respecto a la población del país: “de 2,7% en España y un 3% en la media de la Unión Europea”.