La campaña de la Renta de este año, iniciada este mes, incluye alguna novedad. Una de ellas tiene que ver con el aviso que van a recibir aquellos ciudadanos que tengan rentas procedentes de otros países. Los perceptores de pensiones del extranjero (y también con rendimientos de cuentas en el exterior) serán informados a través de una comunicación de la necesidad de incorporar estos datos a su declaración. Será una comunicación a colectivos específicos, con suficiente antelación y previsión, justo la información que nunca se hizo al colectivo de emigrantes y que provocó que millares de ellos en Galicia lleven meses recibiendo cartas en las que se les reclaman multas, intereses de demora y la cuantía de las declaraciones exigidas por las pagas que desde 2008 perciben de los diferentes Estados en los que trabajaron, a pesar de que nunca habían sido advertidos de la obligatoriedad de declarar esas cantidades o cuando incluso habían sido informados de que no era obligatorio hacerlo.
La Agencia Tributaria reconoce implícitamente su error y la denuncia que llevan tiempo haciendo las diferentes plataformas de emigrantes retornados: que nunca fueron correctamente informados y que nunca se les advirtió que debían declarar unas pensiones que siempre les habían dicho que quedaban exentas. La propia delegada de la Hacienda en Galicia, Imelda Capote, anunció la pasada semana en rueda de prensa que serían enviados estos nuevos avisos. No obstante, no son las únicas notificaciones que siguen llegando.
También llegan más multas, como confirma la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados. “Todos los días llegan nuevas sanciones y recibimos llamadas de todos los puntos de Galicia advirtiéndonos de ellas”, asegura Xosé Lois Leirós, uno de los portavoces del colectivo, que se queja también del “silencio” de la Agencia Tributaria, que ni recibe a los afectados ni les informa sobre los resultados de sus reclamaciones. “No tenemos ninguna noticiade Hacienda, ni desde Madrid ni desde la delegación de Galicia; lo mínimo que podían hacer era recibirnos, tal y como les pedimos, pero nada hacen”, insiste.
Leirós entiende que la decisión de la Agencia Tributaria de advertir oficialmente en esta campaña de la Renta de la necesidad de declarar las pensiones es una manera de “reconocer que antes no lo habían hecho”. “Y no solo no lo habían hecho, sino que la información que recibíamos era totalmente contraria”, recuerda. “Si tienen algún documento con el que puedan demostrar que avisaron a los emigrantes de que tenían que declarar ese dinero, que lo presenten; pero no tienen nada porque no lo hacían, ni en 2009, ni en 2010, ni nunca”, insiste el portavoz de la Coordinadora Galega, que insiste en que el objetivo del Gobierno del PP no es más que “recaudatorio” y a través de una “campaña sancionadora contra los más débiles”.
La Coordinadora, que lleva meses manifestándose, pide “la anulación de todos los expedientes sancionadores instruidos por la Agencia Tributaria y que han sido notificadios en los últimos meses a personas beneficiarias de pensiones en el extranjero por no tributar por estas cantidades en los ejercicios 2008-2012”, además de la anulación del cobro de intereses de demora y la modificación de la ley para “garantizar la igualdad de trato para los emigrantes retornados”. También reclama que se “anulen los requerimientos relativos a los ejercicios comprendidos entre los años 2008 y 2012”, así como que se revisen los convenios marco con otros países y que se modifique la normativa para que se fije “un mismo régimen del IRPF, con independencia de si las rentas proceden de un Estado o de varios Estados”. Por último, solicitan una campaña informativa sobre los deberes fiscales futuros, la misma que ahora pone en marcha Hacienda. La misma que nunca antes había existido.
La campaña sancionadora, que afecta ya a unos 20.000 emigrantes gallegos retornados, se ampliará a otros 30.000 y podría afectar finalmente a unos 200.000 ciudadanos gallegos que trabajaron durante años en el extranjero. Por el momento, la Agencia Tributaria ya ha recaudado más de 4 millones de euros en Galicia a través de estas reclamaciones.