La energía hidroeléctrica ha marcado el precio de la luz en el mercado mayorista de electricidad en la mayoría de las horas de agosto, el mes más caro de la historia del denominado pool, con ocho récords históricos (el último, este martes) que van a traducirse en la factura de la luz más cara hasta ahora.
El rally ya está impactando en la inflación, que se ha disparado a su nivel más alto en casi una década, con el consiguiente deterioro del poder adquisitivo de empresas y familias en plena recuperación, y las previsiones apuntan a que la factura de un usuario doméstico acogido al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) apuntan a un encarecimiento del 25% respecto a 2020, si bien este ejercicio el recibo fue el más bajo de los últimos años porque el precio del pool (ahora por las nubes) se hundió por la pandemia.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba este lunes, en su esperada comparecencia en el Congreso para explicar la subida de la luz, que el Gobierno prepara una reforma legal para reforzar el control sobre el vaciado de embalses que “evidentemente puede tener incidencia en el precio de la electricidad”.
Tras la alarma social generada por esta sucesión de récords y las imágenes de pantanos prácticamente vacíos en cuestión de semanas, la reforma partiría del artículo 55 de la Ley de aguas, que regula las facultades de los organismos de Cuenca y, llegado el caso, les permite “condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional”.
Se llevaría a cabo al margen de los resultados que den los expedientes informativos que ha abierto el Ministerio a Iberdrola y Naturgy por el vaciado de embalses en las cuencas del Duero, el Miño-Sil y en el Tajo.
El objetivo, explicó Ribera, es ordenar el uso del agua embalsada “no solamente como un recurso de contenido económico que pueda ser turbinado, sino como un recurso ambiental de primer orden y con una incidencia social de primer orden”.
“Ocurre de vez en cuando que se produce una disminución del volumen embalsado. Lo que no había ocurrido nunca es que fuera en tan poco tiempo, con tanta intensidad y tan próximo o por debajo de la cota”, lamentó la ministra.
Cabe recordar que, recientemente, una eléctrica, Naturgy, ha planteado varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial para reclamar una indemnización millonaria por la fijación de caudales ecológicos en sus presas en Galicia.
“No es razonable”
En su comparecencia, Ribera clamó contra la “escandalosa reducción” de los volúmenes de agua en algunos embalses durante este verano y afirmó que “no es razonable” que esta fuente, que utiliza un bien público, haya “marcado el precio el 65% de las horas en junio, el 64% en julio y el 59% en agosto”, cuando “evidentemente no internaliza ni el coste por combustible fósil ni coste por CO2”.
Pero así está diseñado el mercado eléctrico. El pool, que se rige por un modelo marginalista como establece la UE, está batiendo récords porque la cotización del gas natural y de los derechos de emisión de CO2 está disparada. Las plantas hidroeléctricas, que tienen muy bajos costes variables, están aprovechando esa coyuntura para presentar ofertas incluso superiores a las de las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural), fijando así el precio que cobran todas las tecnologías de generación.
Este martes de récord, recordó Ribera, la hidroeléctrica va a ser la que marque el precio al presentar la oferta más cara “en 17 de las 24 horas del día”, aprovechando los altos precios del gas natural.
No es una excepción. Un reciente análisis de elDiario.es mostraba que la hidroeléctrica había marcado el precio del pool en 75 de las 100 horas más caras de este año de precios récord. A mediados de agosto, el denominado pool inició una racha de cinco récords diarios consecutivos en plena ola de calor y el agua llegó a fijar el precio en 22 de las 24 horas del día. Desde entonces, los ciclos combinados han tenido un mayor peso en la fijación de los precios. Pero el agua se ha mantenido como la gran dominadora.
“Empatía social”
Ribera, que aseguró que va a “dar la batalla” en Europa ante esta escalada, indicó que es “muy probable” que lo que han hecho las empresas con los embalses sea legal, pero reprochó a las eléctricas que “en absoluto” hayan mostrado “empatía social”, un valor que, aseguró, también “cotiza en bolsa”. A principios de agosto, tras la prórroga del denominado escudo social para evitar cortes de suministro a clientes vulnerables, Ribera advirtió a las empresas de que “no es el momento de maximizar beneficios”.
