Adif aprueba una “política de prevención y gestión de conflicto de intereses” tras fichar al jefe anticorrupción del PP
El consejo de administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que hace un año fichó a escondidas al exdiputado, abogado y lobista Andrés Ayala, presidente de la oficina Anticorrupción del PP, ha aprobado recientemente una “política de prevención y gestión de conflicto de intereses” para sus consejeros y empleados. Así lo ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.
En respuesta a una batería de preguntas del diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Sergio Pascual sobre el nombramiento de Ayala como consejero de Adif, Gómez-Pomar ha señalado que este “se ha realizado con el más absoluto respeto a la legalidad vigente” y ha glosado la “importante y reconocida labor profesional pública” del exdiputado.
En una intervención en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja que ha leído íntegramente, el secretario de Estado ha explicado que Adif aprobó el pasado 29 de enero esa nueva política de prevención, que está “en proceso de implantación” y que “prevé que se formalicen de forma expresa declaraciones iniciales y periódicas de conflicto de intereses” por parte de los consejeros de la empresa estatal y su personal.
Pascual, por su parte, ha solicitado por escrito el expediente completo de ese “nuevo modelo gobierno corporativo” y las actas de la reunión en la que se aprobó esa política, que según el alto cargo de Fomento busca el “fortalecimiento de la cultura ética de la entidad”. El presidente de Adif es Juan Bravo, que está imputado en el caso Lezo desde diciembre.
“Zorro cuidador de gallinas”
Gómez-Pomar ha señalado que Ayala, definido por el diputado de Podemos como “zorro cuidador de gallinas”, actualmente “no ejerce ningún cargo público ni es alto cargo de la Administración, ni incurre en causa de prohibición o incompatibilidad para el desempeño de su cargo ni le es de aplicación” lo dispuesto en las leyes de Incompatibilidades y Altos Cargos.
El secretario de Estado ha evitado pronunciarse sobre los múltiples negocios en los que ha estado involucrado Ayala, casi siempre relativos a decisiones del Ministerio de Fomento: desde dos concesiones de Aena al grupo de casinos Orenes, al que está vinculado, hasta un frustrado proyecto para convertir un faro en hotel en Murcia, una urbanización junto a una zona protegida o un proyecto para montar un mercado gourmet en su Cartagena natal en un terreno público y de la mano de un empresario de la trama del 'tamayazo'.
Gómez-Pomar se ha limitado a señalar que, al no tener Ayala condición de alto cargo, “la oficina de conflictos de intereses no tiene competencias sobre las posibles incompatibilidades de una actividad privada o una actividad empresarial”. Preguntado por las razones por las que el gestor ferroviario ocultó en su web durante meses su nombramiento, ha indicado que “actualmente en el portal de transparencia de Adif se publica la composición del consejo con indicación del cargo de cada consejero”.
Es la primera vez que un miembro del Gobierno se refiere al nombramiento de Ayala, un fichaje que ha propiciado varias preguntas por escrito de la oposición, incluyendo a Ciudadanos. El que fuera portavoz de Fomento del PP en el Congreso durante trece años aterrizó en Adif en febrero de 2017. Unos meses después de su designación, el Ministerio de Fomento (responsable del nombramiento) también colocó en el gestor ferroviario a la ex senadora popular por Ciudad Real Carmen Fúnez, actualmente sin cargos en el PP. La retribución de ambos no es pública.
