La administración concursal de Unipost ha solicitado abrir de la fase de liquidación tras no haber recibido ninguna oferta “razonable” para la adquisición de su unidad productiva. La compañía, el principal operador postal privado del país y que ha sido noticia por ser investigada con relación al referéndum del 1-O, instó a concurso voluntario de acreedores el 12 de julio del año pasado. CCOO ha lamentado este lunes el próximo cierre de la empresa y ha advertido de la pérdida de “casi 2.400 empleos directos, y centenares indirectos de la red de franquicias que obligará a la recomposición del Sector Postal España”.
En un comunicado este lunes, el bufete de abogados Jausàs, administrador concursal de la compañía, ha detallado que se ha trabajado “hasta el último momento para encontrar una solución”. La administración concursal ha subrayado que “la situación económica de la concursada sigue estando seriamente deteriorada, con graves tensiones de tesorería y unos créditos contra la masa que no han cesado de aumentar”.
El plazo de 40 días para presentar las ofertas terminó este domingo, después de que el juez del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona acordara “diferir” dos meses la apertura de la fase de liquidación en enero.
Comisiones Obreras va a emprender las acciones legales contra Pablo Raventós, director de la compañía al considerarle responsable de la situación de la empresa. Según el sindicato, Raventós es el responsable de dilapidar la empresa con “su nefasta y nula gestión prolongada desde hace más de siete años”.
Siete meses desde el concurso de acreedores
La administración concursal solicitó el pasado 15 de diciembre la apertura de la fase de liquidación de Unipost “al haberse reducido sustancialmente el volumen de negocio”, y proponía el cese parcial de la actividad empresarial teniendo en cuenta que, en sus parámetros actuales, no es viable y la única opción es su liquidación, bien a través de la venta de la unidad productiva o mediante la venta individualizada de los bienes.
Unipost instó a concurso voluntario de acreedores el 12 de julio del año pasado por insolvencia, con unos activos de 40,6 millones de euros frente unos pasivos de 47,4 millones.
Tras la solicitud de despido colectivo en octubre para sus 2.200 trabajadores, la situación económica de la empresa se agravó teniendo en cuenta la imposibilidad de satisfacer obligaciones a vencimiento con la tesorería generada por la explotación ordinaria del negocio; la inviabilidad del convenio de acreedores, y la dificultad para encontrar un fondo de inversión y/o empresa interesados en la compra de su unidad productiva.