La vicepresidenta tercera, que en su comparecencia de este lunes apoyó la creación de una comisión parlamentaria para analizar las causas de esta escalada del recibo, dejó claro eso sí que no está dispuesta a asumir las medidas planteadas la semana pasada por Podemos para fijar por decreto precios máximos para la hidroeléctrica o un precio fijo para la nuclear, porque serían contrarias a la normativa europea.
El Gobierno, dijo, “jamás va a impulsar la adopción de medidas que sabemos que son frontalmente contrarias al derecho comunitario” porque “no hay nada más perjudicial para los ciudadanos” y eso “acaba convirtiéndose en pérdida de confianza para el país” y se traduce en “sanciones más intereses”, “a veces en el ámbito comunitario, o como recientemente ha ocurrido con el canon hidráulico, con sentencias que nos obligan a devolver 1.400 millones a las hidroeléctricas”.
En clara alusión a las propuestas de Unidas Podemos, Ribera citó “algunos elementos básicos del marco comunitario que no debemos olvidar”: la “prohibición expresa” de “establecer precios mayoristas regulados” desde “hace más de 25 años” y la “prohibición de establecer precios máximos o mínimos”, así como de “discriminar tecnologías en el mercado mayorista”, algo que es la “quintaesencia” de la política energética europea.
Respecto al precio fijo a la nuclear que ha pedido Podemos esta idea “puede resultar atractiva conceptualmente”. Pero “no cabe” en el marco europeo, y “no es comparable al caso francés”, donde la nuclear es un monopolio en manos de la estatal EDF, mientras que en España es un oligopolio de cinco empresas.
Además, habría un alto riesgo de “litigiosidad” con las empresas porque las eléctricas plantean un precio fijo de 65 euros, mientras que Podemos ha planteado una “horquilla” en la que el precio mínimo que cobrarían los reactores es, dijo, de 18 euros. “Les digo lo mismo que le dije al señor Galán”, en alusión al presidente de Iberdrola.
Empresa pública
La vicepresidenta no ofreció apenas novedades sobre su reciente propuesta (planteada hace años por Unidas Podemos) de que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas vencidas. Sí indicó que “se puede plantear la participación de actores locales”, “una gestión centralizada a través de una empresa pública” o “soluciones mixtas”.
Y dejó claro que esa generadora tendría que atenerse a las reglas de mercado, como hace Enel (dueña de Endesa), que tiene precios mayoristas incluso superiores a los de España, si bien el país transalpino carece de energía nuclear, mientras que en España esta se mantiene todavía como la primera fuente de generación con un 20% del total.
A falta de nuevas medidas de calado, Ribera confirmó en su comparecencia que la suspensión del impuesto a las generadoras se va a mantener hasta fin de año y señaló que estudia fórmulas para que la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que está directamente indexada al denominado pool eléctrico, deje de tener esa referencia directa al mercado mayorista, como propusieron recientemente Endesa e Iberdrola.
En el Gobierno son “sensibles a una demanda planteada por las asociaciones de consumidores” para “regular de nuevo esa tarifa PVPC reduciendo su dependencia de un mercado volátil como es el mercado mayorista” y vinculándola a “una cesta de indicadores más estables” que permitan precios “menos volátiles” que ahora, aunque a costa de una mayor prima de riesgo para el consumidor.
Por eso, “hay que ser cautos respecto a cuales son los indicadores a los que indexa y en qué momento se produce”.
El PVPC data de marzo de 2014 y fue implantado por el Ministerio de Industria que entonces dirigía José Manuel Soria, con un Gobierno del PP, que hoy clama contra este sistema. Se puso en marcha tras anularse el anterior procedimiento, una subasta trimestral conocida como Cesur en la que participaban empresas eléctricas, entidades financieras, brokers y traders. Estas subastas arrojaron un importante sobrecoste para el consumidor que se cifró en unos 2.000 millones en el periodo comprendido entre 2008 y 2013.
A la espera de la solución propuesta para reformar la tarifa semirregulada (que pese a estas oscilaciones es más barata que las ofertas del mercado libre), la gran apuesta de Ribera son las dos medidas “estructurales” que ha planteado para abaratar la factura en los últimos meses a través de sendos proyectos de ley: el fondo para sacar del recibo el coste de las renovables más antiguas y el recorte a hidráulica y nuclear por el encarecimiento del CO2.