La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lanzado un claro aviso este lunes al señalar que hará falta un “proceso de consolidación fiscal igual que en la década pasada” para llegar al equilibrio en 2030 con el objetivo de “preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas” durante un encuentro organizado por el Consejo General de Economistas de España. Herrero ha señalado que ahora y en 2021 habría que mantener las ayudas públicas a empresas y ciudadanos porque la recuperación económica en el corto plazo será “parcial, incompleta y heterogénea” según los sectores económicos.
Aunque no ha especificado qué actuaciones habría que poner en marcha, la presidenta de la AIReF sí ha señalado que serán necesarias “medidas excepcionales”. En la crisis financiera de 2008 el Gobierno de Mariano Rajoy hizo unos recortes presupuestarios que afectaron gravemente a la población con una reducción del gasto social con un fuerte impacto en los servicios públicos básicos.
“No llegamos a esta crisis con las cuentas públicas holgadas. La deuda se ha reducido poco en el periodo de crecimiento económico, de hecho se ha entrado en esta crisis con un nivel superior a la anterior crisis, que probablemente supere el 120% del PIB. Nos enfrentamos a un intenso e importante deterioro del saldo fiscal en 2020, debido a la caída de actividad y a las medidas aprobadas para reducir el impacto de la crisis, y vamos a tener una recuperación limitada en 2021”, ha comentado Herrero.
¿Cuándo se podrían retirar las medidas de estímulo fiscal? En opinión de Herrero “no parece que 2021 se dan las condiciones necesarias para hacerlo, porque aunque habrá efecto rebote en la economía española todavía la incidencia en el PIB y el empleo será importante, por lo que las ayudas seguirán siendo necesarias. Hay consenso en la comisión europea en este sentido”. La presidenta de la AIReF ha confirmado que su organismo presentará una previsiones de la economía española esta semana que son peores que los pronósticos realizado en mayo.
“Hemos revisado a la baja nuestras previsiones para 2020, en línea con otros organismos, y las actuales apuntan a una caída mayor del PIB, en torno a medio punto por encima de las previsiones anteriores. También estimamos un deterioro del déficit público de entre 6 décimas y un punto de PIB con respecto a sus anteriores estimaciones”, ha planteado. Las últimas previsiones económicas del organismo era un desplome del PIB de entre el 8,9% y el 11,7% y un déficit de entre el 11,9% y el 13,9%.
Con las negociaciones de este viernes del fondo de recuperación europea, también ha recordado que es necesario que esas ayudas se gestionen adecuadamente y que se deberían utilizar para que el proceso de recuperación económica también sea “una oportunidad para modernizar la economía española”, pero ha subrayado, desde el punto de vista fiscal, que “habrá que devolver esas ayudas europeas, incluido si llegan como transferencias en lugar de créditos, porque España tendrá en el futuro que hacer las aportaciones que le toque para las cuentas europeas”.
Herrero ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España active la cláusula de escape que permite desviaciones fiscales a corto plazo en España ya que “aportaría certidumbres y daría abrigo legal a las desviaciones presupuestarias” a las que está incurriendo las Administración central y las Comunidades Autónomas por el gasto y las ayudas para luchar contra el impacto de la pandemia. La presidenta de la AIReF ha recordado que la Unión Europea ha puesto en marcha la Cláusula de Escape General que incluye el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para “escapar de las limitaciones de déficit de manera que otorga flexibilidad para que los Estados miembros tengan más libertad a la hora de gastar y así poder invertir en materia de sanidad y paliar las consecuencias socioeconómicas de la crisis del Coronavirus”.
“Al igual que ha hecho la Unión Europea, y de la misma manera que lo ha hecho 19 Estados de la UE, España no debería ser una excepción y debería aprobar su cláusula de escape. Ahora hay una indefinición jurídica que perjudica a la recuperación porque no permite hacer una propuesta presupuestaria clara y genera una incertidumbre en los los agentes económicos”, ha reiterado.
La presidenta del organismo fiscalizador ha añadido que “no se puede salir de esta crisis sin una mirada a largo plazo”, por lo que ha instado al Ejecutivo a seguir un planificación basada en cuatro ejes: “Impulsar la actividad a coto plazo, con un crecimiento inclusivo y efectuado reformas para la modernización del sistema económico”; “asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la elaboración de una senda creíble de reducción de déficit, atendiendo siempre a que las medidas no perjudiquen a la recuperación; ”establecer una coordinación de las Administraciones Públicas y un consenso político para que las medidas adoptadas tengan el mayor éxito posible“; y que las políticas que se aprueben sigan ”unas líneas de actuación claras y precisas y un calendario“.