La Agencia Tributaria ha abierto inspección a los laboratorios Almirall, cuyos máximos accionistas son Jorge y Antonio Gallardo Ballart, poco después de conocerse que ambos hermanos legalizaron un patrimonio opaco de 113 millones de euros gracias a la amnistía fiscal que lanzó en 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Las actuaciones de Hacienda fueron comunicadas a la empresa en julio de 2016, unas semanas después de que, el pasado 9 de junio, la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón filtrala.org, revelase que ambos hermanos estuvieron entre los 9.387 contribuyentes catalanes que se acogieron a la amnistía. Esta medida de gracia benefició a cerca de 30.000 personas y empresas en toda España.
En sus últimas cuentas anuales, remitidas este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la farmacéutica catalana explica que “en julio de 2016, la Agencia Tributaria comunicó a Almirall, SA, en su condición de representante del grupo fiscal, el inicio de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del Impuesto de Sociedades (régimen de consolidación fiscal) de los ejercicios 2011, 2012 y 2013”.
La inspección también afecta al IVA, “Retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos trabajo/profesional, Retenciones e ingresos a cuenta arrendamientos inmobiliarios y Retenciones e ingresos a cuenta imposición no residentes de los periodos Junio de 2012 a Diciembre de 2013”, señala la empresa.
Como suele ser habitual en estos casos, la compañía dice que “debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales o de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación, pueden dar lugar a pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva”.
Posibilidad “remota”
“No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota”, concluye.
Los Gallardo escondían su dinero opaco en cuentas bancarias en Suiza y Mónaco a través de dos empresas de Panamá. La regularización que llevaron a cabo gracias a la amnistía es la de mayor importe que se conoce del pequeño listado de beneficiarios que ha trascendido gracias a investigaciones periodísticas y a sumarios y sentencias judiciales. El Gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a difundir la lista de amnistiados.
Ambos hermanos se acogieron a la amnistía el 14 de noviembre de 2012, una semana antes del lanzamiento, en alianza con La Caixa, de la marca Vithas, la mayor compañía de capital nacional de sanidad privada de España, que hace unos días abría en Madrid su centro más exclusivo, el hospital Vithas Internacional, enfocado especialmente en usuarios extranjeros (principalmente de Arabia Saudí, Rusia o Inglaterra).
Los dos hermanos legalizaron con la amnistía un patrimonio opaco de 112.979.114,13 euros: Jorge Gallardo (1941), presidente de Almirall y expresidente de la patronal farmacéutica (Farmaindustria), afloró un patrimonio de 55.818.421,65 euros y su hermano Antonio Gallardo (1936), 57.160.692,48 euros.
Este último no está implicado en la administración de Almirall, de la que fue presidente, y centra sus esfuerzos en el grupo Landon, la sociedad patrimonial del clan, que es una de las grandes fortunas españolas, en el puesto 13 del ránking nacional elaborado hace unos días por el diario El Mundo.
La cuota que pagaron al Fisco los Gallardo con sus DTE fue de 2.732.800,27 euros: apenas el 2,4% del patrimonio que ocultaban, gracias a la rebaja en las condiciones de la amnistía que decidió aplicar el Ministerio de Hacienda a mediados de 2012 para hacerla más atractiva para los defraudadores.
Los Gallardo controlan las sociedades Grupo Plafin (al 50%) y Todasa (un tercio cada uno), que a cierre de 2016 controlaban a su vez, respectivamente, el 41,3% y el 25,34% de Almirall.
La farmacéutica aumentó su facturación un 11,7% el año pasado gracias a la contribución de sus adquisiciones de terceras compañías, pero redujo su beneficio un 42,7%, hasta 75,5 millones. El resultado neto normalizado (excluyendo elementos extraordinarios) creció un 0,6% el año pasado, hasta los 83 millones.
El pasado 18 de octubre, la farmacéutica anunció un plan de reestructuración de plantilla en España que pactó un mes después con los representantes de los trabajadores, con un máximo de 102 afectados (cerca del 10% de su plantilla en España) y un coste de 26,6 millones en 2016. El recorte perseguía “reasignar recursos para poder apoyar los nuevos proyectos de crecimiento futuro de la compañía, fruto de la I+D interna y de las operaciones de desarrollo corporativo llevadas a cabo en los últimos 18 meses por las sociedades del grupo”.