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Las renovables apuntan al número dos de Soria por prevaricar con los 'informes fantasma'

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. EFE

EFE

Madrid —

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han presentado este martes las líneas maestras del escrito de denuncia que presentarán ante la Fiscalía Anticorrupción por considerar que las “contradicciones” observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación por parte de los responsables del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El texto de la denuncia, dirigida “fundamentalmente” contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, número dos del ministerio y hermano gemelo del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, considera que el Gobierno legisló “mal” -al atacar a ciertas tecnologías- “a sabiendas”, según ha apuntado hoy el abogado Piet Holtrop durante la presentación de la iniciativa.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre hoy.

Holtrop ha recordado que la prevaricación, recogida en el artículo 404 del Código Penal, “es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas”, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables sobre las que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías.

De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos pero uno se rescindió.

Además, el informe que finalmente se entregó se presentó después de la aprobación de la normativa, tras ser rechazado dos veces y además las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los supuestos errores en la normativa -que justifican en el daño económico causado a determinadas tecnologías- eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, ha lamentado las “contradicciones” del proceso, del que “se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores”, algo que, además, afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir “una prima de riesgo”.

Otras “contradicciones”, en su opinión, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación o que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque “no había hecho su trabajo”.

“Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia”, ha señalado, por lo que considera “fundamental que se aclare por qué se ha producido esto”.

Por su parte, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, ha insistido en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de partidos políticos, con el objetivo de “abrir el debate energético”.

Aunque la denuncia se dirige contra Nadal, las asociaciones no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.

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