Anticipa Real Estate, una de las filiales de Blackstone en España, incumplió la ley de Sociedades de Capital y el Plan General de Contabilidad en 2017 y 2018, según revela la auditora Deloitte en las cuentas de la compañía. El motivo es que “por motivos de confidencialidad” no incluyeron las remuneraciones de los administradores del servicer, creado tras la compra de la sociedad que gestionaba los inmuebles adjudicados de la extinta Catalunya Caixa.
El consejo de administración de Anticipa está conformado, según las cuentas, por Claudio Boada, Adam Sha, Jean François Bossy, Diego San José, Jean Christophe Dubois y Eduard Mendiluce, este último consejero delegado de esta empresa y de Aliseda, ambos propiedad del fondo estadounidense.
Además de presidente de Anticipa, Boada es, por su parte, el representante en España y Portugal de Blackstone, el mayor propietario inmobiliario del mundo, considerado un fondo buitre por la manera en la que aumenta su cartera y obtiene beneficios: la compra de activos inmobiliarios dañados y su venta en el punto álgido del ciclo inmobiliario. Una de las operaciones más conocidas en España de este fondo es la adquisición de un amplio parque de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, cuando Ana Botella era alcaldesa.
Anticipa Real Estate adquirió en 2015 40.000 hipotecas titulizadas (empaquetadas para su venta a terceros) a la extinta entidad catalana Catalunya Caixa Inmobiliaria por 4.123 millones de euros. En aquella operación, Blackstone aportó 3.598,4 millones y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad pública que era la propietaria de Catalunya Banc tras su nacionalización en plena crisis financiera, los restantes 524,9 millones.
Desde entonces han seguido comprando carteras de activos inmobiliarios, la mayoría con problemas de impago. En estos momentos, según informan en su página web, disponen de unas 15.000 viviendas en alquiler distribuidas por todo el territorio nacional y concentradas, especialmente, en Catalunya, Madrid, Levante y Andalucía. Anticipa es lo que se conoce como un servicer, sociedades encargadas de gestionar grandes carteras inmobiliarias e hipotecarias procedentes de entidades financieras. En gestión de inmuebles, actualmente disponen de una cartera destinada en un 70% al alquiler y un 30% a la venta. Los planes de la compañía pasan por aumentar su cartera en alquiler un 66%, hasta los 25.000 inmuebles, a finales de este año 2019.
Según las cuentas de 2018, obtuvieron un beneficio de 6,6 millones en 2018 y de 3,1 en 2017, tras aumentar sus ventas un 31,1% el pasado ejercicio. Estas procedieron de su actividad como gestores inmobiliarios, que le proporcionaron ingresos por valor de 49,5 millones en 2017 y 64,9 en 2018.
Consultada una portavoz de la empresa por este periódico sobre el hecho de que no incluyan información sobre la remuneración de sus administradores, en contra de lo que exige la ley, se ha remitido al punto de las cuentas de 2018 en el que se señala que “por motivos de confidencialidad, la sociedad no presenta las retribuciones devengadas por los miembros del consejo de administración, formado por seis hombres de los que uno forma parte del comité de dirección de la sociedad”.
Sí ofrecen las retribuciones del consejero delegado (Mendiluce, también en el consejo de administración), el comité de dirección y el resto de directores de la sociedad (diecisiete hombre y cuatro mujeres a 31 de diciembre de 2018), aunque los presentan de forma agregada. Recibieron 2,9 millones más 7.149 euros en planes de pensiones en 2018 y 2,1 millones más 11.792 euros por el segundo concepto en 2017.
“Resulta inexplicable que se nieguen a cumplir con una obligación mercantil, en este caso que aparezcan reflejadas las remuneraciones que han cobrado en las cuentas anuales. Se trata de personas como Claudio Boada, Eduard Mendiluce o Diego San José, que conocen perfectamente la normativa mercantil, de la que además les avisa el auditor dejando una salvedad en las cuentas. Blackstone ha incumplido deliberadamente con esta obligación, supongo que por la magnitud de las comisiones de éxito que se han debido desembolsar estos administradores. Sin embargo, no lo sabemos con certeza porque, aunque sea preceptivo, estas remuneraciones no se reflejan en las cuentas”, recalca Manuel Gabarre, investigador del Observatorio Contra Delitos Económicos (CODE).
Recientemente, el gobierno danés anunció que prepara un paquete legislativo para poner coto a las prácticas inmobiliarias de Blackstone en su país. El ministro de Vivienda, Kaare Dybvad, ha advertido contra las prácticas del fondo estadounidense. “Compran alojamientos, expulsan a los residentes, reforman y venden a un precio más elevado”, resumía el ministro. “Es un método increíblemente difícil de conciliar con una política socialdemócrata”, advirtió.