La Audiencia avala la suspensión de un ex jefe de la Agencia Tributaria condenado por estafa y sancionado por defraudar

Una condena en firme por estafa o una sanción de casi 20.000 euros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el organismo en el que era directivo, por defraudar en el IRPF de 2012 a 2014 con ingresos de miles de euros en metálico que recibían sus empresas.

Es el historial de Alfredo Pulgar, que hasta 2016 fue jefe regional de Informática de la AEAT en Castilla y León y para el que la Audiencia Nacional ha confirmado ahora una suspensión de empleo y sueldo de un año por vulnerar la normativa de incompatibilidades de los empleados públicos.

En otro capítulo de un litigio que dura años, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación que este funcionario público presentó en 2021 contra una sentencia previa que confirmó la sanción impuesta en 2020 contra él por el director de la AEAT por una falta disciplinaria “grave”. 

Como recuerda la Audiencia, Alfredo Pulgar era “el administrador de hecho” de Hormigones El Eruelo, una empresa de extracción de áridos ya extinta y vinculada a un caso de estafa por el que el funcionario y su esposa fueron condenados en firme a dos años de prisión en 2021. Como recuerdan los jueces de lo Contencioso, la actividad de este ex jefe de la AEAT como administrador en la sombra de El Eruelo era “incompatible con el puesto de trabajo desempeñado por el recurrente como funcionario público”. 

Y de ahí esa suspensión, confirmada en una sentencia que Pulgar, como indica al teléfono su abogado, Jesús Guinea, va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (el plazo expira este viernes).

Ante la Audiencia, su defensa intentó anular el procedimiento aduciendo que este contenía errores o que había caducado. Expuso que, de desestimarse estos argumentos, la sanción se le redujera a la mitad. Pero la Sala de lo Contencioso lo ha rechazado, teniendo en cuenta “la intencionalidad en la conducta infractora”, su duración, que según la sentencia se prolongó de 2014 a 2016, y “la perturbación a la imagen de la AEAT” que supone este caso. 

La sanción, razonan los jueces, “no puede considerarse desproporcionada”, dado que esa suspensión “ha sido impuesta en grado mínimo”. Infracciones graves como esta pueden acarrear una suspensión de hasta seis años para los funcionarios públicos.

A preguntas sobre este asunto, fuentes de la AEAT señalan que a Pulgar “se le aparta en el año 2016”. Ese año, explica su abogado, se recibe en la Agencia una denuncia contra él de su antiguo socio en esa empresa de áridos, que le acusaba de acceder a sus datos tributarios gracias a su posición en la agencia. Pero “era mentira”, subraya Guinea. 

Desde entonces Pulgar está “sin acceso a información relevante de la base de contribuyentes”, explican fuentes de la AEAT. “Lleva años apartado en su despacho y solo le dan las migajas”, confirman fuentes internas de la entidad en la capital vallisoletana, donde está destinado.

Nivel 29

En 2016 habían pasado solo unos meses desde que, en septiembre de 2015, una resolución firmada por el entonces director de la AEAT, Santiago Menéndez, convirtió a Pulgar en jefe de la Dependencia Regional de Informática Tributaria de la agencia en Valladolid, con un nivel 29, uno de los más altos de la Administración pública. El nombramiento oficializó unas funciones que llevaba años ejerciendo en comisión de servicios.

En la hemeroteca todavía puede encontrarse una noticia de febrero de 2011 sobre la participación en una jornada sobre Internet como “aliado de las empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias” de Pulgar, entonces jefe adjunto de la Dependencia Regional de Informática Tributaria de la AEAT de Castilla y León.

Funcionario por la mañana y entrenador de fútbol por las tardes, Pulgar, que ahora ronda los 54 años, tenía una doble o triple vida profesional. Las sentencias dictadas hasta ahora recogen que montó en 2005 la empresa Hormigones El Eruelo, domiciliada en la pequeña localidad palentina de Torquemada (Palencia) y en la que tenía junto a su esposa un 50%. La otra mitad pertenecía a otra persona muy vinculada al fútbol el ex delantero y ex entrenador del Real Valladolid Fernando Redondo Barcenilla, toda una leyenda en el equipo pucelano, con el que ganó el único título de cierta relevancia que el club tiene en su palmarés, la edición de 1984 de la extinta Copa de la Liga.

