El sector renovable ve argumentos para llevar a Soria ante Anticorrupción por sus 'informes fantasma'
El vodevil protagonizado por el Ministerio de Industria a cuenta de los 'informes fantasma' encargados a dos consultoras para justificar el multimillonario recorte aplicado el año pasado a la retribución de las energías renovables amenaza a José Manuel Soria en dos grandes frentes. Uno es el administrativo, con la catarata de recursos presentados por los promotores ante el Tribunal Supremo contra la orden ministerial que dio luz verde al hachazo; la otra es la vía penal contra el propio titular de Industria. Y el sector renovable cree que suma argumentos a su favor en ese flanco.
En unas semanas, la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables van a presentar ante la Fiscalía Anticorrupción una demanda contra el ministro por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en este proceso. Este martes, El Periódico de la Energía aportaba un nuevo detalle que revela, a juicio de los promotores de la demanda, cómo el Ministerio presionó a la única consultora que acabó presentando un informe, Roland Berger, para que realizase el trabajo que le convenía al Gobierno.
Industria ha reconocido ante el Supremo que llegó a pedir a esa firma que realizara hasta tres informes, presumiblemente, porque sus conclusiones no encajaban con el recorte que pretendía aplicar.
El “primer borrador de informe final” se presentó en febrero del año pasado, pero el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente de Industria, pidió a Roland Berger “una serie de correcciones a fin de subsanar los defectos y carencias observados”. Pese a la urgencia del proceso (que justificó la contratación a dedo de Roland Berger), tuvieron que pasar ocho meses, hasta septiembre de 2013, para que la consultora presentase una nueva versión, que tampoco convenció el Ministerio.
La “versión definitiva”, un documento de 198 páginas con el título 'Análisis de estándares de proyectos de producción de electricidad en régimen especial', no llegó hasta el 31 de octubre, meses después del recorte que, en teoría, se iba a justificar con ese informe y que ya había entrado en vigor (lo hizo en junio pasado).
“La cuestión de todo esto es qué pasó durante todos esos meses: por qué un consultor [Boston Consulting Group] se cae del proceso y el otro tiene que presentar tres versiones; ese es el relato que se cuenta a la Fiscalía Anticorrupción, para que analice si hay o no prevaricación por parte del ministro”, explican los promotores de la demanda.
La otra vía que plantearán ante la Fiscalía es la de la malversación: “Se adjudica a dedo un contrato a dos consultoras, por 300.000 euros [sin incluir impuestos] para cada una, pero no sabemos si cobraron las dos o solo una, porque esa información no se nos ha facilitado. Como mínimo, una de ellas [Roland Berger] cobró y la malversación va por ahí, contratar a dos asesores que luego no se utilizan”, explican esas fuentes.
Durante meses, Soria se escudó en las conclusiones de esos dos informes para esquivar las preguntas sobre por dónde iría el recorte a las renovables, que se anunció en el año 2013. En septiembre de ese año, tras un consejo de ministros, dijo que la nueva retribución se elaboraría “a partir” de las conclusiones de esos informes, que esperaba para noviembre de ese año.
Ahora, su versión es distinta. En su última comparecencia en el Congreso, dijo que el contrato con Roland Berger y Boston no se firmó hasta finales de 2013 pero su tarea fue “de contraste”. “Los estándares han sido elaborados exclusivamente por parte de los servicios del Ministerio” y, en concreto, el IDAE, según Soria.
