El primer bloque de la reforma de pensiones ha terminado siendo más ambicioso de lo esperado en un inicio. Los primeros adelantos del Gobierno indicaban que abordaría dos grandes puntos: acabar con las subidas anuales del 0,25% de la época de Rajoy gracias a un nuevo mecanismo de revalorización según el IPC y una serie de incentivos para impulsar el retraso de la edad efectiva de jubilación. Finalmente, el acuerdo al que han llegado este lunes los agentes sociales y el Gobierno tumba también el segundo elemento clave de la legislación de pensiones del PP, el factor de sostenibilidad, y además incluye otras dos “patas” muy relevantes. Por un lado, refuerza los ingresos de la Seguridad Social con un compromiso de apoyo desde los Presupuestos y, además, aborda un listado de medidas adicionales con las que el Gobierno se compromete a cumplir con algunos compromisos y deberes pendientes.
Una vez cerrado el acuerdo en la mesa técnica del diálogo social, se espera que los empresarios respalden el pacto en una consulta de la CEOE y que el Ejecutivo pueda oficializar el primer acuerdo social en pensiones en una década en un acto a lo largo de la semana. La previsión es que el proyecto de ley se apruebe el próximo martes 6 de julio en el Consejo de Ministros y que las medidas entren en vigor para el comienzo de 2022. Ahora toca de nuevo el turno para el debate político, con la tramitación parlamentaria de la legislación. El objetivo comprometido en Bruselas es que esta primera parte de la reforma esté aprobada antes de 31 de diciembre de 2021.
A falta de la letra pequeña del texto normativo que apruebe el Ejecutivo la semana que viene, el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación con los sindicatos y los empresarios desglosa una amplia serie de medidas. Algunas muy repetidas en los medios desde hace meses, como la revalorización de las pensiones según el IPC, pero hay otras también muy específicas y más desconocidas, como la recuperación indefinida de la famosa cláusula de salvaguarda de las pensiones de 2011 que limitó Rajoy. También hay algunas novedades, incluidas en el pacto a última hora, como el fin de una discriminación del sistema de pensiones con las mujeres respecto al llamado “servicio social” femenino.
El acuerdo acaba con los dos elementos clave de la legislación de pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy de manera unilateral en 2013 y que al final de su mandato el propio PP dejó sin aplicar. La reforma estaba simplemente “dormida”, vigente en el ordenamiento jurídico y era exceptuada en los últimos años cada ejercicio. El primer bloque de cambios elimina finalmente tanto el índice de revalorización de las pensiones, que provocaba las subidas anuales del 0,25%, como el factor de sostenibilidad, que tenía el objetivo de ligar la cuantía de las pensiones futuras a la esperanza de vida, lo que produciría una reducción de las prestaciones en las próximas décadas.
Los agentes sociales y el Ministerio de la Seguridad Social han pactado ya el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que subirán con el IPC. En caso de que este sea negativo, las pensiones no bajarán. Pendiente queda la negociación sobre el nuevo indicador que sustituya al factor de sostenibilidad, un “gesto” de la generación del baby boom con las actuales de jóvenes mucho menos numerosas, en palabras del ministro José Luis Escrivá.
Este elemento se incluirá finalmente también en este proyecto de ley, aunque no ha dado tiempo de incorporarlo (ni debatirlo) aún, por lo que los planes pasan por introducirlo vía enmiendas una vez se esté tramitando ya el texto legal en el Congreso, según fuentes de la Seguridad Social. El Gobierno da un plazo de negociación de algo menos de cinco meses para acordar el que llaman “índice de equidad intergeneracional”, hasta el 15 de noviembre de este año. En realidad este operará a partir de 2027, pero el Ejecutivo quiere aprobarlo ya para que la eliminación del factor de sostenibilidad –que exigieron los sindicatos para firmar el acuerdo– vaya acompañada de su medida sustitutiva. Si no hay acuerdo en el diálogo social, el Gobierno incluirá la medida por su cuenta.
El ministro de la Seguridad Social ha explicado que la actual reforma de pensiones que aborda el Gobierno pretende dar sostenibilidad a la Seguridad Social hasta dentro de más de dos décadas, de manera que se supere el momento más crítico para el sistema que se producirá con las jubilaciones de los baby boomers. Entre las medidas necesarias, Escrivá ha defendido que no es necesario el aumento de la edad legal de jubilación, que avanza a los 67 años gracias a la reforma de pensiones de 2011, y está en línea con los países de nuestro entorno. Pero sí ha insistido en la necesidad de retrasar la edad efectiva a la que se retira la gente (64,6 años, en la actualidad).
