Apuntes sobre el impacto del modelo energético actual sobre la democracia

A la huella sobre el medio ambiente y sobre los derechos humanos que conlleva el actual modelo energético, hay que sumar el gravísimo impacto que este modelo tiene sobre los procesos democráticos. Resulta palmaria la abrupta alteración de procesos mínimamente democráticos que se produce en aquellos países del sur cuyos recursos son saqueados por empresas o consorcios, con el fin último de perpetuar el abastecimiento de los mercados centrales.

Podemos subrayar cuatro estrategias básicas aplicadas por el centro del sistema en aquellos países ricos en recursos energéticos: La deuda como cautiverio. La búsqueda y provocación del empobrecimiento de regiones enteras y la urgente necesidad de desarrollo (con parámetros occidentales), como modo de justificar su endeudamiento y ulterior pérdida de soberanía.

De esta manera, decenas de países entran en un círculo vicioso tan erosionante como contradictorio: A) Son empobrecidos. B) Se endeudan para generar desarrollo. C) Pierden la soberanía política y sobre sus recursos. D) No tienen desarrollo y se empobrecen todavía más. E) Amplían endeudamiento… Agentes de campo. Las transnacionales y los gobiernos centrales aquiescentes precisan de un agente de autoridad local, que cuente con cierta legitimidad y conocimiento del terreno y aporte claves de perpetuación de este modelo extractivista. Estas son algunas de las razones fundamentales por las que Occidente coopta el poder de la ciudadanía en muchos países del sur, para depositar parte de ese poder en un gobierno títere, normalmente de marcado talante antidemocrático. ¿Quién recuerda el funesto destino de Ken Saro Wiwa y los Ogoni en el delta del Níger?

La respuesta militar. En muchas ocasiones la realidad social de los países depredados es de tal calibre que para poder asegurar los abastecimientos energéticos se precisa una intervención militar directa y conveniada a través de una amplia alianza. Estas intervenciones militares pueden significar grandes campañas, como es el caso de Iraq. En otras ocasiones, sin embargo, estas intervenciones son igualmente mortíferas, pero más localizadas, como es el caso de la intervención militar francesa para salvaguardar los yacimientos de uranio en Mali.

Las respuestas informales. Además de las grandes intervenciones militares, cabe mencionar las respuestas con las que sacuden y violentan la realidad de determinadas zonas algunas potencias menores, como es el caso de España y de sus transnacionales, ya sean estas de gran tamaño o de índole menor. Suelen ser respuestas informales aquellas que de manera soterrada son financiadas por estas compañías y que tienen por objetivo desplazar poblaciones resistentes o descabezar movimientos sociales contrarios a sus intereses. Ejemplificación de lo anterior es el asesinato de líderes mapuches en los territorios donde Endesa desarrolla una gran hidroeléctrica. Otro ejemplo, con una dimensión de la transnacional muy menor, es el de la gallega Hidralia y la muerte de líderes guatemaltecos que se han opuesto a sus proyectos. Las anteriores estrategias, descritas de una manera muy somera, suponen, como parece evidente, una alteración y ruptura de la capacidad y derecho de los pueblos para decidir por sí mismos sin ningún tipo de coacción o intervención exterior. Así pues, podemos afirmar que el actual modelo energético español forma parte de un conglomerado internacional que rompe cualquier posibilidad de desarrollo democrático, ya que una parte del negocio energético estriba, precisamente, en anular la capacidad de decisión de los pueblos para que los costes de extracción sean lo suficientemente ínfimos como para que siga produciendo astronómicos beneficios para las multinacionales y su país de origen.

A todo lo anterior hay que aportar algunas derivadas que eclosionan en nuestro contexto. Aquella que guarda relación con la cultura que desde los centros de poder se emite sobre las sociedades occidentales y que se basa en la desmaterialización de las fuentes de energía, presentándose la energía como fuente constante aunque amenazada, indispensable para poder mantener nuestro modo de vida, de la que apenas se sabe de dónde viene, quién la extrae, qué precio tiene, qué impacto tiene sobre las poblaciones de origen, qué dinámicas políticas y económicas impulsa, etc.).

