ACS se consolida como líder en multas por amañar contratos en España: 97,5 millones en cuatro años
ACS se consolida como líder destacado en el ránking de compañías con un mayor importe de sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de cárteles para repartirse contratos. Ya acumula 97.560.342 euros en multas a través de cuatro expedientes sancionadores resueltos desde enero de 2015. Seis de ellas se han impuesto este año y suman 61,1 millones.
El gigante de la construcción y los servicios que preside Florentino Pérez alcanzó el dudoso honor de liderar ese ranking en marzo, tras desmantelar la CNMC el conocido como 'cártel del AVE', que encabezaba ACS. Desbancó a Procter & Gamble, sancionada en mayo de 2016 con 68,5 millones por la participación de su filial Arbora & Ausonia en un cártel de fabricantes de pañales para adultos.
Ahora, la promotora del fallido almacén de gas Castor acaba de sumar dos nuevas multas. En una resolución conocida este miércoles, la CNMC ha desmantelado un cártel de 19 empresas del sector de montaje y mantenimiento industrial para instalaciones de la industria energética y petroquímica al que ha impuesto 54,26 millones en sanciones. 18,11 millones corresponden a dos filiales de ACS.
Se trata de Mantenimientos y Montajes Industriales (MASA), que se ha llevado la mayor multa (14,626 millones), y Mantenimiento y Ayuda a la Explotación y Servicios (Maessa), sancionada con 3,49 millones. La CNMC ha multado además con 280.500 euros a ocho directivos. Las sanciones de mayor importe, ambas de 44.400 euros, han sido para José María Pau Galderán, director general de MASA, y el jefe del centro operativo en Huelva y Algeciras de esta filial de ACS, José Miguel Barranco Rosa.
A MASA se le ha aplicado el tipo más elevado a la hora de calcular la multa de las empresas (en función de su volumen de negocios), del 7,4% (el máximo legal es el 10%). La CNMC incoó expediente a una tercera filial de ACS, Moncobra, pero archivó las actuaciones porque los hechos han prescrito.
Por segunda vez en su historia (ya lo hizo en el cártel de Adif, que lideraba ACS), la CNMC ha aprobado remitir la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado “a los efectos oportunos”, para que el Ministerio de Hacienda decida si prohíbe a las empresas afectadas contratar con la Administración.
Voto particular
La resolución contiene un voto particular de la consejera Pilar Canedo. Considera que la CNMC “debería haberse pronunciado sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar”, ya que tiene “competencia para hacerlo”. Y critica que las multas impuestas “suponen una reacción insuficiente ante la gravedad de las infracciones y el desvalor que han generado en la sociedad y en la competencia”.
La detección de este cártel fue posible gracias a la denuncia de una de sus integrantes, la empresa Navec, que se ha beneficiado de la exención en el pago de la multa. También se ha acogido al denominado programa de clemencia Enwesa, 100% propiedad del Estado y que ha obtenido una rebaja de la multa del 50% por colaborar en el proceso.
Durante 16 años (entre enero de 2001 y julio de 2017), el cártel creó un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios y amañar “al menos” 746 contratos de 18 empresas, entre ellas, Repsol, Cepsa, CLH, Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa.
“Se me olvidó puntualizarte ayer que, obviamente, si Endesa os pidiera revisar a la baja vuestro precio no contempléis ninguna rebaja a los mismos”, se lee en un correo reproducido en la resolución que remitió Maessa (filial de ACS) a su rival Imasa en diciembre de 2011, relativo a las ofertas a presentar a Endesa para un contrato en su central de Compostilla (León).
ACS, que no ha querido hacer comentarios, tiene actualmente abiertos otros tres expedientes sancionadores de la CNMC. Todos corresponden a licitaciones de la Administración pública.
El más reciente es el incoado en julio a su filial Api Movilidad y otras doce empresas, por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Su filial Cobra tiene abierto otro relativo a servicios de seguridad y comunicaciones en la red ferroviaria; y Dragados, otro en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios públicos.
En marzo, la CNMC impuso más de 118 millones en multas a 15 empresas en el denominado 'cartel del AVE', con el que sus integrantes, entre ellas varias de las mayores constructoras del país, se repartieron durante más de una década más de 1.000 millones en licitaciones de Adif, la mayoría (unos 900 millones) relacionadas con el AVE. Más de la mitad de las multas correspondieron a filiales de ACS.
La CNMC pidió entonces por primera vez que se vete como contratistas de la Administración a la mayoría de integrantes de ese cártel, pero dejó la decisión en manos de Hacienda, que no ha movido ficha. Las empresas han tratado de bloquear la prohibición en la Audiencia Nacional y como el veto no se ha aplicado, esas compañías (entre ellas, ACS, Abengoa, Indra, Sacyr, OHL y Comsa) han seguido adjudicándose contratos. A mediados de junio, acumulaban más de 130 millones en adjudicaciones desde que se anunció la multa, lo que superaba con creces el importe de las sanciones impuestas.