Para ello, el Gobierno ha pactado con los sindicatos y empresarios varios incentivos para intentar que la gente siga trabajando a edades avanzadas, pero sin aplicar medidas obligatorias. Según la previsión del Ejecutivo, el conjunto de medidas incrementará en unos dos años la edad efectiva de jubilación en 2050, explican en la Seguridad Social. Entre los incentivos, destacan:
— Se penalizan más los dos primeros meses en los que es posible la jubilación anticipada voluntaria. Es decir, el mes 24 de anticipo y el mes 23, en los que se retira el grueso de la gente que opta por la anticipada a día de hoy, pero se reducen las penalizaciones actuales a partir del mes 22. La idea es que se provoque un ligero retraso, aunque sea de dos meses, de las jubilaciones anticipadas. A nivel individual es un retraso que se nota poco, pero en términos agregados sí tiene efecto en las arcas de la Seguridad Social, según el Ministerio. Los coeficientes reductores quedan como indica la tabla:
Se acabará también con los coeficientes reductores más reducidos que ahora se aplican en la práctica a los trabajadores con salarios más altos y que se van con la pensión máxima (del 4% por dos años en lugar del 16% con el actual sistema). Al final, el acuerdo social incluye una equiparación de los coeficientes reductores con el conjunto de trabajadores que será progresivo a partir de 2024, a lo largo de diez años, y que vaya acompañado del incremento de la pensión máxima.
Los nuevos coeficientes de la jubilación anticipada no se aplicarán a las personas que hayan sido despedidas antes de terminar este año, siempre que no vuelvan a trabajar más de 12 meses antes de jubilarse, y las que salgan después de sus empresas en ERE u otro tipo de acuerdos que fueron firmados antes de la entrada en vigor de esta ley. Aunque si las nuevas penalizaciones les son más favorables, pueden acogerse a esta legislación.
— Más “premio” a seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación. Se pasará del actual incremento de la pensión del 3,2% anual al 4% por cada año en que la persona siga trabajando. Además, se permite optar por otra vía de compensación: se puede elegir una cantidad a tanto alzado en el momento de la jubilación, que va de los 4.786 euros en el caso más bajo a los 12.060 euros, en función del salario de la persona y su carrera de cotización. También estará la opción de combinar ambas opciones, que el Gobierno tiene aún que desarrollar.
— Restricción a la jubilación forzosa por convenio y ayudas a la cotización de los trabajadores de avanzada edad. Estas medidas están pensadas más para las empresas, para fomentar la permanencia de personas trabajadoras de avanzada edad en el mercado laboral. Por ejemplo, las compañías solo pagarán el 25% de las cotizaciones sociales por contingencias comunes durante las bajas de los empleados que hayan cumplido los 62 años.
El primer bloque de modificaciones sale adelante también con importantes añadidos. Por ejemplo, se acuerda un apoyo financiero de la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado, que pasan a asumir varias partidas al menos de aquí a 2023. Las transferencias suponen unos 21.000 millones de euros al año, calculan en CCOO.
Una de las novedades incluidas a última hora consiste en la equiparación del “servicio social” femenino del franquismo con el servicio militar obligatorio para acreditar el periodo de cotización necesario para la jubilación anticipada. El Supremo ya falló el año pasado que no considerar este periodo era discriminatorio con las mujeres.
El pacto pone fecha, negro sobre blanco, a algunos compromisos pendientes por el Ejecutivo. Se da seis meses para equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios y recoge que en tres meses todos los becarios, cobren o no por sus prácticas, deben estar cotizando a la Seguridad Social. Para ello, se aprobará en este plazo el reglamento que está pendiente al respecto y se apoyará a las empresas, que quedarán exentas del 75% de la aportación.
También se cierra un conflicto que continuaba abierto, respecto a la cláusula de salvaguarda de las pensiones de la reforma de 2011, que limitó Rajoy. Hasta ahora, el Gobierno de Sánchez ha ido aprobando prórrogas cada año, en los últimos días de diciembre. El acuerdo social recoge finalmente su recuperación indefinida, como pedían los sindicatos.
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