Si la conciencia ciudadana es consustancial a su conocimiento, si la energía es considerada un elemento estratégico de nuestra realidad, si los valores de democracia guardan relación con la soberanía popular, la implementación de valores éticos y la propia conciencia social, debemos concluir que el actual modelo energético hurta y opaca su funcionamiento, alterando de este modo de manera profunda nuestro propio proceso democrático. Eso sí, se nos sirve un catálogo de estereotipos que refuerzan la percepción de amenaza: el mundo musulmán funciona como enemigo perfecto.

Otro asunto no menor es aquel que tenemos mecanizado, normalizado e invisibilizado y que guarda relación con la inercia consumista. Entendemos como inercia consumista, aquel comportamiento masivo que hace que nuestros consumos tengan una referencia identitaria ajena o contraria a la responsabilidad ética y medioambiental de esos consumos. Sería más que razonable que de una vez por todas se desarrollara una certificación ética y medioambiental de las fuentes energéticas. No se puede seguir sosteniendo como criterios superiores la disponibilidad del recurso y su rentabilidad económica. Los derechos humanos deben ser la medida con la cual se lea la realidad energética presente y futura. Llegados a este punto, hay que subrayar que el deterioro político de nuestra democracia debido al modelo energético es grave, duro y alarmante. La propia existencia de un puñado de tomadores de decisiones que sistemáticamente mediatizan y condicionan el mercado energético es buena muestra de que la democracia nunca llegó al campo de la energía.

Sobre esta cuestión resulta crucial arriesgar algunas reflexiones:

1. Si el concepto de democracia a examinar es formalista, se corroborará su vulneración por la conexión evidente y a mi juicio inmoral entre los gestores del bien común (gobernantes) y quienes tienen como prioridad el lucro privado, como por ejemplo UNESA, rompiéndose el principio esencial de la independencia del poder Ejecutivo. Paradigma de lo anterior es el caso del gaseoducto que amenaza Doñana, que ha sido aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (PP) a instancias de Gas Natural (UNESA), compañía de la que es asesor Felipe González (PSOE), apenas un mes después de que este dejase de ser Presidente del Consejo de Participación de ese Parque Nacional.

2. Si el concepto de democracia a abordar es de carácter liberal, también se ve violentado, toda vez que buena parte del opaco mercado eléctrico descansa sobre la base del predominio y ventaja de estas cinco compañías, lo que vulnera en buena medida el principio de libre competencia.

3. Finalmente, si hablamos de democracia participativa o corresponsable, podemos afirmar que el mercado eléctrico español es profundamente antidemocrático, en tanto que en modo alguno se consulta a la sociedad a propósito del modelo energético del que quiere dotarse.

Si de lo que habláramos fuera de soberanía en clave de Estado, es fácil concluir que a nivel energético esta soberanía está claramente violada, ya que cerca del 80% de las materias primas energéticas provienen del exterior. Si, por otra parte, entendemos que la soberanía descansa en la sociedad, es decir, en su ciudadanía, debemos concluir que esa soberanía ha sido hurtada por un oligopolio que toma decisiones al margen, y en muchas ocasiones en contra de la voluntad popular.

Sin embargo, no todos los factores que están provocando esta situación magmática en torno a la energía son de índole negativo. A este respecto hay que destacar dos cuestiones que parecen centrales.

Primero, que las formas de contención social del sistema están saltando en mil añicos, precisamente cuando los modos culturales del propio sistema han generado una dinámica metabólica de gran velocidad social. Aquellos factores que antes alienaban, ahora comienzan a servir como canales de la indignación, en los que lo importante ya no es la dimensión de esos canales (la conectividad total ya no nos sorprende), sino la actitud de cuestionamiento, implicación y profundización de valores democráticos a través de la corresponsabilidad y la dimensión ética de nuestro consumo de bienes y servicios.

Y en segundo lugar, la presente efervescencia cívica y política está arrumbando miradas que ubicaban a la ciudadanía en un plano de pasividad y consumismo acrítico, impulsándose otras lecturas a propósito de la sociedad, que la hacen sujeto central de los cambios y soluciones necesarios.