Dos años después de los Papeles de Panamá la UE mantiene bloqueadas las principales iniciativas contra los paraísos fiscales
Este mes se han cumplido dos años desde que se conociera la investigación periodística sobre la filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que probaban la existencia de 214.000 compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y otras figuras públicas. Conocidos como los “Papeles de Panamá”, esta información provocó un terremoto que obligó a organismos supranacionales a acelerar las iniciativas para evitar el fraude, la evasión y la elusión fiscal.
Como ya ocurrió el año pasado, la Plataforma por la Justicia Fiscal, en la que participan organizaciones sociales y sindicales como Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONG en España, ha organizado unas jornadas en las que ha analizado los avances en la materia, en la que han participado varios diputados y eurodiputados. Estos últimos han reconocido una sensación “agridulce” en cuanto a los avances en la Unión Europea tras tres comisiones en el Parlamento Europeo centradas en los paraísos fiscales.
El socialista Ramón Jáuregui ha destacado como positiva la elaboración de una lista negra de paraísos –acompañada de una gris en la que se incluye a los países que muestran propósito de acabar con las peores prácticas–. Sin embargo, este listado está empañado por dos cuestiones: es demasiado breve, no incluye a países europeos (donde se hace competencia a la baja en el pago de impuestos y de base hacia otros paraísos) y no incluye sanciones para los que sí están dentro. “La lista negra es un gran avance, pero su aplicación es más que débil”, ha señalado el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun. A juicio de Jáuregui, debería evitarse la firma de tratados comerciales y de operaciones bancarias con este tipo de Estados. El socialista reconoció hace dos meses que fue un error del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sacar a Panamá de esta lista.
Además, Urtasun ha detallado las iniciativas de la comisión y del Parlamento Europeo que el Consejo de la Unión Europea, formado por los países miembros, mantiene bloqueadas.
La necesidad de unanimidad en la política fiscal europea frena acciones como la armonización de las bases imponibles mínimas del impuesto de Sociedades en toda la UE (en Irlanda el tipo nominal es del 12,5% y en España del 25%, aunque el real de las grandes empresas se queda en el 7,3%). Otro de los empeños de la CE y de la Eurocámara que frenan los estados es la consolidación de la base imponible del impuesto de sociedades. Es decir, que las empresas calculen sus ingresos y beneficios en base a la actividad que han generado en toda la UE y repartir después el impuesto entre los países donde esté presente. Otra propuesta que frenan los países es la de que las grandes multinacionales hagan público cuántos impuestos pagan y dónde para incrementar la transparencia fiscal y combatir la evasión.
“Un país como Luxemburgo vive de su chiriguito fiscal y es difícil hacerle ceder. Pero ¿qué defiende España en el Consejo?” se ha preguntado Urtasun. Para Jáuregui, Suiza (un país que no pertenece a la UE pero sí mantiene acuerdos comerciales y cooperación de fronteras) es el “principal eslabón” del problema de la evasión fiscal.
Además, en el debate han participado diputados españoles, entre ellos el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre. A su juicio resulta incomprensible que territorios como Gibraltar o Andorra no estén incluidos en la lista. “El único viaje al exterior del ministro Cristóbal Montoro fue a firmar un convenio de doble imposición con Andorra. Pero a España le sigue perjudicando mucho más Gibraltar o Andorra que la Isla de Nauru”, ha asegurado.
Por su parte, la diputada del PP Ana Madrazo ha defendido la idea de que en la UE se llegue a una base común pero estableciendo regímenes fiscales en función de particularidades territoriales, como ocurre dentro de España. La Plataforma por la Justicia Fiscal ha urgido a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a elaborar una nueva lista de paraísos fiscales que sustituya a la actual de 1991.
