El pacto de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado con los poderosos empresarios Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce ha permitido a ambos multimillonarios librarse de pisar la cárcel a cambio de pagar una multa de 93 millones de euros pese a ser responsables de “uno de los casos de mayor importe de fraude fiscal cometidos en España”, según la propia Fiscalía. El acuerdo ha proporcionado además a Carceller Arce una coartada perfecta para seguir gestionando las empresas en las que participa con toda tranquilidad.
Entre ellas está el grupo alimentario Ebro Foods, del que es consejero desde 2010 y vicepresidente no ejecutivo desde mayo de 2012. Carceller tiene a través de Damm (la cervecera que preside) una participación (10%), similar a la del Estado español (10,36%), que participa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta entidad está adscrita al Ministerio de Hacienda.
Ebro, que por su condición de cotizada debe rendir cuentas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la reciente condena a su vicepresidente, explicaba en su último informe de Gobierno corporativo que su consejo de administración había decidido “con su abstención” que “no procede adoptar decisión o iniciativa alguna en este asunto” por considerar que la causa, entonces pendiente de sentencia, “no guarda relación alguna con la Sociedad ni afecta a su actividad”.
La SEPI, que tiene un representante en el consejo de Ebro (Concepción Ordiz Fuertes, secretaria general del hólding público), no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre cuál es su posición sobre la continuidad de Carceller en ese órgano, en el que se sientan, entre otros, José Antonio Segurado, fundador de CEOE y exvicepresidente del PP, con la calificación de “independiente”.
Una portavoz del grupo alimentario insiste en que este “es un tema que no concierne a Ebro Foods, sino a la familia Carceller”. “La empresa sabe el procedimiento que tiene seguir e informará en tiempo y forma sobre la decisión correspondiente” tras la sentencia, zanja.
A sus 54 años, Carceller Arce, nieto del que fuera ministro de Industria en la dictadura franquista, Demetrio Carceller Segura, ha sido condenado por la sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a penas de 13 meses y quince días de prisión como “cooperador necesario” de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Pero, tras el acuerdo con Anticorrupción y la Abogacía del Estado, las penas de cárcel han sido sustituidas por multas que suman algo más de 4 millones de euros.
La clave para su futuro como administrador de sociedades es que el multimillonario ha sido absuelto del delito de blanqueo de capitales que figuraba en el escrito de acusación del fiscal, que pedía para él “inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un plazo de dos años”. Gracias al pacto con la Fiscalía, ha esquivado una posible condena por ese delito y, con ello, las prohibiciones para ser administrador que establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 213, explican fuentes jurídicas. La ley dice que no pueden administrar sociedades “los judicialmente incapacitados” y “los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico”, entre otros supuestos.
Medio centenar de empresas
Al esquivar la inhabilitación, Carceller Arce podrá así continuar en el cerca de medio centenar de sociedades en las que está presente como administrador en España. Entre ellas, algunas de las mayores empresas del país y varias cotizadas, como Ebro. Entre las no cotizadas están Disa, la mayor petrolera de Canarias, de la que es presidente, al igual que en Damm y en Cacaolat.
Es en las empresas cotizadas donde su situación es más conflictiva, por las teóricas salvaguardas que deben guardar los administradores de estas compañías en caso de ser condenados por delitos económicos.
Carceller Arce es también vicepresidente, consejero y máximo accionista (13% de forma directa y otro 2% de forma concertada con otro socio) de la constructora Sacyr, que en su último informe de Gobierno corporativo señalaba que, ante la causa penal abierta contra él, su consejo de administración “estimó que no procedía adoptar medida alguna” por este caso. “El Consejo tuvo en cuenta la debida presunción de inocencia predicable de todo imputado y que la naturaleza de los hechos que se le imputaban se circunscribía a un ámbito familiar”.
El código ético de Sacyr, que en teoría aplica entre otros a los consejeros del grupo, prohíbe “terminantemente” cualquier actuación “que pueda ser constitutiva de infracción penal, civil, mercantil, administrativa o tributaria”. A preguntas sobre este asunto, Sacyr no hace comentarios.
Carceller es también consejero de Gas Natural Fenosa a propuesta de su accionista Repsol. La gasista es la única compañía que, tras la sentencia, parece dispuesta a prescindir de él, aprovechando la reciente desinversión de parte del paquete de Repsol en su capital, que va a reducir la presencia de la petrolera en su consejo de administración, según avanzó este martes Vozpópuli.