Hasta 2010, Redondo, palentino como Alfredo Pulgar, figuró como administrador de esa empresa de áridos junto a la esposa del funcionario. Pero en junio de 2010 los socios deciden que solo figuraría ella. Con el crack inmobiliario, la empresa se va al garete y Redondo acaba denunciando a sus socios con acusaciones a las que se adhirió la Fiscalía.

El Ministerio Público sostuvo que Pulgar y su esposa impidieron a su exsocio “acceder a cualquier información sobre las ventas, balances y cuentas anuales de la mercantil”, operando “con total opacidad y falta de transparencia, vulnerando el derecho de información”. El funcionario llegó a estar investigado por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El expediente disciplinario que la AEAT le incoó en octubre de 2016 planteaba que había realizado accesos “indebidos” a información tributaria. Pero en este caso acabó absuelto.

Sin embargo, sí acabó condenado por estafa junto a su esposa por las sucesivas ventas, en 2014, de los activos de El Eruelo, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de julio de 2019 confirmada en apelación el 29 de junio de 2021 por el Juzgado de lo Penal 1 de Palencia, en la que se ha apoyado ahora la Audiencia Nacional para confirmar esa suspensión de un año. En lugar de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y zanjar el asunto con una condena a seis meses que habría pasado desapercibida, decidieron pelear por su inocencia. Y perdieron.

La empresa Hormigones El Eruelo facturó 2,38 millones en el último año en el que presentó cuentas, 2012, cuando su facturación ya prácticamente cayó a la mitad. “Actualmente tiene cerrada la hoja registral, anotada su insolvencia por un crédito incobrable por la Agencia Tributaria”, como señaló la Audiencia Provincial de Palencia en noviembre de 2021. 

“Quien la ha venido administrando de manera efectiva, tomando decisiones en relación con la actividad empresarial, contratando y despidiendo a trabajadores”, con conocimiento del otro socio, fue Pulgar, “quien siendo funcionario en activo” de la AEAT “no podía figurar en los estatutos de la sociedad ni ostentar cargo alguno en la misma”. Sin embargo, él “hacía y deshacía desde los orígenes de la Compañía”. Incluso participaba en contratos públicos subcontratando con la unión temporal de empresas (UTE) Torquemada-Quintana del Puente la ejecución de algunas obras del Corredor Norte-Noroeste de AVE. 

También llevaba a cabo operaciones como una venta de 100 millones de toneladas de áridos a cambio de 47 millones de toneladas de arena de otra empresa, Comercial Arroyo SA, según declararon representantes legales de esta última, sin que constase “la correspondiente anotación contable ni la declaración impositiva”. 

La AEAT acabaría imponiendo a Pulgar en 2018 una sanción de 19.669,6 euros por el IRPF de 2012 a 2014. La esposa del funcionario también fue sancionada con otros 20.000 euros y se le reclamó una deuda de unos 60.000 euros. En el caso de Pulgar, la liquidación fue confirmada en enero de 2023 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid. El acuerdo sancionador recogía que “el obligado tributario ha percibido de las mercantiles de las que es socio unos rendimientos derivados de dicha condición de socio que no ha declarado y ha obtenido otros ingresos en sus cuentas bancarias cuya procedencia no ha justificado”.

“Estas conductas ponen de manifiesto la existencia de otras rentas cuya omisión se ha pretendido, lo que demuestra claramente que su conducta ha ido más allá de la simple negligencia y que ha estado dirigida a minorar de forma intencionada su carga tributaria”. Una conducta “no solo negligente, sino cuanto menos culposa” a la que se sumaron las dificultades que tuvo el organismo para notificar la resolución a Pulgar, pese a que no estaba muy lejos: tenía su propio despacho en la agencia.