La Federación de Asociaciones de cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha lamentado los nombramientos como directores generales de personas que no ostentan la condición de funcionario público y ha afirmado que es urgente impulsar un acuerdo entre instituciones para “trazar barreras nítidas” entre cargos políticos y técnicos.
En un comunicado, la organización de los altos funcionarios de la Administración ha puesto de relieve la “laxitud” que ha habido, ya que un “gran número” de direcciones generales que se han visto afectadas, varias de ellas pertenecientes a ministerios, cuentan con un cuerpo superior propio de funcionarios especializados y la ley establece que “los directores generales” deberán ostentar la condición de funcionario.
Es el caso del nombramiento de Miguel Ángel Garcia como director general de Ordenación de la Seguridad Social (cuando hay un cuerpo superior ad hoc), y de Gregorio Serrano que es director general en la DGT. Además se han nombrado otros cuatro directores generales en Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas; Migraciones, Oficina de Cambio Climático y Servicios para la Familia y la Infancia que también se han hecho a no funcionarios.
Asimismo, Fedeca ha resaltado que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público únicamente permite exceptuar que los directores generales no sean parte de la función pública “en atención a las características específicas de las funciones de la dirección general”. Así, ha subrayado que de las diez direcciones generales que se exceptuaban de este requisito (aprobado en noviembre de 2016), en cuatro de ellas el Gobierno ha optado por nombrar a funcionarios de carrera, por lo que Fedeca cree que el Ejecutivo “se ha desmentido sobre las pretendidas características específicas de sus funciones que habrían motivado su inclusión”.