El caos que están viviendo los emigrantes retornados para regularizar su situación ante el fisco español ha dado una vuelta de tuerca para dificultar aún más a estos jubilados el arreglo de sus cuentas con Hacienda. El teléfono especial habilitado para la atención de este colectivo lleva semanas indicando que se han terminado las citas para atender a los afectados. A un mes y medio de plazo para que finalice este período de gracia especial, los afectados, además de rascarse el bolsillo para devolver cuatro años de retrasos a Hacienda, deberán añadir los honorarios de algún gestor privado puesto que la atención oficial ya ha cubierto el cupo.
Desde las asociaciones de inmigrantes están trabajando para que “Hacienda entre en razón y paralice el proceso. Hay algunos casos denunciados ante la Justicia”, explica Llorente. “No hay nada seguro, pero de momento aconsejamos a nuestros asociados que demoren todo lo posible el pago. Hay plazo hasta el 30 de junio”, comenta.
Además, los que fueron obligados a regularizar el año pasado, tienen derecho a la devolución de las cuantías abonadas en concepto de intereses de demora y sanción. Pero el reingreso no se hace automáticamente por parte de Hacienda. “Tenemos que solicitarlo. Cuando preguntamos nos remiten a la página web. La mayoría de los afectados no sabe utilizar un ordenador y encontrar el impreso para la solicitud no es fácil”, explican en la Asociación de Emigrantes Retornados de Madrid. Aquí, como en el resto de provincias están intentado facilitar la tarea, pero no creen que los 20 millones de euros que Montoro tiene previsto devolver vayan a retornar efectivamente a sus destinatarios. “Mucha gente, ante lo complicado del proceso, va a tirar la toalla”, asegura Ángel Llorente.
Antecedentes
Hasta 2012 este colectivo no pagaba impuestos en España por las pensiones que recibían de otros países extranjeros. “Según nos explicaban en Hacienda, se daba por supuesto que esas pensiones ya pagaban en los países de origen. Eso sí, nunca nos dieron esa interpretación por escrito”, explica Ángel Llorente, presidente de la Asociación de Emigrantes Retornados de Madrid.
Pero ese ejercicio, el mismo de la amnistía, la situación cambió. Los casos de emigrantes retornados a los que se les exigía ponerse al día con Hacienda se fueron multiplicando, sobre todo en Galicia y Andalucía. Los afectados llegaron a salir a la calle para protestar por ello. En Hacienda niegan que esto sea fruto de ninguna campaña de inspección concreta, sino el resultado de los avances informáticos de la Agencia Tributaria y de una mayor colaboración con las autoridades fiscales de otros países. Así lo reconocen también los técnicos de la AEAT.
“Se tiene más información y cuando se cruzan datos saltan las alarmas y comienza el proceso habitual”, ha explicado José María Mollinedo, portavoz de Gestha. De hecho, ni siquiera hay una estimación oficial del dinero que se quiere recaudar. “Sí se han enviado 600.000 cartas pero no sabemos si todos los destinatarios tienen que regularizar o no”, explican en la Agencia Tributaria.
“Ha sido todo un despropósito. Se podían haber ahorrado las tres cuartas partes y no amedrentar a ancianos sin necesidad. Estamos ante un descarado cambio de criterio, pero con carácter retroactivo contra un colectivo especialmente débil”, asegura el diputado socialista Antonio Hurtado, uno de los más combativos en el Congreso, junto a Olaia Fernández del BNG, en este tema.
Situaciones extremas
Los emigrantes no se niegan a pagar, pero piden que se les exija hacerlo solo a partir de declaración de 2014. “Exigir la regularización de los cuatro últimos años, está provocando casos extremos en familias que ya de por sí cuentan con escasos recursos económicos”, advierte Ángel Llorente.
El cambio da un vuelco en las finanzas personales de muchos afectados, algunos con ingresos tan bajos que ni tenían obligación de hacer la declaración de la renta . La regularización de cuatro ejercicios de una sola vez es otro de los estragos. “En algunos casos, hablamos de gente que gana apenas 800 euros al mes que ahora tiene que pagar de golpe 4.000 euros. Eso no hay quien lo soporte”, denuncia Ángel Llorente.
Estas situaciones extremas son las que condujeron a que el Ministerio aceptara perdonar la sanción y los intereses de recargo correspondientes a las cuatro últimas declaraciones (los que Hacienda puede reclamar porque no han prescrito). Pueden acogerse a ella quienes regularicen entre el 1 de enero y el 30 de junio de este 2015. Para quienes lo hicieron antes, está previsto la devolución de esas cantidades, 20 millones de euros en total, siempre que sea expresamente solicitada por el afectado.
Pero el gravamen por regularizar esa situación no ha sufrido ninguna modificación, como se hizo con la amnistía. Frente al impuesto del 10%, que terminó convirtiéndose en un tipo efectivo del 3%, que tributaron aquellas fortunas, estas pensiones que ya pagaban impuestos en los países de origen, tienen que regularizarse al tipo de gravamen general, mínimo del 24%.
Sin embargo, el ministro de Hacienda tiene su propia opinión. “Eso sí que es hacer una amnistía fiscal. Es lo que hemos hecho con este colectivo, atendiendo a sus especiales características y porque se lo merecían, porque eran personas que podían tener un mayor desconocimiento de la legislación tributaria. Y ante eso hemos reaccionado”. Con estas palabras pronunciadas el 11 de marzo en el Congreso hablaba de los emigrantes retornados con pensiones cotizadas en el extranjero.