“Ahora no soy casta, ahora soy trama”, se quejaba Arturo Fernández hace unas semanas ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, muy disgustado después de que Podemos estampara su rostro en el famoso Tramabús.
En teoría, el empresario había sido convocado por Podemos para hablar del fraude en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, pero acabó dedicando buena parte de su comparecencia a explicar su apoyo financiero a Fundescam, la fundación del PP vinculada a la presunta financiación irregular del PP de Madrid que ahora ha salpicado de lleno a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.
Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica y conocido este martes ha puesto de relieve la relación entre las donaciones a Fundescam, la supuesta financiación irregular del PP y la posterior adjudicación a Fernández, entre otros empresarios, “de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.
En el caso de Fernández, el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cita los del servicio de Cafeterías, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid adjudicados entre 2009 y 2011 a su empresa de hostelería, Cantoblanco, con Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea, como presidenta de la mesa de contratación.
La línea de puntos trazada por la UCO arranca con dos donaciones a Fundescam por importe de 160.000 euros de marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones autonómicas de ese año, por parte de sendas entidades vinculadas al empresario hostelero: 60.000 euros desde la fundación Cantoblanco y otros 100.000 euros a través de la patronal madrileña CEIM, de la que entonces era vicepresidente.
Esas cantidades, según la Guardia Civil, “fueron empleadas para sufragar gastos electorales” del PP madrileño.
En horas bajas
Fernández no está, huelga decirlo, en su mejor momento. Mientras ve cómo a alguno de sus antiguos colaboradores, como Lourdes Cavero (a la que colocó en CEIM), se le complica su panorama judicial (la esposa de Ignacio González está doblemente imputada por el 'caso ático' y ahora, en la Operación Lezo), a él no le va mucho mejor.
Tras ser condenado a seis meses de cárcel por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, Fernández está a la espera de juicio por la salida a bolsa de Bankia, de la que fue consejero hasta su nacionalización, y está imputado por el presunto fraude en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid. El empresario, al que un veterano político madrileño definía hace unos años como “el perejil de todas las salsas” en la región, ha visto como su grupo de empresas de hostelería se asoma a la liquidación mientras a él también se le amontonan los problemas judiciales, casi todos relacionados con escándalos del PP de Madrid.
El amigo de Aguirre
Amigo de la infancia de Esperanza Aguirre (fue alumno del Instituto Británico, como ella), Arturo Fernández (Madrid, 1945) fue durante años el rostro visible de los empresarios madrileños como presidente de CEIM, donde sustituyó a su concuñado, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión. El también exvicepresidente de la patronal CEOE heredó a los 17 años la empresa Cantoblanco, fundada por su abuelo en 1898. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster en Business Administration en Boston.
El grupo de empresas Cantoblanco llegó a superar los 3.000 empleados y en sus buenos tiempos fue beneficiario de innumerables concesiones públicas, como las cafeterías del Congreso, el Senado, RTVE, numerosos ministerios, La Moncloa o la propia Asamblea de Madrid. Ahora, es un fijo de las listas de morosos de Hacienda, con una deuda que la última edición cifraba en más de 5,3 millones de euros.