Una palmada en el culo, ascensos a cambio de acceder a tener sexo, comentarios subidos de tono, tocamientos... Eurodiputadas, actrices, periodistas o modelos llevan semanas sacando a la luz pública el acoso sexual que han sufrido mientras ejercían su trabajo. Es la punta del iceberg del acoso sexual laboral: hay pocos datos pero los que hay muestran que es un fenómeno extendido que se denuncia y se juzga poco.
Las denuncias apenas llegan a los juzgados y tampoco a la Inspección de Trabajo. Entre 2008 y 2015, la Inspección hizo 1.500 requerimientos a empresas relacionados con casos de acoso sexual laboral que involucraron a 2.484 trabajadoras, según datos recogidos por UGT. Las multas impuestas en esos siete años ascendieron a 237.748 euros. En el mismo periodo, solo 49 sentencias en las que los tribunales condenaron a un agresor por este delito.
“Hay muy pocas mujeres que den el paso de denunciar, hay mucha vergüenza y mucho miedo. Los casos que llegan a los tribunales suelen ser los más flagrantes. Hay que tener en cuenta que este acoso lo suelen ejercen superiores y hay temor a represalias. En muchos casos se revictimiza a la víctima, es a ella a quien se cambia de puesto de trabajo o contra quien se toman las medidas”, explica la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.
Una herramienta útil contra el acoso en el trabajo, dice Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), son los protocolos de actuación: documentos que fijan el procedimiento a seguir, que ofrecen a las víctimas apoyo y marcan las medidas a tomar cuando la empresa tiene conocimiento de un caso de acoso sexual. “Al menos intimida a los depredadores: no dejan de existir, pero les hace tener más miedo a ser descubiertos”, asegura. El problema, apunta, es que son solo las grandes empresas las que suelen tener estos protocolos cuando el 70% de la población laboral trabaja en pequeñas y medianas empresas.
Antoñanzas está de acuerdo: “Estos protocolos siguen siendo algo residual. Es algo que debe tratarse en la negociación colectiva”. La sindicalista habla también de la necesidad de que el personal de recursos humanos y de los comités de empresa esté formado y de que los convenios colectivos incluyan medidas de protección, como asegurar que ninguna mujer víctima de acoso sexual pueda sufrir perjuicios laborales.
Un tercio del acoso sexual se produce en el trabajo
En Europa, el estudio sobre violencia de género de la Agencia de la UE de Derechos Fundamentales de 2014 reveló que el 74% de las mujeres con alta cualificación y el 75% de las mujeres que ocupan un puesto directivo ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. El porcentaje baja al 44% de las mujeres con formación media. En el 32% de todos esos casos las mujeres señalaron como agresor a un compañero de trabajo, un superior o un cliente.
La diferencia entre niveles de formación, explicaba el estudio, puede deberse a varios factores. Uno, a que las mujeres con más formación estén expuestas a entornos “en los que el riesgo de agresión es más elevado”. Otro, que esas mujeres sean “más conscientes” de lo que es acoso sexual. “Es necesario que los empresarios y otras organizaciones aumenten el grado de sensibilización y emprendan iniciativas prácticas para reconocer y abordar la realidad del acoso sexual a mujeres con antecedentes educativos y profesionales diversos, y en entornos de trabajo distintos”, decía la Agencia.
El portavoz de la UPIT explica que las investigaciones por acoso sexual en el trabajo son complejas: “Los agresores suelen hacerlo sin testigos”. Una vez tiene evidencias, la Inspección requiere que la empresa tome medidas, independientemente de si ese caso acaba en un juicio penal. “El agresor debe ser despedido o se puede contemplar la suspensión de empleo y sueldo”, menciona. Si la empresa no toma medidas, la Inspección sanciona.
La Agencia de los Derehos Fundamentales de la UE recomienda mejorar los datos administrativos y las encuestas sobre el trabajo para que incluyan “preguntas metódicas y detalladas” sobre el acoso sexual cuyos resultados sirvan para “formular políticas”. La vicesecretaria general de UGT subraya que, más allá de lo que se haga en los centros de trabajo, hacen falta políticas públicas que aborden el acoso sexual y fuercen a las empresas a tomarlo en serio.